El Congreso de Venezuela acepta su cierre temporal por las presiones de Ch¨¢vez
ENVIADO ESPECIALDesanimados, conscientes de su aislamiento tras el triunfo del presidente Hugo Ch¨¢vez en las elecciones del domingo, y temiendo una disoluci¨®n sin contemplaciones, los diputados venezolanos han arrojado la toalla. Los partidos de oposici¨®n, arrinconados en el Congreso, cedieron ante las presiones de los nuevos due?os pol¨ªticos del pa¨ªs y ayer anunciaron que suspenden toda actividad legislativa y se marchan a sus casas, una "forma disimulada de cierre", seg¨²n convienen los diputados consultados.
El desmantelamiento de las instituciones avanza a ojos vista y Ch¨¢vez declar¨® que "las hordas adversarias andan casi desaparecidas". El presidente tiene prisa y cuatro fieles a Ch¨¢vez, electos a la Asamblea Constituyente el pasado domingo, d¨ªa de sepelio para los partidos tradicionales, se presentaron en el Congreso sin m¨¢s legitimidad que la que les confiere su condici¨®n de caudillos pol¨ªticos, pues todav¨ªa no hab¨ªan recibido sus actas de proclamaci¨®n, y exigieron de los diputados un receso legislativo.Fueron recibidos por los presidentes del Congreso y de la C¨¢mara de Diputados y por los jefes de los grupos parlamentarios, de quienes lograron el acuerdo de la verg¨¹enza, seg¨²n los legisladores m¨¢s insurrectos. "No se preocupen, van a seguir cobrando", les tranquiliz¨® Luis Alfonso D¨¢vila, presidente del Congreso y quintacolumnista de Ch¨¢vez en el Legislativo, seg¨²n una fuente presente en la reuni¨®n.
El diputado Agust¨ªn Berr¨ªos, del democristiano Copei, se muestra sublevado por la indignidad de los jefes parlamentarios, acobardados cuando antes fueron bravucones, y considera que el acuerdo para que los legisladores abdiquen de sus funciones hasta octubre, por lo menos, es un "acto de desverg¨¹enza y de humillaci¨®n". Esto s¨ª, dif¨ªcil de evitar despu¨¦s de que Ch¨¢vez y los suyos lograsen el domingo pasado 120 de los 131 esca?os de la nueva Asamblea Constituyente con una campa?a en la que pidieron pasar a cuchillo a la clase pol¨ªtica tradicional de Venezuela, empezando por el partido del diputado Berr¨ªos.
La Comisi¨®n Delegada del Congreso, formada por miembros de todos los partidos con representaci¨®n parlamentaria, se encargar¨¢ hasta octubre de mantener "una ficci¨®n de Parlamento", seg¨²n la diputada socialdem¨®crata Paulina Gamos, pues entre sus funciones no se cuenta la de legislar y "nadie va a tener ah¨ª el ¨¢nimo de fiscalizar al Gobierno". Indignada tambi¨¦n por la decisi¨®n de sus jefes paralamentarios, Gamos reconoce a la fuerza que "la realidad es que Ch¨¢vez tiene todo el poder en sus manos".
El primer objetivo
El presidente y los suyos consiguen as¨ª el primero de sus objetivos confesos, dejar fuera de juego al Congreso sin arriesgarse al descr¨¦dito internacional si las televisiones hubiesen mostrado a los diputados d¨ªscolos arrastrados de sus esca?os. Mantener la Comisi¨®n Delegada en lugar de disolver el Congreso tiene la ventaja para el Gobierno de que puede emitir bonos y contratar pr¨¦stamos, para lo que se necesita de la aprobaci¨®n parlamentaria, puesto que la banca y varios organismos financieros internacionales ya hab¨ªan advertido al Ministerio de Hacienda de que no estaban dispuestos a hacerlo si no se cubr¨ªan todos los requisitos legales.Muchos diputados temen que el Congreso ya no se vuelva a reunir en octubre y que la Constituyente tome la conducci¨®n pol¨ªtica del pa¨ªs, a las ¨®rdenes de Ch¨¢vez. Un jefe de fracci¨®n parlamentaria, de los que negociaron la retirada, defiende sin embargo que en octubre se volver¨¢ a reunir el Congreso y que para impedirlo, esta vez no bastar¨¢ con las presiones. "Tendr¨¢n que recurrir a la fuerza", dice. El siguiente objetivo de la revoluci¨®n de Ch¨¢vez, el Tribunal Supremo, tendr¨¢ que esperar hasta la instalaci¨®n de la Asamblea Constituyente, prevista para el pr¨®ximo martes, puesto que los magistrados, por formaci¨®n, se muestran menos dispuestos a negociar una salida pol¨ªtica al estilo de los diputados, y la presidenta del m¨¢ximo tribunal, Cecilia Sosa, volvi¨® a advertir ayer de que no est¨¢ dispuesta a "poner su cargo a la orden", esto es, dimitir.
Los constituyentes electos, no obstante, planean decretar una "emergencia judicial", y fundar un "comit¨¦ judicial" que se encargar¨ªa de administrar la justicia tras asumir las funciones del Tribunal Supremo.
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