De la Rosa y Folchi, los reyes de las comisiones

El financiero Javier de la Rosa y su abogado Juan Jos¨¦ Folchi obtuvieron presuntamente importantes comisiones a trav¨¦s de las empresas instrumentales Aciesa y Pinyer de las que se beneficiaron pol¨ªticos y ellos mismos. Aciesa, al servicio de Javier de la Rosa, intervino en dos operaciones inmobiliarias con la Generalitat, que compr¨® a precios superiores a los de mercado, y generaron comisiones por importe de 485 millones de pesetas a favor de terceros. En el caso de Pinyer, los ingresos obtenidos por su actividad como comisionista proporcionaron beneficios a De la Rosa y Folchi. En 1990, uno de los mejores amigos de Javier de la Rosa, el empresario Lorenzo Rosal, quer¨ªa vender un inmueble propiedad de su sociedad Cidesport. Esperaba obtener 1.400 millones. De la Rosa le prometi¨® ayuda y, poco despu¨¦s, recibi¨® una propuesta de compra por parte de un funcionario de la Generalitat.

El departamento de Gobernaci¨®n de la Generalitat inici¨® en 1991 la b¨²squeda de un edificio para cuartel de los Mossos d" Esquadra (polic¨ªa auton¨®mica). La Direcci¨®n General de Patrimonio de la Generalitat visit¨® hasta 13 posibles emplazamientos, tanto en r¨¦gimen de alquiler como de venta. Finalmente, se decidieron por un antiguo edificio industrial de Poble Nou (?vila, 159). Era el inmueble de Cidesport.

Los t¨¦cnicos detectaron que el edificio padec¨ªa aluminosis, por lo que la compra se paraliz¨®. Aquello dio lugar a un sinn¨²mero de conversaciones bilaterales: De la Rosa-Generalitat-Rosal-De la Rosa. En esas conversaciones, De la Rosa impuso el pago de unas comisiones de 185 millones "para alguien importante".

El Consejo de Administraci¨®n de Cidesport se neg¨® a satisfacer este pago si no pod¨ªa justificarlo. Pero acto seguido recibi¨® la propuesta de canalizarlo y justificarlo con recibos de la sociedad Aciesa. La propuesta fue aceptada.

El 30 de junio de 1992, la Generalitat formaliz¨® un contrato de alquiler del edificio, con opci¨®n de compra, con la propietaria del inmueble, Cidesport, que se compromet¨ªa a subsanar los defectos de construcci¨®n del mismo.

El 5 de febrero de 1993, Patrimonio -que entonces depend¨ªa del consejero de Econom¨ªa y Finanzas, Maci¨¤ Alavedra- ejercit¨® su opci¨®n de compra al considerar que el edificio "ya no presentaba patolog¨ªas de car¨¢cter estructural", seg¨²n una nota del departamento de Gobernaci¨®n, dirigido por Josep Gomis.

Cidesport recib¨ªa de Aciesa una factura de 110 millones de pesetas con IVA (124 millones) "por estudios, trabajos y gestiones por encargo de su compa?¨ªa durante 1990, 1991 y 1992".

La factura, fechada el 27 de junio de 1992, fue seguida de otra el 18 de mayo de 1993 por 75,9 millones de pesetas "a cuenta, por la financiaci¨®n de la operaci¨®n". En total, 170 millones que Cidesport pag¨® a Aciesa.

Tras el pago de la comisi¨®n, la Generalitat adquiri¨® el edificio por 1.700 millones de pesetas. Se trataba de una parcela de 1.827,19 metros cuadrados, con una superf¨ªcie total construida de 11.992 metros cuadrados. En los documentos oficiales se afirma que era la mejor oferta "t¨¦cnica y econ¨®mica". Los t¨¦cnicos inmobiliarios consultados califican el precio de "exagerado para aquel momento en la zona descrita, teniendo en cuenta la calidad del inmueble". Adem¨¢s, el edificio estaba calificado como zona industrial y la Generalitat tuvo que recalificarlo.

Aciesa era una sociedad gestionada por el despacho del abogado Juan Jos¨¦ Folchi y que sirvi¨® a De la Rosa para cobrar importantes comisiones en m¨²ltiples operaciones de compra y venta del Grupo Torras.

Otra operaci¨®n fue reconocida por el propio Javier de la Rosa ante el juez Joaqu¨ªn Aguirre, instructor del caso Grand Tibidabo. El financiero admiti¨® que hab¨ªa pagado importantes comisiones "por la venta del edificio situado en Diagonal, 542, sede del Consorcio Nacional del Leasing (CNL), a la Generalitat para instalar all¨ª la Consejer¨ªa de Medio Ambiente".

De la Rosa lo negoci¨® directamente con el ex consejero de Econom¨ªa, Maci¨¤ Alavedra. La compra del inmueble supuso unas comisiones de 300 millones m¨¢s IVA, aproximadamente el 6% del precio, que se estableci¨® en 4.200 millones de pesetas. Sin embargo, un informe de Hacienda encargado por el Juzgado n¨²mero 1 de Barcelona concluye que la Generalitat pag¨® 900 millones de m¨¢s por este edificio, seg¨²n las condiciones catastrales y de mercado de ese momento. De la Rosa declar¨® que conoc¨ªa previamente el inter¨¦s de la Generalitat por ese edificio. Aciesa cobr¨® 240 millones "a cuenta" el 25 de julio de 1991, y el resto (42 millones), el 16 de octubre de 1991.

CNL pag¨® la comisi¨®n con cheques del Banco de Espa?a y luego De la Rosa retir¨® el dinero de Aciesa dejando en su lugar unos pagar¨¦s. ?sa era la t¨¦cnica habitual al retirar efectivo de Aciesa, lo que hace muy dif¨ªcil seguir el destino final de las comisiones. "Luego, esos talones" pagados por CNL, a?ade De la Rosa en sus declaraciones, "se los di a una persona que lamento en este momento no poder decir qui¨¦n es". Esa comisi¨®n fue a parar -seg¨²n se acredita en el sumario del caso Grand Tibidabo- a sufragar el diario El Observador. Aciesa actu¨® tambi¨¦n como intermediaria en el "env¨ªo" de 215 millones a Coterma, empresa administrada por Armand Carab¨¦n, presidente entonces de la editora del diario nacionalista

El Observador, que promov¨ªa Llu¨ªs Prenafeta y que acab¨® recibiendo 175 millones de Aciesa-De la Rosa.