INMIGRANTES Injusticia gratuita

El personaje principal de la melanc¨®lica obra La hoja roja, del insigne Miguel Delibes, acostumbraba a revisar legajos viejos pues, seg¨²n dec¨ªa, eran de gran ayuda para estimular su tr¨¢nsito intestinal. Yo no he adoptado esa costumbre pero debido al ejercicio de mi profesi¨®n consulto a diario las novedades del Bolet¨ªn Oficial del Estado y hay d¨ªas en los que esta publicaci¨®n har¨ªa las delicias del personaje del se?or Delibes. El BOE del 31 de marzo publica un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andaluc¨ªa sobre la atenci¨®n a inmigrantes, refugiados y desplazados. En el mismo n¨²mero aparece un convenio similar firmado por el ministerio con la Generalitat de Catalu?a. Lo primero que llama la atenci¨®n es que el presupuesto del Gobierno catal¨¢n es cuatro veces el del andaluz (800 millones frente a 250). Claro, podemos pensar, esto se debe al escal¨®n econ¨®mico que separa las dos autonom¨ªas. Sin embargo, en el convenio tambi¨¦n aparece que los fondos que el Estado transfiere a nuestra comunidad son la mitad de los que transfiere a Catalu?a (47 millones frente a 76). Por lo que se ve, el escal¨®n nos lo ganamos a pulso en cada negociaci¨®n. Sin duda en dicha negociaci¨®n juegan un papel importante los servicios a cubrir, es decir, lo que se va a hacer con el dinero: "D¨ªgame qu¨¦ piensa hacer usted y ya le mandar¨¦ yo el dinero", dice don Javier Arenas, aquejado del mal del pol¨ªtico que olvida la situaci¨®n de los ciudadanos en su tierra natal. La actual Ley de Justicia Gratuita, aprobada con el anterior gobierno, elimina el acceso a un abogado de oficio a los extranjeros indocumentados. En la pr¨¢ctica, esta ley no afecta en nada al extranjero rico que puede pagar al mejor letrado, pero deja claramente indefenso al extranjero sin recursos. Esta circunstancia vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial y discrimina por raz¨®n de los medios econ¨®micos (y todo en una sola ley, ?hay qui¨¦n d¨¦ m¨¢s?). La Ley est¨¢ recurrida por el Defensor del Pueblo, pero las cosas de palacio van despacio; y las del Palacio de Justicia a¨²n m¨¢s. El decreto de la Generalitat que desarrolla la citada ley s¨ª reconoce ese derecho a todas las personas, sin distinci¨®n por los documentos que llevan en el bolsillo (existen situaciones similares en Pa¨ªs Vasco y Arag¨®n). La Junta de Andaluc¨ªa, ampar¨¢ndose en razones legales y econ¨®micas, decide quedarse atr¨¢s. Uno de los resultados: el Estado transfiere siete millones m¨¢s a Catalu?a para atenci¨®n jur¨ªdica. Otro: que miles de ciudadanos quedar¨¢n indefensos y, como ya ha sucedido, ser¨¢n expulsados irregularmente de nuestro pa¨ªs cuando ten¨ªan todo el derecho a permanecer en ¨¦l. Durante los ¨²ltimos a?os, los colegios de abogados de nuestra comunidad han hecho un esfuerzo para dotar de asistencia legal a estos ciudadanos. Ahora, estas instituciones aseguran que dicha asistencia desaparecer¨¢ con los nuevos par¨¢metros. Desde Andaluc¨ªa Acoge nos sentimos preocupados por esta situaci¨®n que lleva al extranjero al margen de la ley e impide su integraci¨®n en nuestra sociedad. ?Es esto lo que se pretende? ?Sabe el negociador las injusticias que provoca? ?La pol¨ªtica requiere abandonar el ingenio y el valor? Parece que el BOE me ha jugado una mala pasada, quiz¨¢ vuelva a los viejos legajos, como hace el personaje de don Miguel. Al menos all¨ª no aparecen preguntas sin respuesta.

Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Candela es presidente de Andaluc¨ªa Acoge.