Un cuerpo nacional y unitario

El real decreto aprobado por el Gobierno central s¨®lo valida la soluci¨®n provisional que articul¨® el Departamento de Justicia en octubre. Con el parche del plus, Sabin Intxaurraga pretend¨ªa evitar temporalmente las consecuencias derivadas de otro recurso de inconstitucionalidad planteado por el ministerio, de m¨¢s largo alcance y que durante meses envolvi¨® a ambos gobiernos en una intensa pol¨¦mica. El 30 de julio de 1997, el entonces consejero de Justicia, el socialista Ram¨®n J¨¢uregui, y los sindicatos firmaron un acuerdo sobre la modernizaci¨®n del servicio de la Justicia, que inclu¨ªa, entre otras medidas, la equiparaci¨®n salarial de los 1.700 funcionarios judiciales en el Pa¨ªs Vasco con los del resto de la Administraci¨®n auton¨®mica. El acuerdo, que se materializ¨® el 31 de marzo de 1998, puso fin a una huelga que se hab¨ªa prolongado durante varios meses. El Gobierno central solicit¨® al Tribunal Constitucional su suspensi¨®n el 12 de agosto de 1998. Una cuesti¨®n de gran calado pol¨ªtico est¨¢ en el origen de esa suspensi¨®n: la consideraci¨®n de los funcionarios como parte de un cuerpo nacional. El ministerio entiende que la Administraci¨®n de Justicia es unitaria en todo el Estado. Lo ¨²nico que ha transferido a varias comunidades son las infraestructuras y el personal al servicio de la Justicia, pero la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial dice que este personal integra un cuerpo nacional unitario para todo el Estado. As¨ª, el Gobierno central puede permitir diferencias retributivas. Hasta que se resuelva este recurso, el Departamento de Justicia seguir¨¢ reivindicando la validez del acuerdo suscrito con las centrales en 1997. Considera que el actual marco competencial le confiere capacidad para fijar sus normas de funcionamiento.