El Gobierno reformar¨¢ la Ley del Constitucional para frenar los recursos

La avalancha de recursos ante el Tribunal Constitucional por conflictos entre el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas ha empujado al Ejecutivo a reformar la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional con el fin de recortarlos. Al anunciarlo ayer, el ministro de Administraciones P¨²blicas, ?ngel Acebes, propuso como obligado el tr¨¢mite de la conciliaci¨®n antes de acudir al tribunal. El PSOE ve "positiva" dicha medida, pero la cree consecuencia de "la err¨®nea pol¨ªtica del Gobierno respecto a la financiaci¨®n auton¨®mica".

El Tribunal Constitucional soporta una enorme carga de contenciosos entre el Gobierno y las comunidades, seg¨²n admiti¨® ayer el ministro de Administraciones P¨²blicas en una conferencia pronunciada en Madrid.?ngel Acebes compar¨® la desproporci¨®n entre el n¨²mero de estos casos en un pa¨ªs descentralizado, como Alemania, y los que se producen en Espa?a. As¨ª, en la d¨¦cada de los 80 -que coincide con el inicio del Estado de las autonom¨ªas-, se plantearon 749 controversias entre el Estado y las comunidades. Por contra, en Alemania, durante los primeros 27 a?os de funcionamiento del Tribunal Constitucional, apenas se presentaron 43.

En estos momentos, el n¨²mero de asuntos pendientes de sentencia por parte del Constitucional por estos motivos es de 176. En 1994 y 1995 el n¨²mero de los conflictos auton¨®micos descendi¨® de manera vertiginosa, pero desde 1996 hasta hoy, con la llegada del PP al poder y la aprobaci¨®n del nuevo y pol¨¦mico sistema de financiaci¨®n, que provoc¨® el rechazo de las tres comunidades gobernadas por el PSOE -Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Extremadura-, la conflictividad experiment¨® un nuevo incremento, con 30 contenciosos s¨®lo como consecuencia del modelo de financiaci¨®n.

Ante este cuadro pol¨ªtico, el Gobierno anunci¨® ayer la reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional. Acebes manifest¨® que "una de las singularidades del modelo espa?ol, respecto a los europeos, ha sido la tendencia a solventar en sede constitucional las controversias competenciales entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas".

El ministro cit¨®, entre las consecuencias negativas m¨¢s importantes de este sistema, la "inevitable dilaci¨®n del procedimiento constitucional, que aumenta al incrementarse la carga de trabajo que soporta el Alto Tribunal". Tambi¨¦n record¨® que "la dilaci¨®n lleva emparejada en muchos casos la paralizaci¨®n de la cuesti¨®n sujeta a la decisi¨®n del tribunal, especialmente en los supuestos en que se acuerda la suspensi¨®n de la norma o el precepto impugnado". Y, por ¨²ltimo, recalc¨® que esta situaci¨®n "no favorece el clima adecuado de lealtad y colaboraci¨®n institucional".

La conclusi¨®n del Gobierno es que este "alto ¨ªndice de conflictividad" hace "imprescindible" plantearse "f¨®rmulas alternativas". Acebes apunt¨® que ¨¦stas consistir¨¢n en la constituci¨®n de comisiones mixtas, entre el Gobierno central y las comunidades, al apostar por "mecanismos de soluci¨®n extraprocesal que, por la v¨ªa del di¨¢logo, eviten la constante apelaci¨®n a la funci¨®n arbitral e interpretativa del alto tribunal".

Precis¨® que, en los conflictos de competencia, la propia ley del Constitucional prev¨¦ un tr¨¢mite de posible entendimiento, como el "requerimiento previo", para resolver las diferencias sin acudir al Alto Tribunal. Admiti¨®, sin embargo, que esta f¨®rmula no es aplicable en el caso de las disposiciones con rango de ley, susceptibles de verse sometidas al recurso de inconstitucionalidad. De ah¨ª que el Gobierno haya apostado de forma decidida por la reforma de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional, y que "en breve" pueda iniciarse su tramitaci¨®n.

El secretario de Pol¨ªtica Auton¨®mica del PSOE, Ram¨®n J¨¢uregui, valor¨® "positivamente" la iniciativa del Gobierno, pero cree que "es una consecuencia del aumento de las conflictividad que soporta el Ejecutivo por su pol¨ªtica equivocada en materia de financiaci¨®n auton¨®mica".

Un experto jur¨ªdico, pr¨®ximo al Alto Tribunal, interpret¨® ayer que con esta iniciativa el Gobierno "busca una salida ante la acumulaci¨®n de conflictos por el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica". Con ello, a?adi¨®, consigue retrasar los contenciosos y logra adem¨¢s un mayor control pol¨ªtico de la situaci¨®n.