El Ayuntamiento defiende su actuaci¨®n y afirma que el proceso judicial responde a "un conflicto entre socios"

VIENE DE LA P?GINA 1 Un portavoz municipal defendi¨® ayer la legalidad de la actuaci¨®n del Ayuntamiento de Barcelona en la causa que investiga el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 14 de Barcelona y afirm¨® que la concesi¨®n directa del contrato para la limpieza de los veh¨ªculos de la Guardia Urbana es una posibilidad prevista por la ley. Las mismas fuentes explicaron que la defensa de Carme San Miguel y Albert Batlle ha solicitado un aplazamiento de su comparecencia ante el juez y que ¨¦ste ha accedido a aplazarla. El auto de inculpaci¨®n contra los dos concejales contiene reproches muy duros contra la actuaci¨®n de ambos en este caso. As¨ª, el juez afirma que la actuaci¨®n de San Miguel delegando la concesi¨®n municipal supuso en la pr¨¢ctica que los beneficiarios de la concesi¨®n se librasen "de la obligaci¨®n de pagar impuestos y de la de poseer los medios necesarios para hacer efectivo el buen cumplimiento del servicio concedido". Eso, y el hecho de que no abonasen la correspondiente licencia municipal "los sit¨²a en condici¨®n preferente en el acceso al mercado, en burla a la necesaria y l¨ªcita competencia". La instalaci¨®n de las m¨¢quinas empleadas en la limpieza de los veh¨ªculos de la Guardia Urbana se realiz¨®, seg¨²n el juez, en una zona verde, por lo que acuerda la imputaci¨®n del regidor del Distrito de Horta-Guinard¨®, Albert Batlle. La primera vez que prest¨® declaraci¨®n ante el juzgado, Batlle afirm¨® que desconoc¨ªa la ilegalidad de esa actividad al no ser informado por los t¨¦cnicos. El juez considera que esa explicaci¨®n "adquiere un aire pat¨¦tico" y precisa que "f¨ªsicamente es imposible que el responsable municipal de un distrito desconozca la mayor zona industrial que existe en su zona de control". Finalmente, el juez imputa tambi¨¦n a Enric Torrellas Figueras, jefe del servicio de inspecci¨®n del distrito, al entender que la declaraci¨®n que realiz¨® de que no ten¨ªa tiempo para inspeccionar "le acerca demasiado a una burla en su obligada dedicaci¨®n a la ciudadan¨ªa". El instructor de la causa, Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a, es el juez de instrucci¨®n m¨¢s antiguo de los 33 que hay en Barcelona y lleva 41 a?os en la carrera judicial. En los a?os 80 estuvo suspendido durante nueve meses por unas declaraciones que realiz¨® sobre un caso judicial. Oubi?a fue tambi¨¦n el juez que el pasado mes de enero archiv¨® la querella de un empresario contra el concejal socialista Francesc Narv¨¢ez, "un hombre honrado y honesto", seg¨²n le defini¨® el juez.