Varios propietarios se niegan a vender las tierras afectadas

La mina de Boliden, en Aznalc¨®llar, y el l¨ªmite norte del Parque Nacional de Do?ana, fueron el principio y el fin de la marea contaminante que aneg¨® el valle del Guadiamar el 25 de abril de 1998. En medio, los propietarios de las 200 fincas afectadas fueron entonces testigos boquiabiertos del lento avance de la riada t¨®xica. Ha pasado un a?o, pero muchos agricultores siguen perplejos. La Junta de Andaluc¨ªa est¨¢ dispuesta a expropiar aquellas tierras que no ha podido comprar para reconvertir el desastre en un corredor forestal.

"?Qu¨¦ cat¨¢strofe ecol¨®gica ni que... !". Carmen Moraira se muerde la lengua. Para ella, que posee junto a su marido, Jos¨¦ Antonio ?lvarez, La Ribera, una propiedad de 24 hect¨¢reas, el vertido t¨®xico ha sido un desastre personal: una capa de lodo cubri¨® los melocotoneros que poblaban la mitad de sus tierras y los operarios de la Junta de Andaluc¨ªa tuvieron que arrancarlos unos meses despu¨¦s. La perplejidad deja paso a la indignaci¨®n cuando Moraira, que preside una asociaci¨®n de unos 50 agricultores afectados, analiza algunos pasajes de la breve pero densa historia que ha generado la rotura de la balsa minera de Boliden. "El que contamina, cobra y nosotros mirando", dice en referencia al requerimiento de la multinacional a las Administraciones para cobrar las subvenciones comprometidas, unos 3.200 millones de pesetas. Y es que la representante de la asociaci¨®n de afectados piensa que "desde el principio hubo una predisposici¨®n a mantener el puesto de trabajo de los 500 mineros, pero no ha habido una sola voz que defienda a los agricultores".

El futuro de los empleados de la mina de Boliden parece, desde la reapertura hace dos semanas, m¨¢s despejado, pero la situaci¨®n de varios propietarios dista de estar resuelta. Apenas un mes despu¨¦s de la rotura de la balsa minera, el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, el socialista Manuel Chaves, lanz¨® una propuesta para transformar "el negro en verde" y borrar de un plumazo la identificaci¨®n entre la contaminaci¨®n y los productos agrarios de la comarca.

El Gobierno auton¨®mico destin¨® 5.000 millones a la creaci¨®n de un corredor forestal que unir¨¢ Sierra Morena con Do?ana y que abarcar¨ªa, una vez recuperadas, las tierras inundadas por el vertido t¨®xico. Para ello, claro, necesitaba la titularidad de las fincas agrarias. La Consejer¨ªa de Agricultura inici¨® un proceso de compra que acaba de concluir: la Junta se gastar¨¢ 3.576 millones en adquirir 1.430 hect¨¢reas de 90 propietarios. El resto de los agricultores, que poseen unas 1.000 hect¨¢reas, no han llegado a un acuerdo con la Consejer¨ªa. Pero la Administraci¨®n auton¨®mica no ceja en su empe?o y en mayo aprobar¨¢ un decreto para iniciar la expropiaci¨®n.

"Pues claro que nos resistimos a la expropiaci¨®n, llevamos m¨¢s de 50 a?os aqu¨ª", explica Miguel Mara?¨®n que junto a sus nueve hermanos posee la finca La Soberbina, la primera explotaci¨®n agraria que recibi¨® la avalancha de lodo hace un a?o. "Eso fue un destrozo horrible, se nos cay¨® el alma a los pies", recuerda. La balsa que revent¨® linda con La Soberbina y la capa de lodo t¨®xico alcanz¨® en esta zona su m¨¢xima altura, m¨¢s de dos metros. La riada afect¨® a 319 hect¨¢reas (dedicadas a pastos y al cultivo de girasol y trigo), de las 1.400 que ocupa la finca. El corredor forestal partir¨ªa La Soberbina por la mitad.

"S¨®lo queremos quedarnos como est¨¢bamos", reivindica Moreira quien cree que con los precios que pagaba la Consejer¨ªa de Agricultura no podr¨ªan adquirir fincas similares a las del valle del Guadiamar. La representante de la asociaci¨®n de afectados matiza que est¨¢n dispuestos a admitir una "expropiaci¨®n de uso" para que los t¨¦cnicos terminen la limpieza de la zona. Los cient¨ªficos han se?alado que m¨¢s de la mitad de las tierras est¨¢n a¨²n contaminadas por cinc y ars¨¦nico pero que, si se aplican t¨¦cnicas de remediaci¨®n con plantas acumuladoras de metales pesados, estar¨¢n limpias en unos a?os.

"Las tierras podr¨ªan ser utilizadas de nuevo para la agricultura", sostiene Moraira, quien subraya que, junto a las fincas, la Junta puede estar adquiriendo tambi¨¦n los derechos de los agricultores a las indemnizaciones que fijen los tribunales por el desastre. "El corredor es un proyecto de inter¨¦s p¨²blico general porque preserva una zona de tr¨¢nsito para la fauna, permitir¨¢ disminuir la erosi¨®n y llevar¨¢ la tranquilidad a los mercados al impedir que salgan m¨¢s productos agrarios de la zona". El consejero andaluz de Medio Ambiente, Jos¨¦ Luis Blanco, en su ¨²ltima visita al valle del Guadiamar explic¨® los motivos que sustentar¨¢n el decreto de expropiaci¨®n urgente.

Para Moraira, las razones medioambientales y comerciales invocadas por Blanco no son suficientes para iniciar este procedimiento excepcional. Y los abogados de Asaja, la organizaci¨®n agraria que representa a la mayor¨ªa de los afectados, ya estudian la inconstitucionalidad de una norma que a¨²n no se ha elaborado. La breve pero densa historia del vertido t¨®xico, lejos de terminar, abre nuevos cap¨ªtulos.