La Fiscal¨ªa acusa a la Ertzaintza de no colaborar con la Audiencia Nacional
La fiscal de la Audiencia Nacional Olga S¨¢nchez, con el visto bueno del fiscal jefe, Eduardo Fungairi?o, ha criticado duramente a la Ertzaintza por no remitir o hacerlo de manera incompleta los expedientes que elabora sobre las llamadas acciones terroristas de baja intensidad en el Pa¨ªs Vasco. En ese sentido, denuncia "los notorios y palpables incumplimientos" de la polic¨ªa vasca, a la que se requiri¨® sin ¨¦xito las diligencias completas sobre la quema del repetidor de Pagolar, en la localidad alavesa de Llodio.
La fiscal Olga S¨¢nchez, que ha presentado su escrito acusatorio contra la Ertzaintza a la titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3, Teresa Palacios, tiene la intenci¨®n de formular similares requerimientos en otros 29 procedimientos, s¨®lo entre marzo y junio, en los que la polic¨ªa vasca ha procedido de modo similar al del repetidor de Pagolar. El 23 de febrero pasado, el fiscal Jes¨²s Alonso ya formul¨® una cr¨ªtica semejante al no haber recibido el Juzgado Central n¨²mero 1 las diligencias que los ertzainas realizaron respecto a la desactivaci¨®n de un artefacto explosivo colocado en los bajos de un cami¨®n de Correos situado frente a la estaci¨®n ferroviaria de San Sebasti¨¢n.
La fiscal S¨¢nchez exige que la Ertzaintza, "de modo inmediato y sin dilaciones", "obligatoriamente" y "en un plazo no superior a 24 horas" remita a la Audiencia Nacional "el atestado original" del expediente de la quema del repetidor mencionado, y no una simple copia incompleta como viene haciendo hasta ahora, y "las ampliaciones del mismo, as¨ª como los informes periciales que se soliciten".
En su escrito, S¨¢nchez recuerda que no es la Erzaintza la que decide sobre qu¨¦ juez tiene la competencia para juzgar ese tipo de delitos, sino que el Tribunal Supremo ha fijado ya los criterios para los supuestos de lucha callejera y ha establecido que la competencia es de la Audiencia Nacional.
Los intereses de ETA
"En principio", esas acciones, seg¨²n la Fiscal¨ªa, "pueden considerarse inspiradas en el deseo de ayudar a los intereses de la organizaci¨®n terrorista ETA". As¨ª, "precisa que el C¨®digo Penal de 1995 abunda en la misma direcci¨®n al tipificar como delito esos actos vand¨¢licos en el art¨ªculo 577. La Ertzaintza suele remitir los expedientes originales a los juzgados del lugar donde han ocurrido los hechos cuando se trata de delitos de lucha callejera y comunica por fax a la Audiencia Nacional una "notificaci¨®n de incidente o de sabotaje".
La Fiscal¨ªa entiende que el procedimiento deber¨ªa ser al rev¨¦s, puesto que la Audiencia es el juez natural para enjuiciar ese tipo de delitos. Tambi¨¦n indica que con esta actuaci¨®n de la Ertzaintza se duplican esfuerzos porque son dos los juzgados que investigan unos mismos hechos cuando s¨®lo uno de ellos es competente para hacerlo.
Fuentes del departamento de Interior del Gobierno vasco mostraron su malestar por haber conocido la cr¨ªtica a trav¨¦s de la prensa. "No es forma", alegaron. Tambi¨¦n negaron haber recibido ninguna comunicaci¨®n sobre la cuesti¨®n ni tener conocimiento oficial, por lo que renunciaron a pronunciarse. "Si se nos comunica por los cauces adecuados, lo analizaremos y responderemos si lo creemos oportuno", adujeron las citadas fuentes, informa Isabel C. Mart¨ªnez.
Sin embargo, reconocieron que en febrero se reclamaron desde la Audiencia Nacional al departamento de Interior las diligencias sobre la desactivaci¨®n de un artefacto. "Y se les remitieron", aseguraron.
El criterio que la Ertzaintza utiliza habitualmente a la hora de determinar a qu¨¦ juzgado env¨ªa sus diligencias es la presunci¨®n de existencia o no tras el suceso de grupos organizados y de riesgos para la integridad de las personas, siempre seg¨²n las mismas fuentes. Si no se ha dado uno de esos elementos, la polic¨ªa vasca valora que se trata de un delito de da?os o des¨®rdenes p¨²blicos y pone los asuntos en cuesti¨®n en conocimiento del juzgado de guardia del lugar donde se hubieran producido, tal y como hizo en el caso mencionado de febrero, que fue enviado inicialmente a un juzgado de San Sebasti¨¢n hasta que la Audiencia reclam¨® la documentaci¨®n.
A su vez, el secretario general de la Asociaci¨®n Nacional de Polic¨ªa Uniformada (ANPU), ?ngel Mart¨ªnez Sendino, declar¨® ayer a la agencia Servimedia que tiene constancia de que la Ertzaintza ha ocultado informaci¨®n a la Audiencia Nacional y pretende que desaparezca este ¨®rgano judicial.
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