Un mal d¨ªa para Piqu¨¦

No ha sido ¨¦sta la mejor semana del ministro de Industria y portavoz del Gobierno, Josep Piqu¨¦. Para empezar, un escrito de Presidencia remitido al Congreso le ha dejado como mentiroso en el espinoso asunto de sus relaciones con la empresa que presidi¨® antes de entrar en el Gobierno. Y ayer, la Comisi¨®n Europea le enmend¨® la plana en la cuesti¨®n de las ayudas a las el¨¦ctricas: Bruselas entiende que el bill¨®n largo de pesetas concedido al sector el¨¦ctrico en concepto de costes de transici¨®n a la competencia tiene la consideraci¨®n de ayudas de Estado. Dicho en otros t¨¦rminos, el Gobierno espa?ol no las puede adjudicar sin someterlas, caso por caso, al dictamen de la Comisi¨®n. En el caso Ercros, el ministro declar¨® ante la subcomisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n que nunca hab¨ªa participado en sesiones de la Comisi¨®n Delegada que hubieran tratado asuntos relacionados con Ercros. Presidencia le desmiente al certificar que en julio de 1997 estuvo presente en la reuni¨®n que estudi¨® la modificaci¨®n de los acuerdos entre el ICO (Instituto de Cr¨¦dito Oficial) y Fesa, filial de Ercros. Que un ministro mienta al Congreso es altamente censurable; que lo haga ante una subcomisi¨®n investigadora es a¨²n peor; pero que el protagonista tenga la condici¨®n de portavoz del Gobierno lo convierte en intolerable.

Ser¨¢ digno de verse cu¨¢l es la palabra que prefiere defender el Gobierno: si la de su ministro portavoz o la del escrito oficial remitido por Presidencia al Congreso en respuesta a la pregunta de un diputado socialista. La oposici¨®n ya ha anunciado que solicitar¨¢ hoy al Gobierno la apertura de un expediente al ministro de Industria por vulnerar la Ley de Incompatibilidades.

La otra mala noticia llegada desde Bruselas tiene que ver con una materia en la que Piqu¨¦, con el apoyo decidido del vicepresidente Rato, empe?¨® algo m¨¢s que su palabra: acus¨® de sectarismo -socialista, se entiende- al entonces presidente de la Comisi¨®n El¨¦ctrica, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ord¨®?ez, por defender un punto de vista asumido ahora casi ¨ªntegramente por Bruselas. En contra de lo que el ministro sostuvo con tanto ardor, las ayudas por importe de 1,3 billones que el Gobierno introdujo por la puerta trasera del Senado en el debate de Presupuestos no pueden ser consideradas como indemnizaci¨®n por la liberalizaci¨®n del sector, sino ayudas de car¨¢cter p¨²blico, que ser¨¢n estudiadas a la luz de las leyes que protegen la competencia. La decisi¨®n europea afecta no s¨®lo a Espa?a, sino a otros cinco pa¨ªses de la UE que se encuentran en procesos similares: Austria, Reino Unido, Dinamarca, Francia y Holanda. Pero nadie se empe?¨® tanto como el ministro Piqu¨¦.

Esta decisi¨®n es un fracaso pol¨ªtico incuestionable del titular de Industria, por m¨¢s que ahora pretenda infravalorar las consecuencias. Hace menos de un mes, los funcionarios de su ministerio defend¨ªan todav¨ªa ante la Comisi¨®n Europea que las compensaciones espa?olas eran una indemnizaci¨®n inexcusable a agentes privados. El equipo de Piqu¨¦, quiz¨¢ presionado por el poderoso lobby el¨¦ctrico, no ha sabido negociar la transici¨®n de un mercado el¨¦ctrico intervenido a otro m¨¢s liberalizado. Su empecinamiento en tratar las ayudas como si fueran un premio por una liberalizaci¨®n m¨¢s avanzada del mercado espa?ol sobre el resto de Europa -argumento discutible, puesto que la liberalizaci¨®n del mercado espa?ol es hoy inferior a la media comunitaria- se ha demostrado equivocada y es probable que costosa.

La primera consecuencia es que las empresas tendr¨¢n que reducir sus previsiones de ingresos y revisar sus estrategias de endeudamiento y de inversi¨®n; eso, sin contar la evaluaci¨®n que las Bolsas puedan hacer de los nuevos riesgos econ¨®micos que se derivan de la decisi¨®n comunitaria. Pero son todav¨ªa m¨¢s inquietantes las consecuencias potenciales de una negociaci¨®n; las exigencias comunitarias en el expediente para examinar las condiciones de ayuda a las empresas y su grado de competencia pueden implicar, por ejemplo, la venta de activos de las empresas para mantener el grado de competencia del mercado.

Es hora ya de que el Gobierno y su ministro de Industria rectifiquen y reconozcan su terca equivocaci¨®n. Para empezar, deber¨ªa suprimirse a la mayor brevedad posible el 4,5% de la tarifa destinado a pagar las ayudas; tal recargo, mientras no sea autorizado por la Comisi¨®n, es ilegal. Tambi¨¦n deber¨ªa ir pensando en modificar su Ley El¨¦ctrica, torpemente elaborada, como si no existiera la Directiva El¨¦ctrica Europea, y en cambiar su estrategia de negociaci¨®n con Bruselas. Pero la ligereza con la que el ministro ha pretendido despachar la correcci¨®n de Bruselas s¨®lo es parangonable con su silencio ante el ment¨ªs de su propio Gobierno en el asunto Ercros.