El sustituto del senador del "caso Zamora" tiene dos causas penales abiertas en Benavente

Camilo Hernando Sanz, el sustituto del ex senador del PP Dionisio Garc¨ªa Carnero, imputado en el caso Zamora, est¨¢ encausado en dos procesos por supuesta prevaricaci¨®n que se instruyen en el Juzgado n¨²mero 2 de Benavente (Zamora), seg¨²n anunci¨® ayer el senador socialista Andr¨¦s Luis Calvo. Hernando tendr¨¢ que afrontar previsiblemente sendos suplicatorios en la C¨¢mara alta y ambas causas terminar¨¢n en el Tribunal Supremo. Uno de estos procesos puede devolver a este tribunal una de las conexiones del caso Zamora relacionada con el supuesto fraude en un movimiento de tierras en el pol¨ªgono de C¨¢rnicas, operaci¨®n descrita ante el instructor del Supremo por el testigo Luis Rodr¨ªguez Sanle¨®n.

La semana pasada, el senador del PP Garc¨ªa Carnero y el diputado del mismo partido Jos¨¦ Manuel Pe?alosa Ruiz renunciaron a sus actas de parlamentarios, para conseguir sacar el caso Zamora del Tribunal Supremo. Sin embargo, la investigaci¨®n de algunas de las irregularidades que supuestamente afectan al PP en dicha provincia puede volver al Tribunal Supremo de la mano del sustituto de Garc¨ªa Carnero, Camilo Hernando, quien tiene abiertos dos procedimientos abreviados en los juzgados de Benavente y cuyo aforamiento como senador arrastrar¨ªa ambos procesos ante el alto tribunal. Hernando Sanz es uno de los ejemplos de j¨®venes valores que el PP est¨¢ lanzando ahora en sus listas: tiene 34 a?os, es abogado, y ejerce como concejal de Urbanismo y portavoz popular en el Ayuntamiento de Benavente. Pero en su corta carrera pol¨ªtica se enfrenta tambi¨¦n a dos procesos por supuesta prevaricaci¨®n y a una querella interpuesta recientemente.

Hace apenas un mes, el juzgado n¨²mero 2 de Benavente decret¨® la imputaci¨®n en un supuesto delito de prevaricaci¨®n a toda la Comisi¨®n de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente, incluidos el alcalde, Antonio Zapatero, del PP, Camilo Hernando, el resto de los ediles populares y varios t¨¦cnicos municipales. El presunto delito se refiere a la demolici¨®n, en 1997, de la llamada Casa del Capell¨¢n un edificio catalogado que formaba parte del Convento de Santa Clara, igualmente derruido en el anterior mandato. Fue la propia Comisi¨®n Provincial de Patrimonio de la Junta de Castilla y Le¨®n, gobernada por el PP, la que denunci¨® a los gestores del Ayuntamiento, despu¨¦s de haber intentado infructuosamente paralizar el derribo.

El otro asunto hace referencia a una denuncia por presuntas irregularidades en la certificaci¨®n de un movimiento de 23.000 metros c¨²bicos de tierras en el Pol¨ªgono de C¨¢rnicas, cuando en realidad, seg¨²n la denuncia, s¨®lo se habr¨ªan removido 3.000. El senador Calvo indic¨® que la adjudicaci¨®n de esas obras se hizo a la empresa Hermanos Blanco, una de las constructoras implicadas en el caso Zamora y propiedad del presidente del PP de Benavente, Adolfo Fern¨¢ndez Carro.

En el transcurso de la operaci¨®n habr¨ªan desaparecido unos 20 millones de pesetas. Seg¨²n fuentes pr¨®ximas al caso, el Ayuntamiento habr¨ªa alegado que hab¨ªa extraviado la documentaci¨®n correspondiente a ese expediente. La denuncia de este hecho fue presentada por el ex alcalde de Benavente Jos¨¦ Mar¨ªa Salda?a, de Uni¨®n Centrista, y por el concejal y diputado provincial del CDS Luis Rodr¨ªguez Sanle¨®n. ?ste ¨²ltimo, que declar¨® en el Tribunal Supremo ante el instructor del caso Zamora, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, cit¨® el caso del Pol¨ªgono de C¨¢rnicas como una m¨¢s entre las irregularidades del caso Zamora.

Querella por un concurso

Salda?a y Rodr¨ªguez Sanle¨®n tambi¨¦n presentaron una querella contra el grupo popular del Ayuntamiento de Benavente -en el que est¨¢ Camilo Hernando- por supuesta prevaricaci¨®n en la adjudicaci¨®n directa, sin sacar a concurso, del servicio abastecimiento de aguas a Aquagest, despu¨¦s de que a esta empresa se le prorrogase por un a?o una concesi¨®n anterior. En cuanto a la situaci¨®n del caso Zamora, el instructor se mantiene a la espera de recibir el informe del fiscal Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, sobre la conveniencia de imputar, en su caso, al diputado del PP Luis Ortiz, para ser interrogado. Esta medida, que ha sido solicitada por la acusaci¨®n popular es la ¨²nica posibilidad que resta para que la causa no salga del Tribunal Supremo. La resoluci¨®n podr¨ªa conocerse hoy.

Por otra parte, el secretario general de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, (APM), Jos¨¦ Luis Requero, critic¨® ayer en Valladolid el hecho de que personas aforadas puedan utilizar tal prerrogativa para, al renunciar a sus actas, sustraerse de "la c¨²spide" de la jurisdicci¨®n, el Tribunal Supremo, y deriven la causa a un juzgado de Zamora que se encuentra en "la base" de la organizaci¨®n judicial.

Requero pidi¨® al Poder Judicial que sea "sensible" y "arrope y se vuelque" con el instructor que finalmente se encargue del caso para que ¨¦ste cuente con todo tipo de medios materiales y personales y no s¨®lo de los que dispone habitualmente.