Competencia a medias

La implantaci¨®n de normas precisas que eviten la aparici¨®n de monopolios, distorsiones en los mercados y abusos sobre los consumidores es una de las exigencias b¨¢sicas de una econom¨ªa avanzada; m¨¢xime cuando se forma parte de un mercado com¨²n como el del euro. Por esa raz¨®n, la reforma de la Ley de la Competencia, que aprob¨® ayer el Consejo de Ministros y que inicia ahora su tr¨¢mite paralamentario, debe ser acogida con satisfacci¨®n moderada. Contiene elementos muy aprovechables, como la exigencia a las empresas de que notifiquen las operaciones de fusi¨®n y concentraci¨®n siempre que superen el 25% del mercado nacional de cada sector o si las ventas de las empresas integradas superan los 40.000 millones de pesetas. Tambi¨¦n es un avance que el Tribunal de Defensa de la Competencia pueda actuar de oficio para investigar las ayudas p¨²blicas que pueden desvirtuar la igualdad de oportunidades en el mercado. Todas estas mejoras eran necesarias, igual que el endurecimiento de las sanciones para erradicar conductas abusivas o la te¨®rica independencia financiera que se concede al Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC). Pero el proyecto de ley se queda a mitad de camino en la formaci¨®n de los instrumentos de control que requiere una econom¨ªa compleja. El TDC queda parcialmente inutilizado si, adem¨¢s de la facultad de vigilar los movimientos de concentraci¨®n de empresas o los acuerdos clandestinos para fijar precios, no se le dota de capacidad para intervenir de oficio en la prevenci¨®n y correcci¨®n de tales distorsiones. El TDC, tal como est¨¢ configurado en la nueva ley, no es un organismo regulador de la competencia, con poder y autonom¨ªa para imponerla por encima de los intereses pol¨ªticos. El mercado espa?ol debe contar con un regulador fuerte y neutral para que las pr¨¢cticas abusivas no tengan que ser irremediablemente resueltas desde Bruselas.

Las mejoras legales en defensa de la competencia son imprescindibles; sin ellas no existen instrumentos para actuar sobre la econom¨ªa real. Pero la aprobaci¨®n de leyes no es un recurso milagroso que resuelva todos los problemas. La norma puede convertirse en un cascar¨®n vac¨ªo sin el h¨¢bito social de utilizarla. Adem¨¢s de aprobar una ley en el Parlamento con todas las mejoras posibles, los agentes pol¨ªticos y sociales deben esforzarse en convertir en costumbre la denuncia legal de quienes pervierten el mercado y abusan de los consumidores.