Las comunidades de "v¨ªa lenta" se acercan a las de "v¨ªa r¨¢pida"

A los presidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y Le¨®n, el socialista Jos¨¦ Bono y el popular Juan Jos¨¦ Lucas, respectivamente, les irrita que sus conciudadanos no puedan competir en igualdad de condiciones con los vascos, los catalanes, los baleares o los valencianos en las oposiciones a las administraciones de esas comunidades aut¨®nomas por desconocer una de sus lenguas. A la inversa esa desventaja no existe, ya que el idioma castellano es com¨²n.Lo cierto, sin embargo, es que la irritaci¨®n de Bono y Lucas carece de remedio. "Es un problema que no tiene soluci¨®n. La Constituci¨®n ampara las lenguas de las comunidades y si en una de ellas, con idioma propio, los gestores de su Administraci¨®n deciden, en uso de sus competencias, puntuar su conocimiento en las pruebas de los ex¨¢menes tienen derecho a hacerlo". As¨ª lo advierte el secretario de Pol¨ªtica Auton¨®mica del PSOE, Ram¨®n J¨¢uregui.

Y es que la lengua pertenece al cap¨ªtulo de las "singularidades que protege la Constituci¨®n", explica tambi¨¦n el secretario de Estado de Administraci¨®n Territorial, Francisco Camps. El derecho foral, la historia y la insularidad completan dicho cap¨ªtulo, que se deriva de los "hechos diferenciales" de algunas comunidades reconocidos en la Carta Magna.

No obstante, el Gobierno y el PSOE han hecho, en esta ¨²ltima legislatura, de 1995 a 1999, un esfuerzo de igualaci¨®n competencial de servicios en las comunidades al pactar la reforma de los estatutos relativos a las llamadas de v¨ªa lenta o reguladas por el art¨ªculo 143 de la Constituci¨®n.

Los cambios afectan precisamente a las 13 autonom¨ªas en las que se celebran elecciones el pr¨®ximo 13 de junio, las cuales tendr¨¢n gracias a ellos competencias sobre los mismos servicios fundamentales que las cuatro denominadas de v¨ªa r¨¢pida -Andaluc¨ªa, Catalu?a, Euskadi y Galicia-, que ya dispon¨ªan de ellos con anterioridad. Esos servicios fundamentales reconocidos en la reforma de los estatutos y que se traspasar¨¢n a las mencionadas comunidades en lo que queda de legislatura y en la siguiente son los siguientes: toda la Educaci¨®n, la Sanidad, el personal y los medios de la Administraci¨®n de Justicia y las pol¨ªticas activas del Instituto Nacional de Empleo (Inem). Son los m¨¢s importantes del Estado en cuanto a medios y personal traspasado.

Pero la reforma no acaba ah¨ª. Ha tenido tambi¨¦n un componente institucional que afecta a los 13 Parlamentos de esas comunidades de v¨ªa lenta y que los sit¨²a en pie de igualdad con los de las de v¨ªa r¨¢pida.

Este cambio elimina la restricci¨®n en la duraci¨®n del periodo de sesiones parlamentarias, que se alarga, como media, de cuatro a nueve meses. Asimismo, los parlamentarios de esas autonom¨ªas podr¨¢n disponer de un sueldo como los de las dem¨¢s, en contraste con su situaci¨®n anterior, en la que s¨®lo cobraban dietas por asistencia.

Adem¨¢s, los 13 presidentes tendr¨¢n la facultad de disolver sus C¨¢maras, una competencia que s¨®lo ten¨ªan los de la andaluza, la catalana, la gallega y la vasca. No obstante, esa capacidad tiene algunos l¨ªmites: cuando se encuentre en tramitaci¨®n una moci¨®n de censura; durante el primer periodo de sesiones de la legislatura; antes de que transcurra un a?o desde la anterior disoluci¨®n; cuando falta menos de un a?o para el final de la legislatura, o cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal.

Para el secretario de Estado de Administraci¨®n Territorial, Francisco Camps, tras la reforma de los estatutos "ya no tiene sentido hablar como se hac¨ªa antes de dos velocidades en Espa?a, la r¨¢pida y la lenta, porque se han igualado las competencias de las comunidades en los servicios fundamentales".

A partir de ah¨ª pueden producirse diferencias en funci¨®n de la distinta gesti¨®n que hagan los gobiernos aut¨®nomos de sus competencias. Como ha sucedido, por ejemplo, con el aumento de las pensiones que ha propiciado la Junta de Andaluc¨ªa, dirigida por el PSOE. O con los distintos sueldos que perciben los ense?antes y los sanitarios en unas u otras.

"Cada Gobierno aut¨®nomo tiene derecho a gestionar sus competencias. Puede dedicar m¨¢s presupuesto a unas partidas que a otras. En su caso, la Junta andaluza ha hecho hincapi¨¦ en las partidas sociales", indica Ram¨®n J¨¢uregui.

El secretario de Pol¨ªtica Auton¨®mica del PSOE estima que la reforma "ha aproximado Espa?a a un Estado de corte federal" al "ser comunes a todas las autonom¨ªas los niveles b¨¢sicos de servicios". No obstante, admite que existen "asimetr¨ªas derivadas de los hechos diferenciales de algunas comunidades". Tales asimetr¨ªas se adecuan a un r¨¦gimen federal, como sucede sin ir m¨¢s lejos en Estados Unidos, donde el derecho penal se aplica de distinta forma en cada Estado, recuerda J¨¢uregui.

La lengua, el derecho foral, la historia y la insularidad son los hechos diferenciales que marcan las singularidades de algunos estatutos. En el caso de la lengua afecta a Euskadi, Galicia, Catalu?a, Baleares y la Comunidad Valenciana y origina una amplia legislaci¨®n propia. Acarrea desigualdades territoriales -como el caso de las oposiciones- que tanto J¨¢uregui como Camps creen "inevitables" .

El derecho foral y la insularidad son la base de los conciertos econ¨®micos del Pa¨ªs Vasco y Navarra, as¨ª como de los reg¨ªmenes fiscales especiales de Canarias y Baleares, los elementos m¨¢s diferenciales y pol¨¦micos del mapa auton¨®mico espa?ol. Las comunidades lim¨ªtrofes -La Rioja, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n y Cantabria- se han quejado con frecuencia e incluso han recurrido a los tribunales ante las pr¨¢cticas fiscales de las comunidades que gozan de particularidades fiscales. J¨¢uregui cree que "el modelo del concierto econ¨®mico debe mantenerse porque est¨¢ amparado por la Constituci¨®n". Pero entiende tambi¨¦n que "pueden buscarse f¨®rmulas para evitar desigualdades en los resultados entre las comunidades".

"La clave de nuestro modelo auton¨®mico reside en que reconoce las singularidades derivadas de los hechos diferenciales de las comunidades, pero tambi¨¦n puede lograrse que esas particularidades no se conviertan en privilegios", concluye el secretario socialista de Pol¨ªtica Auton¨®mica.