Ormazabal intensifica en la ¨²ltima legislatura las expropiaciones y dobla a las de su antecesor

VIENE DE LA P?GINA 1 La Ley de Tanteo y Retracto fue aprobada por el Parlamento cuando el socialista Jos¨¦ Antonio Maturana era consejero de Vivienda. Desde 1988 hasta 1994 en que permaneci¨® en el cargo, utiliz¨® la v¨ªa del tanteo sobre 49 viviendas. La llegada de Patxi Ormazabal (EA) a la consejer¨ªa supuso el despegue definitivo de este instrumento legal: desde 1995 a 1998 se han ejecutado 106 tanteos, m¨¢s del doble que su antecesor en tres a?os menos de mandato. El departamento adquiri¨® estos 106 pisos despu¨¦s de pagar a los due?os el precio que ped¨ªan oficialmente. Por ejemplo, si el propietario informa al Gobierno que va a vender su vivienda por 12 millones, pero los t¨¦cnicos de Vivienda tienen sospechas fundadas de que por la zona, caracter¨ªsticas o ubicaci¨®n del piso, en realidad va a recibir veinte (por encima del precio que rige para una vivienda protegida de la que se ha estado beneficiando durante varios a?os), lo compran. As¨ª, el vendedor se quedar¨¢ ¨²nicamente con los doce millones y el comprador perder¨¢, probablemente, el dinero negro que haya podido adelantar para cubrir la diferencia entre los 12 millones solicitados oficialmente y los 20 reales. Miguel ?ngel Delgado argumenta que los tanteos se han duplicado por una cuesti¨®n de voluntad pol¨ªtica -"si se tiene una norma es para utilizarla"- y porque se han articulado unos mecanismos presupuestarios, que antes no exist¨ªan, que hacen viables las actuaciones que se derivan de la ley. "Se hizo una ley sin un soporte presupuestario adecuado a la dimensi¨®n que tiene el fraude y a las posibilidades reales de la norma. El instrumento ya de por s¨ª es disuasorio, pero si se emplea lo es mucho m¨¢s", resalta. La consejer¨ªa de Ormazabal ha dotado de un presupuesto espec¨ªfico a estas actuaciones. Ahora, el equipo del consejero estudia c¨®mo flexibilizar la Ley de Tanteo y Retracto para utilizarla de una forma masiva. "Si alg¨²n ciudadano cree que no actuamos bien, que acuda al juez. La principal preocupaci¨®n del Gobierno es administrar bien los fondos de los ciudadanos. Las viviendas protegidas se financian con el dinero de todos, pero s¨®lo se benefician de ellas una parte de la sociedad", enfatiza Delgado.