La Fiscal¨ªa espa?ola y la defensa de Pinochet coinciden en los argumentos jur¨ªdicos

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional y la defensa del general Pinochet coinciden en los argumentos jur¨ªdicos. El fiscal Ignacio Pel¨¢ez pide, en un recurso presentado ayer contra el auto del juez Baltasar Garz¨®n del 30 de abril, que se plantee un nuevo proceso de extradici¨®n contra el dictador chileno, a la vez que afirma que la ampliaci¨®n de casos pedida por Garz¨®n no se ajusta a la Convenci¨®n contra la Tortura de Naciones Unidas. Id¨¦ntico argumento aporta la defensa de Pinochet en el recurso que presentar¨¢ en Londres.

El fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Pel¨¢ez estima que Garz¨®n ha tramitado mal la extradici¨®n y que ha tratado de camuflar como complementos informativos, lo que son ampliaciones de extradici¨®n, que requieren la repetici¨®n estricta de todo el proceso. Ello llevar¨ªa a un nuevo pronunciamiento del Consejo de Ministros sobre lo procedente o no de la extradici¨®n de Pinochet por delito de torturas.Y es ah¨ª donde tanto la Fiscal¨ªa espa?ola como la defensa de Pinochet utilizan la inexistencia de espa?oles en los casos de tortura a partir del 8 de diciembre de 1988. "Espa?a", dice el fiscal, "no tiene competencia para reclamar la extradici¨®n de personas inculpadas por delito de tortura cometido fuera de Espa?a y contra ciudadanos no espa?oles". Con ello se pretende impedir, por parte de la Fiscal¨ªa, que el Consejo de Ministros espa?ol autorice una nueva petici¨®n de extradici¨®n. Estos argumentos han sido utilizados ya en tres recursos presentados por la Fiscal¨ªa, de los cuales s¨®lo a uno de ellos, contra la ampliaci¨®n de una querella contra Pinochet, se ha dado curso hasta el momento. Otro ha sido rechazado de plano y el tercero est¨¢ pendiente de resoluci¨®n.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que la estrategia de la Fiscal¨ªa ha cambiado y apuntan a cierta coordinaci¨®n con la defensa de Pinochet.

Los abogados del general tienen previsto presentar hoy en el Alto Tribunal de Justicia una solicitud de permiso (application) para impugnar la resoluci¨®n del ministro Jack Straw en la que realizan una exposici¨®n motivada sobre la aplicaci¨®n de la Convenci¨®n contra la Tortura, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984.

Fuentes de la defensa de Pinochet se?alan que Straw ha dado por hecho algunos aspectos, como la jurisdicci¨®n de Espa?a sobre los delitos de tortura, que no se corresponder¨ªan, seg¨²n afirma, con el tratado. Tambi¨¦n pide que se paralice el procedimiento de extradici¨®n hasta que se resuelva el recurso.

La defensa invoca el art¨ªculo 5 de la Convenci¨®n, en el que se se?alan los tres casos en los que se prev¨¦ la jurisdicci¨®n de los Estados contratantes sobre los delitos de tortura: cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicci¨®n; cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado; y cuando la v¨ªctima sea nacional de ese Estado y ¨¦ste lo considere apropiado.

Nuevo escenario

La defensa de Pinochet intenta aprovechar el nuevo escenario que surge de la decisi¨®n de los jueces lores del pasado 24 de marzo, quienes cancelaron la inmunidad de Pinochet s¨®lo para los delitos de tortura y conspiraci¨®n para tortura a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que Londres ratific¨® la Convenci¨®n y, por tanto, ambos se convirtieron en "delitos de extradici¨®n".Ahora bien, la solicitud inicial del juez Garz¨®n se basaba en la existencia de v¨ªctimas espa?olas entre los torturados y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, lo que encajaba en el tercer supuesto del art¨ªculo de la Convenci¨®n. Al reducir el caso, los jueces lores han provocado que, a partir del 8 de diciembre de 1988, ya no haya v¨ªctimas espa?olas. Con todo, s¨ª las hay entre los 1.198 desaparecidos que Garz¨®n, en base a resoluciones de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asimila a casos de tortura.

Los jueces lores, en su ¨²ltima resoluci¨®n, enfatizaron tambi¨¦n sobre el punto 2 del art¨ªculo 5 en cuesti¨®n. Ese punto se?ala que "todo Estado parte tomar¨¢ asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicci¨®n sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicci¨®n y dicho Estado no conceda la extradici¨®n". Pero, seg¨²n la defensa del ex dictador, esto no supone hacer tabla rasa con los tres supuestos citados anteriormente.

La defensa de Pinochet habla tambi¨¦n en su solicitud de errores en la petici¨®n de extradici¨®n espa?ola y de la "politizaci¨®n" del proceso. Los servicios de prensa del ex dictador pretenden mostrar que en Espa?a el juez Garz¨®n ha estado presuntamente influido por personas que quieren vengarse contra Pinochet.