Un juez de Barcelona investiga a dos concejales del PSC por supuesta prevaricaci¨®n

El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 14 de Barcelona est¨¢ investigando la adjudicaci¨®n directa del contrato de limpieza de los veh¨ªculos de la Guardia Urbana que realiz¨® una sociedad municipal, al considerar que fue ilegal. El juez ha citado a declarar como inculpados a la concejal de Seguridad y Movilidad, Carme San Miguel, al regidor del distrito Horta-Guinard¨®, Albert Batlle, ambos del PSC, y a cinco t¨¦cnicos municipales por entender que su actuaci¨®n "a todas luces se tipifica como un delito de prevaricaci¨®n".

En el auto judicial en el que se acuerdan las citaciones, el magistrado Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a relata que en el mes de julio de 1995 los directivos de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios SA Delf¨ªn Carod Felipe y Alfred Morales Gonz¨¢lez acordaron la concesi¨®n directa de explotaci¨®n de un garaje p¨²blico a la sociedad Our Company SL "sin abrir el per¨ªodo de oferta p¨²blica previa al preceptivo concurso", asegura el juez, y "pese a tratarse de una sociedad carente de licencia municipal y de medios adecuados" para realizar la concesi¨®n. El garaje fue utilizado para guardar las coches-patrulla de la Guardia Urbana y est¨¢ situado en la planta baja del edifico que acoge la Autofira, frente al hospital del Val d"Hebron. El juez relata que esos dos directivos de la sociedad municipal ten¨ªan delegadas competencias de la presidenta, Carme San Miguel, para dar concesiones municipales. Meses despu¨¦s y durante el mismo a?o 1995 dos altos responsables de la Guardia Urbana y la misma sociedad Our Company SL firmaron un contrato mercantil "alejado de las m¨ªnimas garant¨ªas administrativas", seg¨²n el magistrado, por el que la sociedad obtuvo la exclusiva para el lavado de 135 veh¨ªculos de la Guardia Urbana de Barcelona "sin previa y p¨²blica licitaci¨®n". El juez asegura que el precio establecido en este contrato es "a todas luces excesivo y de m¨ªnimo esfuerzo": 21.000 pesetas anuales por autom¨®vil "m¨¢s 11.000 cada vez que, por cualquier motivo, fuera necesario limpiarlo, necesidad ¨¦sta patente y reiterada, dada la actividad y servicios a que est¨¢n destinados los autom¨®viles". El contrato de concesi¨®n fue firmado por el jefe del servicio de autom¨®viles adscrito a la Guardia Urbana, Salvador Espadal¨¦ Llovet, con el benepl¨¢cito de Jos¨¦ Munt Albareda, responsable de recursos humanos del cuerpo policial, cuya responsable pol¨ªtica es San Miguel. El juez explica que el contrato se firm¨® a pesar de que la empresa "carec¨ªa de un m¨ªnimo de maquinaria necesaria para prestar tal servicio" y que fue posteriormente, "con dinero de la Caja municipal obtenido por los ingresos de la exclusiva" cuando se compr¨®. Desavenencias entre socios La investigaci¨®n judicial se inici¨® hace unos meses cuando surgieron desavenencias entre los socios de la compa?¨ªa beneficiada de la concesi¨®n y uno de ellos acudi¨® al juzgado. Al iniciarse el proceso penal, los dos jefes de servicios de la Guardia Urbana liquidaron la concesi¨®n e iniciaron los tr¨¢mites para la contrataci¨®n p¨²blica del servicio, seg¨²n relata el juez. La defensa de los concejales hab¨ªa solicitado al juez que archivara la causa, pero esta petici¨®n no s¨®lo ha sido desestimada sino que el magistrado ha acordado que se les tome declaraci¨®n como imputados por si desean realizar alguna, ampliar o modificar alg¨²n aspecto de su anterior comparecencia en el juzgado. En este sentido, el magistrado censura con gran dureza la declaraci¨®n que realiz¨® entonces San Miguel al asegurar que "los actos de poca importancia, los delegaba". El instructor considera que esa actitud supone "un pseudo-elegante" menosprecio hacia negocios inferiores a mil millones de pesetas, y que as¨ª sus subordinados "procuran el enriquecimiento de particulares". PASA A LA P?GINA 3