Penas de entre dos meses y un a?o para 10 sindicalistas de UGT de Alicante por alterar actas electorales

Diez sindicalistas de UGT de Alicante han sido condenados a penas que oscilan entre dos meses y un a?o de c¨¢rcel por alterar actas durante las elecciones sindicales de 1990. Seg¨²n la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n¨²mero 5 de Alicante, UGT se atribuy¨® delegados sindicales en empresas donde ni tan siquiera se llegaron a celebrar las elecciones sindicales. El juez condena con la pena mayor de un a?o de c¨¢rcel y 150.000 pesetas de multa a tres de los procesados por considerar que "su responsabilidad fue mayor" al ser quienes "dieron las instrucciones" al resto de agentes de UGT para manipular las actas electorales. Estos tres condenados son Vicente Prieto, que durante las elecciones sindicales del 1990 ocupaba el cargo de secretario de Organizaci¨®n de UGT, Isabel P¨¦rez, coordinadora de los agentes electorales, y el sindicalista Francisco Gait¨¢n. Los otros siete condenados han sido los agentes sindicales encargados de visitar las empresas, a los que el juez ha impuesto una pena que oscila entre los dos y ocho meses de prisi¨®n, en funci¨®n de su participaci¨®n particular en los hechos. La sentencia se?ala que estos agentes manipularon los resultados de las elecciones y incluso llegaron a atribuir delegados sindicales a UGT en centros de trabajo donde no se celebraron los comicios. La sentencia recoge como hechos probados que los tres dirigentes de UGT dieron instrucciones directas a los agentes electorales para conseguir, bajo cualquier pretexto, que se les estampara el sello de las distintas empresas que visitaban y el obtener el mayor n¨²mero de datos para poder rellenar las actas, alterar los resultados y hacer constar como delegados electos a personas que ni tan siquiera trabajaban en esas empresas. Falsedad en documento El juez considera en la sentencia que los condenados son autores de un delito continuado de falsedad en documento p¨²blico. No obstante, la defensa intent¨® sin ¨¦xito invalidar esta tesis durante la vista oral de juicio, alegando que los documentos carec¨ªan de car¨¢cter oficial. Para el juez, "es evidente" que son documentos oficiales a tenor de una sentencia del Tribunal Supremo sobre esta cuesti¨®n. La defensa tambi¨¦n pretendi¨® anular la declaraci¨®n de los acusados ante la Guardia Civil "por obtenerse bajo coacci¨®n". Sin embargo, el magistrado estima que los procesados se ratificaron en su primeros testimonios cuando fueron llamados a declarar al juzgado y con asistencia de sus abogados. Por ¨²ltimo, el juez hace hincapi¨¦ en que los hechos constitutivos de delito no fueron producto de la inexperiencia o la improvisaci¨®n de los agentes de UGT, "sino que fueron guiados e inspirados por sus superiores directos".