Chile solicita a Espa?a que acepte un arbitraje sobre el 'caso Pinochet'

El Gobierno chileno, a trav¨¦s de una carta oficial de su ministro de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Vald¨¦s, a su hom¨®logo espa?ol Abel Matutes, ha pedido a Espa?a que acepte un arbitraje internacional para determinar qui¨¦n tiene competencia jurisdiccional en el caso Pinochet. Espa?a est¨¢ dispuesta a estudiar la petici¨®n, aunque ve importantes problemas para responder a la solicitud chilena. Pero la mayor preocupaci¨®n del Gobierno espa?ol, seg¨²n las fuentes consultadas, se centra en la situaci¨®n interna de Chile, en v¨ªsperas electorales. En las ¨²ltimas semanas, el Ejecutivo chileno ha redoblado sus presiones sobre Madrid para que intente anular la demanda de extradici¨®n interpuesta por el juez Garz¨®n ante las autoridades judiciales brit¨¢nicas.En su larga carta fechada el 23 de julio, Vald¨¦s pide "negociar a la mayor brevedad un compromiso a fin de someter al arbitraje la cuesti¨®n" que les divide y llega a decir que "si las acciones judiciales contravienen principios de derecho internacional y constituyen agravios para otros Estados, ning¨²n Estado puede escudarse en la independencia de su poder judicial (...)". La carta muestra que el Gobierno espa?ol no logra convencer al chileno de que no dispone de margen de maniobra para influir en el procedimiento de extradici¨®n de Pinochet, y que no pudo en su d¨ªa oponerse a tramitar esa demanda que tuvo que pasar por el Consejo de Ministros. El Gobierno espa?ol entiende que ha actuado en pleno respeto del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial y as¨ª lo ha expuesto Matutes en diversos pronunciamientos en la prensa chilena.

Obst¨¢culos

Con anterioridad, el Gobierno chileno hab¨ªa considerado la posibilidad de un arbitraje internacional, de acuerdo con un convenio entre Espa?a y Chile de 1927. En el ¨²ltimo mes ha optado por pedir que se abra la v¨ªa prevista en el art¨ªculo 30 del Convenio Internacional sobre la Tortura de 1984 para, pese a las reservas chilenas sobre este texto -que se comprometen a salvar en unos d¨ªas-, constituir un tribunal de arbitraje. Sin embargo, aunque el Gobierno espa?ol est¨¢ dispuesto a examinar esta petici¨®n, cree que hay importantes obst¨¢culos. Por parte de Espa?a, el desarrollo de ese art¨ªculo requerir¨ªa la aprobaci¨®n de una ley o un acto parlamentario. El Gobierno est¨¢ dispuesto a elevar consultas a un ¨®rgano como el Consejo de Estado. Ahora bien, incluso si se salvaran estos procedimientos y un arbitraje diera la raz¨®n a Chile, tal posici¨®n no tendr¨ªa que afectar al juez Garz¨®n ni a los magistrados brit¨¢nicos que est¨¢n examinando el caso, seg¨²n las fuentes consultadas.

Vald¨¦s recoge lo que ya apuntara en una anterior misiva de octubre de 1998, respecto del "grave da?o" que la detenci¨®n del exdictador y la demanda de extradici¨®n causan "al proceso de transici¨®n democr¨¢tica y de reconciliaci¨®n nacional". De hecho, Chile, seg¨²n se aprecia desde la diplomacia espa?ola, se ha convertido en un hervidero de rumores sobre posibles desaf¨ªos militares al poder civil.