El Gobierno de Zaplana aprueba la pr¨®rroga autom¨¢tica de emisoras
La fiscal¨ªa investiga 15 nuevas licencias de radio valencianas
El Consell de la Generalitat Valenciana aprob¨® ayer un decreto que prev¨¦ la renovaci¨®n autom¨¢tica de las licencias de frecuencia modulada sin someterlas a la fiscalizaci¨®n de la Administraci¨®n auton¨®mica. De esta manera se confirma la medida anticipada por su presidente, Eduardo Zaplana, despu¨¦s de que su colega catal¨¢n, Jordi Pujol, decidiera no renovar los permisos a tres emisoras de la Cope.
La decisi¨®n de Pujol provoc¨® la protesta de toda la radio comercial. Zaplana aprovech¨® la pol¨¦mica para adelantar un criterio favorable a la pr¨®rroga autom¨¢tica de las licencias, que se renuevan cada diez a?os.Esta medida se produce despu¨¦s de que la Generalitat valenciana concediera, el pasado 24 de diciembre, 15 nuevas licencias. Medipress, una sociedad creada meses antes y cuyo administrador ¨²nico es Francisco Gay¨¢, fue adjudicataria de tres emisoras. La Cope recibi¨® otras tres; Canal Mundo, vinculada al diario El Mundo, dos; Cadena Ib¨¦rica, dos m¨¢s; Prensa Espa?ola, editora de Abc, una; Radio Las Provincias, vinculada al diario regional del mismo nombre, obtuvo otra. Las tres restantes fueron repartidas a Luis del Olmo, Cadena Voz y Radio Mediterr¨¢nea.
El concurso no fue objeto de recurso administrativo alguno, pero un particular vinculado hist¨®ricamente al mundo de la radio, Diego Zapata, ex concejal del Ayuntamiento de Alicante, present¨® un recurso ante la Audiencia Provincial de Alicante que solicitaba la suspensi¨®n cautelar de las adjudicaciones. El recurso, inicialmente archivado, ha provocado ahora la apertura de diligencias de parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Zapata ha denunciado "tintes amistosos" y una "supuesta prevaricaci¨®n" en la concesi¨®n de las licencias. El Partido Socialista del Pa¨ªs Valenciano (PSPV) calific¨® el decreto aprobado ayer por el Consell como "una indecencia pol¨ªtica" que persigue "blindar los negocios de grupos empresariales afines al PP que trabajan para acabar con la libertad de expresi¨®n". Un portavoz socialista consider¨® "un atentado contra el Estado de derecho" aprobar la pr¨®rroga de licencias cuando las ¨²ltimas adjudicaciones se encuentran "bajo sospecha legal".
Esquerra Unida ha comentado que Zaplana persigue dejar todo "atado y bien atado" en un remedo de actitudes franquistas. Incluso Uni¨®n Valenciana, socio del PP, ha pedido que no se apruebe el decreto de pr¨®rroga hasta que el TSJ culmine la investigaci¨®n abierta.
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