El Defensor del Pueblo se queja de que los consulados dificultan las bodas mixtas

Un espa?ol o una espa?ola decide casarse en el extranjero con alguien de otro pa¨ªs. Se dirige, como es preceptivo, al consulado de Espa?a que corresponde para inscribir su uni¨®n y... ah¨ª empiezan las sorpresas. El Defensor del Pueblo acaba de advertir -en su informe de 1998 presentado al Parlamento la pasada semana- de que "se est¨¢n detectando serias intromisiones innecesarias en la intimidad de las personas que contraen matrimonio, coartando sus derechos".

La oficina del Defensor sospecha que determinados consulados -fundamentalmente de pa¨ªses pobres de Suram¨¦rica-est¨¢n utilizando la inscripci¨®n de matrimonios para hacer pol¨ªtica de extranjer¨ªa. Pese a que el ¨²ltimo informe de Fernando ?lvarez de Miranda intenta no entrar en enfrentamiento directo con ninguna administraci¨®n, el Defensor del Pueblo recoge un caso ocurrido en Rep¨²blica Dominicana. "Se solicit¨® de la direcci¨®n general de los Registros y del Notariado la nulidad de la resoluci¨®n del Consulado General de Espa?a en Santo Domingo, que denegaba la inscripci¨®n del matrimonio de un ciudadano espa?ol y una ciudadana colombiana, al considerar que dicho matrimonio se hab¨ªa llevado a cabo en fraude de ley".

A?ade el Defensor: "La resoluci¨®n del consulado, que carec¨ªa de fundamento jur¨ªdico alguno, y que fue confirmada en v¨ªa de recurso por la direcci¨®n general de los Registros y del Notariado, se basaba en la instrucci¨®n del 9 de enero de 1995, cuya finalidad es encargar a los responsables de los registros civiles que -sin mengua de la presunci¨®n general de buena fe- se cercioren de la veracidad del consentimiento de los contrayentes".

Tanto en este caso -que el Defensor cita sin dar nombres ni fechas, para proteger la intimidad de los interesados- como en muchos otros, la oficina de ?lvarez de Miranda observa una clara distorsi¨®n de los cometidos ¨²ltimos de los consulados. "No parece razonable", dice el informe de 1998, "el uso del trasfondo ¨²ltimo del propio consentimiento matrimonial para proteger intereses supraindividuales: en este caso, intereses de Estado en materia de extranjer¨ªa".

?lvarez de Miranda se?ala que la protecci¨®n de los intereses nacionales ya "est¨¢ garantizada por un procedimiento posterior de declaraci¨®n de nulidad, ante la posible existencia de matrimonios fraudulentos".

El Defensor quiere dejar muy claro que "la simulaci¨®n del matrimonio no puede ser un elemento a valorar simplemente por el funcionario encargado de la inscripci¨®n registral en el expediente que al efecto se tramite, ya que los efectos de la simulaci¨®n deben serlo s¨®lo con relaci¨®n a las partes contrayentes y a sus intereses en el negocio que contraen".

"La doctrina civilista considera", seg¨²n se argumenta en el documento, "que es totalmente ajeno a la validez del matrimonio cu¨¢les fueron los motivos que llevaron a los contrayentes a prestar ese consentimiento". "Seg¨²n esta doctrina", concluye el informe, "el consentimiento matrimonial es v¨¢lido en funci¨®n de cualquier inter¨¦s, siempre que no suponga una extralimitaci¨®n del propio consentimiento".