Los peque?os bingos se rebelan contra el decreto que promueve la Generalitat

Los peque?os propietarios de salas de bingo de Catalu?a han presentado un pliego de alegaciones contra el proyecto de decreto regulador de los bingos que promueve la Generalitat. La rebeli¨®n de los bingos se debe a que consideran que el Gobierno catal¨¢n favorece la concentraci¨®n del negocio en pocas manos y les discrimina ante los gigantes como Cirsa. El Ayuntamiento de Barcelona tambi¨¦n ha presentado alegaciones porque cree que favorece el monopolio, fomenta el h¨¢bito del juego, y excluye a los municipios.

Los peque?os propietarios de bingos de Catalu?a creen que el reglamento elaborado por la Generalitat va contra el esp¨ªritu de la ley del juego. Rechazan cualquier procedimiento de acumulaci¨®n o bote por salas de los premios, sea por bingo o por la EAJA. Esto, argumentan, favorecer¨ªa la desaparici¨®n de los m¨¢s peque?os y la tendencia a la concentraci¨®n en pocas manos del negocio del bingo. La Generalitat obtuvo 24.345 millones de pesetas de los bingos el a?o 1998 y ¨¦ste es el mayor de los tributos cedidos al erario catal¨¢n. En los ¨²ltimos tiempos, el grupo Cirsa ha conseguido una importante posici¨®n en el mercado de los bingos hasta controlar 11 salas catalanas. La Generalitat concedi¨® a Cirsa en 1994 un aplazamiento para el pago de las tasas de m¨¢quinas tragaperras por un importe de 8.900 millones de pesetas. "El grupo de Manuel Lao utiliz¨® ese dinero para impulsar una operaci¨®n de compra de bingos a fin de convertirlos en una segunda fase en minicasinos con videoloter¨ªas", seg¨²n afirma Miguel Duran, secretario general de Aemar y representante de Recreativos Franco. Los peque?os propietarios aceptar¨ªan las nuevas videoloter¨ªas o sistemas interconectados con premios acumulados, siempre que la participaci¨®n en el nuevo sistema fuera universal y sin exclusiones. Los minoritarios temen que un sistema nuevo de videoloter¨ªas -que acumulara el 2% de los premios para ofrecer una especie de cuponazo- quedar¨¢ en manos del grupo L&G (Cirsa). Los bingos minoritarios alegan que resulta extra?o que cuando la Generalitat debe cumplir la ley que insta a reducir el h¨¢bito del juego, y teniendo en cuenta que existen 68 bingos en funcionamiento, emita un decreto que limite el n¨²mero de salas a 75 y no a las 68 existentes. Los minoritarios dicen que la ley del juego obliga a la Generalitat a impedir pr¨¢cticas monopolistas en la gesti¨®n del juego. En este sentido, los bingos minoritarios no comprenden qu¨¦ circunstancias socioecon¨®micas han cambiado en Catalu?a para que se pretenda variar la actual limitaci¨®n de aforo de estos establecimientos a 600 plazas y autorizar ahora la instalaci¨®n de salas que puedan acoger hasta a 2.000 jugadores en el casco urbano de las ciudades. Algunos bingos tienen ya adquiridos locales conexos. Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona tambi¨¦n ha presentado alegaciones. El consistorio argumenta que el proyecto puede suponer un riesgo social porque puede fomentar el juego, "lo que vulnera la normativa del juego y, en especial, la necesidad de reducir el uso y no fomentar el h¨¢bito", precisa en el escrito presentado ante el Departamento de Gobernaci¨®n de la Generalitat. Competencias municipales Aunque el Ayuntamiento no cita ning¨²n grupo concreto al frente de las salas de bingo, alega: "La falta de limitaci¨®n en el n¨²mero de salas de bingo que pueden ser gestionadas por una misma empresa de servicios comporta la posibilidad de concentraci¨®n en una sola o en determinadas empresas". Adem¨¢s, el consistorio agrega que el proyecto vulnera el ejercicio leg¨ªtimo de las competencias de la Administraci¨®n local y recuerda que el actual reglamento del juego establece "un tr¨¢mite donde el alcalde del municipio informa sobre posibles problemas de instalaci¨®n por razones urban¨ªsticas o sociales de la sala de bingo". El primer teniente de alcalde barcelon¨¦s, Xavier Casas, ha manifestado que el Ayuntamiento "no est¨¢ dispuesto a dejarse colar un gol como ¨¦ste, pisando competencias que ahora tiene". Casas puso como ejemplo el criterio municipal en el futuro casino de Barcelona -el de Sant Pere de Ribes, que ser¨¢ trasladado a una de las torres de la Villa Ol¨ªmpica-, en el que ha limitado la zona donde se ubicar¨¢n las m¨¢quinas tragaperras, "precisamente para evitar el riesgo de fomentar el juego. Sin embargo, el proyecto de la Generalitat no pone limitaci¨®n alguna".