Financiaci¨®n p¨²blica, gesti¨®n privada

Una de las ¨²ltimas declaraciones del ex consejero socialista Joaqu¨ªn Colomer, antes del traspaso de poderes en julio de 1995, hac¨ªa referencia a la larga huelga "fomentada por m¨¦dicos con dedicaci¨®n privada". Su sucesor en el cargo, el popular Joaqu¨ªn Farn¨®s, le dar¨ªa la r¨¦plica de inmediato, con un alegato en defensa de la clase m¨¦dica: "el m¨¦dico vi¨® mermado su prestigio profesional y se rebel¨®. Hay que devolverle protagonismo y evitar agravios comparativos como que un se?or cobre 100.000 pesetas m¨¢s al mes s¨®lo porque no trabaja tambi¨¦n en una cl¨ªnica". A finales de julio, tras 72 d¨ªas de huelga, Farn¨®s lleg¨® a un acuerdo con el sindicato m¨¦dico (CESM), que se concretaba en una subida salarial de 46.000 pesetas al mes, no ligadas a un aumento de la productividad, aunque los facultativos har¨ªan un esfuerzo por reducir la lista de espera. Un a?o despu¨¦s el PP anunciaba un nuevo modelo retributivo (anulado sucesivamente por los tribunales) que persegu¨ªa acabar con la exclusividad, y alentaba a los m¨¦dicos a comprar su libertad para poder trabajar en la privada, renunciando a parte de su sueldo a cambio de trabajar seis tardes al mes en la p¨²blica. Tras un intento fallido de abrir la puerta a personas ajenas a la Administraci¨®n, alegando que no hab¨ªa "funcionarios capaces de gestionar los hospitales", el PP se encontr¨® con la protesta del sector de Enfermer¨ªa por la subida salarial a los m¨¦dicos, y con una sorpresa: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acord¨® de inmediato suspender el pago de la pensi¨®n que ven¨ªa percibiendo Farn¨®s en su calidad de incapaz permanente absoluto, debido a las secuelas de un infarto. El consejero encaj¨® las cr¨ªticas, no sin antes recordar que "Roosevelt dirigi¨® EE UU en la II Guerra Mundial desde una silla de ruedas". Con el argumento de que los facultativos son libres de hacer lo que quieran fuera de su horario, en mayo de 1996 el consejero anunci¨® una medida especial para terminar con la lista de espera quir¨²rgica (en principio, antes de un a?o), conocida como Plan de choque y criticada desde la oposici¨®n por haber perdido su car¨¢cter coyuntural. A los cerca de 33.000 pacientes que llevaban m¨¢s de 90 d¨ªas en lista de espera (la lista heredada la cifra hoy el PP en 51.786 pacientes) se les ofrec¨ªa la posibilidad de operarse en cl¨ªnicas privadas adscritas al plan, lo que provoc¨® una manifestaci¨®n callejera y la creaci¨®n de la Plataforma en Defensa de la Sanidad P¨²blica (sindicatos, consumidores, vecinos), nacida para "vigilar los experimentos privatizadores del PP". La muerte de dos pacientes operados en sendos centros privados de Alcoy y Alicante (San Jorge y Mare Nostrum) provoc¨® un duro debate pol¨ªtico en torno a la falta de control sobre las cl¨ªnicas (algunas de las cuales carecen de recursos humanos y materiales suficientes, seg¨²n puso de manifiesto la propia inspecci¨®n) y los m¨¦dicos que compatibilizan sanidad p¨²blica y privada. Oposici¨®n y sindicatos han criticado el "oscurantismo" que impide conocer los datos reales sobre las listas de espera, y aseguran que, gracias al plan de choque, el sector privado ha hecho su agosto. La r¨¦plica del Consell es que tanto esta medida como el hospital de Alzira tienen un costo cero para el bolsillo del usuario: "Gratis total". El ahorro ha sido otro de los elementos clave de la pol¨ªtica sanitaria. Adem¨¢s de crear una central de compras para todos los hospitales, Farn¨®s firm¨® un acuerdo con los farmac¨¦uticos, que quedaban eximidos del pago del 2% de sus beneficios, a cambio de dispensar gen¨¦ricos (el principio activo o la marca m¨¢s barata de los 38 f¨¢rmacos m¨¢s utilizados, que supon¨ªan el 45% del gasto farmac¨¦utico). El acuerdo, que persegu¨ªa un ahorro de 3.000 millones al a?o, fue roto unilateralmente por los boticarios, cuando se les aplic¨® la reducci¨®n de m¨¢rgenes de beneficio decretada desde el Ministerio de Sanidad. Previamente la consejer¨ªa lanz¨® una campa?a publicitaria para racionalizar el gasto farmac¨¦utico, ya que las medicinas acaparan el 30% del presupuesto sanitario, que a su vez consume el 37% del presupuesto total de la Generalitat. No obstante, el gasto ha crecido a?o tras a?o: en 1997 la previsi¨®n inicial era de unos 94.000 millones (menos que lo gastado en 1996), pero se dispar¨® a 105.000 (seg¨²n el PSPV fueron 125.000). La explicaci¨®n de Farn¨®s es que el incremento de la actividad asistencial dispara a su vez el consumo de f¨¢rmacos: a m¨¢s consultas, m¨¢s recetas, viene a decir, satisfecho de los logros obtenidos gracias al programa de tardes. La oposici¨®n, sin embargo, ha denunciado recientemente la transferencia del d¨¦ficit de 1998 al presupuesto de 1999. La oposici¨®n critica la falta de inversi¨®n en los hospitales p¨²blicos, haciendo especial hincapi¨¦ en la Resonancia Nuclear Magn¨¦tica (la ¨²nica p¨²blica, la del hospital Dr. Peset de Valencia, tiene 11 a?os y est¨¢ obsoleta). Ni siquiera el hospital La Fe, centro de referencia de la Comunidad Valenciana, dispone de esta tecnolog¨ªa de diagn¨®stico por imagen. Precisamente el futuro de este hospital, sometido en los ¨²ltimos meses al paulatino cierre de camas, ha provocado la protesta m¨¢s reciente (la hubo tambi¨¦n de los pensionistas en contra del medicamentazo), habida cuenta de que el Plan de Modernizaci¨®n encargado a una consultora prev¨¦ derruirlo y edificarlo de nuevo. La situaci¨®n del hospital General de Valencia (que seguir¨¢ dependiendo de la Diputaci¨®n hasta el 2001); el acuerdo con las Mutuas para que gestionen las Incapacidades Temporales y el Plan de Urgencias, que supuso el cierre de los servicios especiales de urgencias; y su sustituci¨®n por 14 nuevas unidades SAMU, han sido los otros asuntos m¨¢s espinosos de la legislatura, junto al irresuelto problema de interinidad que afecta a buena parte de los trabajadores del sector.