La polic¨ªa detuvo en 1998 a 602 menores por robo, hurto, narcotr¨¢fico y otros delitos

M¨¢s de 600 detenidos en 1998 no es un problema menor. Sobre todo si se precisa que ninguno de ellos ten¨ªa m¨¢s de 16 a?os. M¨¢s de la mitad lo fueron por robo o hurto; hubo cuatro detenidos acusados de violaci¨®n y 28 por tr¨¢fico de estupefacientes. Son datos de la memoria de la Fiscal¨ªa de Madrid, que denuncia la pasiva respuesta de la Administraci¨®n frente a los colectivos de menores con mayor desamparo social (hijos de inmigrantes), ni?os con problemas de salud mental o aquellos cuya conflictividad en el seno de la familia les sit¨²a en la antesala de la delincuencia.

El informe del fiscal de menores F¨¦lix Pantoja reitera un objetivo ya enunciado el a?o precedente: convertir al ministerio fiscal en un referente asociado a la defensa de los derechos de los menores. Sobre todo, de los ni?os, "que no pueden valerse por s¨ª mismos y se les niega los derechos que la ley les reconoce". Lejos de la idea asociada al fiscal de "acusador", Pantoja defiende que esta instituci¨®n se erija en "defensor de los derechos de los ciudadanos a trav¨¦s de la defensa de la legalidad"."Podr¨ªamos decir que el ministerio fiscal puede convertirse en un instrumento de solidaridad social, si en la defensa de los derechos de los ciudadanos ponemos el acento en la defensa de los derechos de los m¨¢s desprotegidos". Fiel a tal deseo, la fiscal¨ªa de menores se fija diversos retos.

En primer lugar, en el ¨¢rea de protecci¨®n, el objetivo es velar por el cumplimiento de las obligaciones que las instituciones y en particular el Instituto Madrile?o del Menor de la Comunidad tienen para los colectivos de menores, especialmente, para aquellos en situaci¨®n de desprotecci¨®n. Y aqu¨ª la Fiscal¨ªa cita a grupos de menores como son los que padecen problemas de salud mental, los inmigrantes, y los hijos de inmigrantes sin papeles.

El a?o pasado fueron detenidos por delinquir 602 menores de 16 a?os. Sumaban 158 robos con violencia, 144 con intimidaci¨®n, 112 utilizaciones ilegales de veh¨ªculos, 49 hurtos, ocho lesiones, cuatro violaciones y 28 casos de narcotr¨¢fico. No figura ning¨²n menor detenido por homicidio ni asesinato.

La Fiscal¨ªa no s¨®lo repara en el problema de los menores supuestamente delincuentes, sino tambi¨¦n en el de los menores como v¨ªctimas. Hay cifras que indican la vulnerabilidad de este colectivo. Y es que en 62 ocasiones, padecieron alg¨²n delito. 26 ni?os, seg¨²n la memoria de la Fiscal¨ªa, sufrieron violaci¨®n, agresi¨®n sexual o estupro.

La mayor¨ªa ten¨ªa menos de 11 a?os; 16 recibieron agresiones f¨ªsicas; cinco fueron explotados; doce, robados; y tres, abandonados. Son 62 recuerdos marcados en la piel infantil. Pero los adultos detenidos en 1998 por este cat¨¢logo de delitos suman bastante menos que estas 62 peque?as v¨ªctimas. S¨®lo 36 adultos fueron detenidos por cometer delitos contra menores. Un total de 17 estaban acusados de malos tratos; 15 eran sospechosos de violaci¨®n, agresi¨®n sexual o estupro. Uno cay¨® por explotar a su hijo para mendigar y dos por mantener a sus hijos en abandono. De tal situaci¨®n de desamparo fueron rescatados por la instituciones un total de 22 menores, en su mayor¨ªa varones.

Acuerdos extrajudiciales

La Fiscal¨ªa se plantea aumentar el n¨²mero de acuerdos extrajudiciales cuando los menores delinquen para alcanzar un doble objetivo: dar satisfacci¨®n a la v¨ªctima y aplicar al menor criterios educativos para que comprenda el delito cometido y no reincida.Pero el conflicto del menor no acaba en estas cifras. Hay guarismos que reflejan su huida social. Medio millar se fug¨® de su domicilio, y m¨¢s de 1.000 se escaparon de los centros de protecci¨®n o reformatorios. En total, 1.703 menores saltaron a la ley de la calle. Sin reglas, padres, ni tutores.

La memoria de la Fiscal¨ªa recoge como meta de la secci¨®nde Menores extender la actividad de los fiscales en la defensa de "los derechos concretos como como el de la sanidad y la escolarizaci¨®n, reconocidos por las leyes, pero no siempre por las administraciones competentes".

Y cita dos derechos m¨¢s que considera insuficientemente defendidos por las instituciones como "la protecci¨®n del derecho a la intimidad e imagen de los ni?os o la publicidad il¨ªcita dirigida a menores".