La mala administraci¨®n de Pujol MART? CARNICER
En los ¨²ltimos tiempos vemos como Jordi Pujol intenta centrar el debate ¨²nicamente en torno a cuestiones de contenido esencialista. Con esta actitud pretende ocultar las deficiencias de su gesti¨®n al frente de un Gobierno agotado y sin proyectos. Concretamente, en la discusi¨®n de la situaci¨®n econ¨®mica y financiera del Gobierno de la Generalitat el presidente pretende hablar tan s¨®lo de la futura financiaci¨®n auton¨®mica, eludiendo cualquier responsabilidad sobre la gesti¨®n de los recursos disponibles. Este an¨¢lisis ofrece alguna dificultad por la escasez de datos disponibles. Siempre se ha dedicado mucho espacio a analizar los datos presupuestarios, sin fijarse posteriormente en cu¨¢l es la realidad de las liquidaciones, ¨²nico reflejo veraz de las actuaciones efectuadas realmente. El Ministerio para las Administraciones P¨²blicas ha publicado recientemente el Informe econ¨®mico-financiero de las administraciones territoriales, que permite analizar cu¨¢l es la situaci¨®n de Catalu?a en relaci¨®n con las otras comunidades aut¨®nomas. Los datos m¨¢s relevantes que nos ofrece este documento, relacionados con la liquidaci¨®n de los presupuestos de 1995 -los ¨²ltimos disponibles-, son los siguientes: Los ingresos corrientes disponibles en Catalu?a se sit¨²an claramente por encima de la media. As¨ª, mientras que para el conjunto de las comunidades aut¨®nomas del art¨ªculo 151 -las comparables con Catalu?a- el promedio es de 222.000 pesetas por habitante, la Generalitat percibi¨® casi 240.000. Aunque los ingresos de capital est¨¢n por debajo de la media, el conjunto de ingresos no financieros quedan en 256.000 pesetas por habitante, mientras que la media del total es de 241.000. As¨ª pues, la primera conclusi¨®n es que el conjunto de ingresos no financieros de la Generalitat se situ¨® en el a?o 1995 un 6% por encima de la media. Los gastos corrientes consolidados en el mismo a?o fueron de 235.000 pesetas por habitante en la Generalitat, el valor m¨¢s elevado de las comunidades comparables. La media es de 204.000. Esto significa que, cada a?o, los gastos de funcionamiento del Gobierno catal¨¢n superan en m¨¢s de 180.000 millones de pesetas a los equivalentes de los otros gobiernos con un nivel de competencias similar. Las necesidades derivadas de funciones espec¨ªficas de Catalu?a -polic¨ªa auton¨®mica, cultura, lengua, etc¨¦tera- no absorben m¨¢s que un porcentaje muy bajo de este diferencial. Estos datos ponen de manifiesto el importante despilfarro de los recursos disponibles por parte del Gobierno de Pujol, que ha construido un modelo de administraci¨®n que ha propiciado un crecimiento excesivo de la burocracia en detrimento de otras necesidades del pa¨ªs. ?sta ha sido, sin duda, una de las grandes oportunidades perdidas. Con la descentralizaci¨®n se deb¨ªa construir un modelo de gesti¨®n diferente. Este elemento queda corroborado por otros an¨¢lisis del mismo documento. Se comprueba que la Generalitat destina el 17% de los recursos a servicios de car¨¢cter general, cuando la media del conjunto apenas sobrepasa el 7%. En este conjunto de gastos corrientes destacan los intereses financieros, con m¨¢s de 14.000 pesetas por habitante, cuando la media del resto apenas sobrepasa las 10.000 pesetas, lo cual equivale a un mayor gasto anual de 26.000 millones. Esta cifra es el reflejo del elevado nivel de endeudamiento de la Generalitat, que, con una cifra superior a dos billones de pesetas, es el m¨¢s elevado de todas las comunidades aut¨®nomas. La consecuencia l¨®gica de ambos datos es constatar que una parte importante de este endeudamiento ha sido necesario para financiar el exceso de gastos corrientes en que han incurrido los diferentes gobiernos de Converg¨¨ncia i Uni¨®. Una Administraci¨®n con un nivel de rigor en el gasto equivalente a la media no hubiese tenido necesidad de un recurso tan elevado al endeudamiento. El incremento neto del endeudamiento en 1995 fue de 219.000 millones, m¨¢s de la mitad (54%) del incremento del conjunto de las cinco comunidades analizadas (404.000 millones), cuando la participaci¨®n de los gastos apenas sobrepasa el 30%.
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