Calma con Pinochet

El "caso Pinochet" debe abordarse con calma, dejando que hable la justicia, en pleno respeto de la independencia judicial en democracia. Corresponde ahora a los jueces brit¨¢nicos dar respuesta a la demanda de extradici¨®n a Espa?a del ex dictador chileno planteada por el juez Garz¨®n. A estas alturas, a menos de dos meses de la apertura del proceso de extradici¨®n en Londres, no parece lo m¨¢s adecuado intentar un procedimiento de arbitraje para sacar la cuesti¨®n del ¨¢mbito judicial, forzando las posiciones y los plazos. Pinochet no debe llevar a una transgresi¨®n de la independencia judicial ni a tener que aprobar leyes a todo correr para hacerlo posible. La carta oficial mandada el pasado 23 de julio por el nuevo canciller chileno, Juan Gabriel Vald¨¦s, a su hom¨®logo espa?ol, Abel Matutes, es una misiva que delata desesperaci¨®n por buscar una salida casi a cualquier precio para evitar la posibilidad de que el Reino Unido conceda la extradici¨®n de Pinochet a Espa?a. La carta supera lo que se espera razonablemente del canciller de una democracia, o de un pa¨ªs en transici¨®n a la democracia. En la misiva oficial, hecha p¨²blica en Santiago antes de que llegara a Espa?a, Vald¨¦s afirma que "si las acciones judiciales contravienen principios de derecho internacional y constituyen agravios para otros Estados, ning¨²n Estado puede escudarse en la independencia de su Poder Judicial". Ning¨²n juez hasta ahora ha sentenciado que se contraviniera el derecho internacional. Todo lo contrario. Aunque la instancia m¨¢s l¨®gica para dirimir estos contrastes de pareceres hubiera sido el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, como lleg¨® a proponer el Gobierno espa?ol. Pero tal procedimiento toma mucho tiempo. Y el Gobierno chileno quiere rapidez. La prisa, que siempre es mala consejera, ha llevado a las autoridades chilenas a pedir ahora una salida mediante un arbitraje amistoso, con tres jueces -uno nombrado por Chile, otro por Espa?a y un tercero por ambos- que dictaminar¨ªan al respecto. Es una posibilidad que se contempla en el Convenio Internacional contra la Tortura de 1984 , y que probablemente requerir¨ªa de Espa?a la aprobaci¨®n de una ley, o al menos un acto parlamentario. Todo ello, cuando Vald¨¦s, pese a que Madrid le ha entregado informes jur¨ªdicos internos que el canciller cita en su carta, cuestiona que el Gobierno de Espa?a no tuviera margen de maniobra para no cursar la demanda de extradici¨®n. Hoy por hoy, el ¨²nico margen gubernamental disponible es el que tiene el ministro brit¨¢nico del Interior para decretar en cualquier momento la puesta en libertad de Pinochet por motivos humanitarios. El Gobierno espa?ol no puede rehusar estudiar la demanda de arbitraje, aunque asegura que a¨²n no ha pedido dictamen alguno al Consejo de Estado para dirimir fuera del ¨¢mbito judicial la suerte de Pinochet. El PSOE ya ha dejado claro, como diversas asociaciones de jueces y fiscales, que la justicia debe seguir su curso. En cualquier caso, un hipot¨¦tico arbitraje no ser¨ªa determinante, pues es un ¨®rgano de consulta que no puede reemplazar ni al poder legislativo ni al judicial. Su resultado, o as¨ª lo creen numerosos juristas, ni siquiera tendr¨ªa que ser tenido en cuenta por las autoridades judiciales brit¨¢nicas o espa?olas. El caso Pinochet est¨¢ afectando negativamente a las relaciones bilaterales entre Espa?a y Chile e incluso los v¨ªnculos de este pa¨ªs con el resto de Am¨¦rica Latina. El presidente chileno ya ha anunciado que, en esta situaci¨®n, no acudir¨¢ a la Cumbre Iberoamericana de La Habana, en noviembre, una cita fijada hace a?os en la que Espa?a tiene grandes esperanzas. Estamos ante una cuesti¨®n de Estado en la que ser¨ªa bueno un acuerdo entre las fuerzas pol¨ªticas espa?olas como el que Matutes ha pedido a Joaqu¨ªn Almunia. Pero no se puede en nombre de la raz¨®n de Estado quebrar el principio de la independencia judicial en una demanda de extradici¨®n amparada por el Tribunal Supremo. Hasta ahora, el Gobierno espa?ol ha actuado correctamente, como corresponde a un Estado de derecho. Y Pinochet no debe ser causa para quebrar esta l¨ªnea.