Amarrados al sill¨®n del consistorio

"Un pol¨ªtico no deber¨ªa tener miedo a pedir excusas cuando se equivoca ni a abandonar su cargo cuando se da cuenta de que lo que hace no es coherente". La recomendaci¨®n de Vict¨°ria Camps, catedr¨¢tica de ?tica de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona (UAB) y ex senadora independiente en las filas del PSC, tiene escasos seguidores entre los protagonistas de la vida p¨²blica espa?ola. La Administraci¨®n local, no exenta de conductas corruptas, no constituye ninguna excepci¨®n. La dimisi¨®n es una decisi¨®n ins¨®lita entre los alcaldes o concejales que est¨¢n bajo sospecha, e incluso entre aqu¨¦llos que acumulan incontables causas en los juzgados. Los pol¨ªticos s¨®lo suelen doblegarse ante una sentencia firme que les obliga a abandonar el poder o cuando el propio partido les invita a dejar la silla ante la evidencia de alguna alcaldada. Uno de los casos m¨¢s recientes de dimisi¨®n forzada por una condena de inhabilitaci¨®n tuvo como protagonista al ahora ex alcalde de Esplugues, el socialista Antoni P¨¦rez. Una sentencia de la Audiencia de Barcelona le oblig¨® a dejar el cargo en abril del a?o pasado, ya que se le condenaba a ocho a?os de inhabilitaci¨®n por un delito de prevaricaci¨®n al haber concedido de forma irregular una licencia municipal de obras y actividades a la empresa que administraba su hijo. P¨¦rez se fue con la cabeza bien alta, reivindic¨® su inocencia y atribuy¨® la condena a una venganza de la oposici¨®n. Por un esc¨¢ndalo todav¨ªa m¨¢s sonado, el alcalde de Sant Pere de Torell¨®, el convergente Joan Vaqu¨¦, no puede presentarse a la reelecci¨®n en estos comicios. Sobre ¨¦l pesa una condena de inhabilitaci¨®n, ratificada el mes pasado por el Tribunal Supremo, por el fraude p¨²blico que en 1994 hizo caer al entonces consejero de Pol¨ªtica Territorial, Josep Maria Cullell. Entre los casos de dimisi¨®n forzada por el propio partido, la m¨¢s reciente es la efectuada por el alcalde de Sant Juli¨¤ de Ramis, Sebasti¨¤ Corominas, ocurrida hace tres meses. Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) le pidi¨® que abandonara la militancia y la alcald¨ªa tras descubrirse que hab¨ªa utilizado para su vivienda y para un bar de su propiedad tres aparatos de aire acondicionado de titularidad municipal. Aunque al principio admiti¨® su equivocaci¨®n calific¨¢ndola de "error administrativo", el ya ex alcalde minimiz¨® poco despu¨¦s su conducta irregular y anunci¨® que volv¨ªa a la carga electoral al frente de una lista independiente. Los m¨¢s cr¨ªticos con su gesti¨®n aseguran que "los favores prestados pesan" y que "es capaz de ganar por encima de todos los desprestigios". Corominas no es el ¨²nico alcalde que en los comicios del pr¨®ximo 13 de junio vuelve a optar a la reelecci¨®n, ajeno a la posibilidad de que las sospechas de abuso de poder que pesan sobre ¨¦l le pasen factura en las urnas. El alcalde de Tarragona y diputado de CiU, Joan Miquel Nadal, ha decidido encabezar de nuevo la candidatura convergente, convencido de que sus problemas con la justicia no le han erosionado pol¨ªticamente y que las causas que sigue el Supremo en contra de ¨¦l se resolver¨¢n a su favor. El Congreso de los Diputados ha concedido los dos suplicatorios solicitados por el Supremo para que Nadal sea procesado por dos presuntos delitos de prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias: uno de ellos se refiere a la supuesta mediaci¨®n del alcalde ante la Generalitat para que ¨¦sta revocase un acuerdo que negaba al abogado Jordi Salv¨¤ la concesi¨®n de una licencia para instalar una empresa de lavado de coches de la que el alcalde hab¨ªa sido socio. En la otra causa judicial se investiga el papel de Nadal en la autorizaci¨®n concedida para que una urbanizaci¨®n de Els Pallaresos, uno de cuyos promotores era su esposa, J¨²lia Abad, pudiera conectar sus aguas residuales al alcantarillado de Tarragona. Nadal, que tiene otras causas pendientes en los juzgados de Tarragona, goza del apoyo de su partido, que, lejos de apartarle de los ¨®rganos de direcci¨®n, ha reforzado su liderazgo. CiU y el propio Nadal han apelado desde el primer momento a la presunci¨®n de inocencia, lo que da pie al eterno debate sobre si la responsabilidad pol¨ªtica debe o no pasar por delante de la responsabilidad judicial. Un debate en el que tiene cabida la pregunta de si son suficientes los actuales mecanismos para garantizar el ejercicio honesto del poder por parte de alcaldes y concejales. En la pr¨¢ctica, la herramienta m¨¢s efectiva es el control pol¨ªtico ejercido por la oposici¨®n, que en periodos electorales se esfuerza como nunca en sacar al sol los trapos sucios de sus contrincantes. Como ha sucedido en Lleida durante la ya finalizada precampa?a electoral. ERC ha llevado a la fiscal¨ªa al alcalde de la ciudad, el socialista Antoni Siurana, por un presunto delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. El partido republicano sostiene que el alcalde encarg¨® encuestas pagadas por el consistorio que fueron utilizadas exclusivamente por el equipo de gobierno socialista con fines partidistas. Pese a que los fiscales de Lleida han remitido la denuncia de ERC al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) porque han apreciado indicios de delito, Antoni Siurana defiende su inocencia y no ha reconsiderado su decisi¨®n de presentarse a la reelecci¨®n. Antes de que el TSJC se pronuncie, los electores tendr¨¢n la oportunidad el pr¨®ximo 13 de junio de expresar su opini¨®n sobre el caso. Mientras tanto, el vicepresidente de la Diputaci¨®n de Barcelona y responsable de pol¨ªtica municipal de IC, Jaume Bosch, alerta de que desde hace pocas semanas, gracias a la modificaci¨®n de la ley de bases de r¨¦gimen local impulsada por el PP y aprobada gracias a los votos de CiU, los ediles tienen m¨¢s posibilidades de cometer alcaldadas. Algunas de las competencias que antes estaban en manos del pleno, ahora han pasado a ser exclusivamente del alcalde.