De Roma a La Haya pasando por Nueva York

ANTONIO Y??EZ-BARNUEVO Con este t¨ªtulo no se sugiere un programa tur¨ªstico m¨¢s en medio de un verano agobiante. Sencillamente, se trata de resumir el itinerario en que estamos metidos para poner en marcha una justicia penal internacional digna de ese nombre. Roma representa la Conferencia de la ONU, all¨ª celebrada hace justo un a?o, que result¨® en la adopci¨®n -para muchos inesperada- del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). La Haya ser¨¢ el punto de destino, la sede de la futura Corte cuando el Estatuto que la crea re¨²na las 60 adhesiones de Estados que se precisan para que entre en vigor. Nueva York, centro principal de la ONU, es el lugar donde se concentran los esfuerzos de un gran n¨²mero de pa¨ªses, instituciones y asociaciones de todo el mundo para hacer que la CPI vea la luz y empiece a funcionar efectivamente en el plazo m¨¢s breve posible.

La adopci¨®n del Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998, por una mayor¨ªa abrumadora (120 Estados a favor, siete en contra y 21 abstenciones) fue acogida con la l¨®gica divisi¨®n de opiniones. Muchos, especialmente parlamentos democr¨¢ticos y organizaciones de defensa de los derechos humanos, saludaron la buena nueva como un importante paso hacia el final de la impunidad para los m¨¢s graves cr¨ªmenes de trascendencia internacional, que chocan a toda conciencia civilizada: el genocidio, los delitos de lesa humanidad, los graves cr¨ªmenes de guerra. Otras voces, menores en n¨²mero pero no por eso irrelevantes, hicieron ver su descontento, bien sea por exceso o defecto. Estas voces cr¨ªticas respecto a la futura Corte pueden ilustrarse con algunas opiniones expresadas a lo largo del a?o transcurrido. Apenas se hab¨ªa producido la aprobaci¨®n del Estatuto cuando un destacado senador norteamericano, representativo de una cierta manera de ver el mundo desde el Capitolio, public¨® un art¨ªculo que, bajo la consigna de Aniquilad a ese monstruo, se refer¨ªa a la proyectada CPI como algo que pondr¨ªa en peligro el papel ¨²nico de EE UU en la escena internacional. Presumiblemente en el otro extremo se sit¨²an otras declaraciones, incluso por parte de personas que pueden ser consideradas como responsables, quienes vienen a decir: el Estatuto de Roma es "papel mojado", de todas formas no va a entrar en vigor porque los Estados no lo ratificar¨¢n, y si lo ratifican, la Corte no servir¨¢ para nada, y as¨ª sucesivamente.

Esas dos posiciones, a primera vista opuestas, dan la impresi¨®n de encontrarse unidas en el fondo por el mismo apego a una concepci¨®n tradicional del ius puniendi como un atributo esencial del Estado soberano y por una consiguiente desconfianza en la capacidad de las instituciones de la comunidad internacional para dictar justicia o hacer prevalecer el derecho. "Aniquiladores" y "ninguneadores" coinciden en tratar de cerrar el paso a la justicia penal internacional, bien por considerarla perniciosa, bien por creerla in¨²til, o por ambas motivaciones a la vez.

Frente a unos y a otros, veamos d¨®nde nos encontramos en ese itinerario que deber¨ªa conducirnos a La Haya, pasando por Nueva York. Un total de 83 Estados han firmado ya el Estatuto: la inmensa mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos y occidentales (incluyendo a todos los miembros de la UE), y adem¨¢s un n¨²mero considerable de pa¨ªses africanos y americanos, as¨ª como algunos asi¨¢ticos. La ratificaci¨®n, l¨®gicamente, va m¨¢s lenta, porque han de pronunciarse los parlamentos y en muchos casos se requiere la adopci¨®n de reformas legislativas o incluso constitucionales. Aun as¨ª, se han producido ya tres ratificaciones y este mes se espera la primera de un pa¨ªs de la UE: Italia. Otro importante pa¨ªs europeo, Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha mostrado su compromiso con el proyecto aprobando una reforma constitucional para permitirle proceder a la ratificaci¨®n del Estatuto, previsiblemente antes de fin de a?o. En el caso de Espa?a, tanto el Gobierno como las Cortes, por unanimidad de los grupos parlamentarios, han expresado repetidamente su voluntad de asumir el Estatuto y de trabajar activamente en pro de la puesta en marcha de la CPI.

Mientras tanto, el proceso iniciado en Roma sigue su curso en Nueva York. All¨ª se re¨²ne la Comisi¨®n Preparatoria de la CPI, que debe proceder al desarrollo normativo del Estatuto y acordar los arreglos pr¨¢cticos que permitan el efectivo funcionamiento de la Corte tan pronto como entre en vigor el Estatuto. Ya se est¨¢n elaborando los Elementos de los Cr¨ªmenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba que habr¨¢ de aplicar la CPI. Pa¨ªses como EE UU, Australia, Francia, Suiza y Espa?a han presentado propuestas concretas en esos trabajos, en los que participan m¨¢s de un centenar de delegaciones de todo el mundo. Es interesante resaltar que EE UU, aunque vot¨® contra el Estatuto en Roma, dio su apoyo a la resoluci¨®n de la Asamblea General de la ONU por la que se saludaba el "logro hist¨®rico" que constitu¨ªa la aprobaci¨®n del Estatuto y adem¨¢s, sin abandonar su posici¨®n reservada, est¨¢ participando de manera activa y constructiva en las reuniones de la Comisi¨®n Preparatoria.

Como ya ocurri¨® con la campa?a mundial por la proscripci¨®n de las minas antipersonales, las ONG est¨¢n asumiendo un papel exigente en el empe?o de desarrollar la justicia penal internacional. Sin ese acicate, es probable que el Estatuto de Roma no hubiera visto la luz o que su contenido hubiera sido menos avanzado. Ahora est¨¢n haciendo lo propio en la tarea de lograr la pronta entrada en vigor del Estatuto y el arranque efectivo de la Corte. A escala mundial, m¨¢s de 800 ONG participan en la Coalici¨®n por la Corte Penal Internacional, que hace dos meses lanz¨® desde La Haya un llamamiento a todos los pa¨ªses para que suscriban el Estatuto y apoyen activamente a la CPI. Las instituciones parlamentarias internacionales no van a la zaga: llamamientos similares han sido formulados por la Uni¨®n Interparlamentaria y, en nuestro continente, por el Parlamento Europeo y la Asamblea del Consejo de Europa. Mucho camino queda todav¨ªa por delante, dentro de cada pa¨ªs y en el ¨¢mbito de la ONU, para hacer de la CPI una realidad, pero el proceso est¨¢ en marcha y avanza a buen ritmo. Lo esencial es que la emergente sociedad civil internacional, expres¨¢ndose mediante ONG, medios de comunicaci¨®n y parlamentos democr¨¢ticos, mantenga su incitaci¨®n sobre los Gobiernos y los organismos internacionales para que el impulso no se pierda. Y que, en el plano de los Estados, otros cojan la antorcha del liderazgo que en esta ocasi¨®n EE UU no ha querido o sabido asumir. Es un reto para la UE y para su flamante Sr. PESC. ?Qu¨¦ mejor proyecto a escala mundial que liderar el establecimiento, a comienzos del siglo XXI, de una aut¨¦ntica justicia penal internacional para los cr¨ªmenes contra la humanidad?