600 da?ados por la presa de Tous demandan a Espa?a en Estrasburgo

Un total de 596 perjudicados por el derrumbamiento de la presa de Tous (Valencia) en 1982, adem¨¢s de las asociaciones Afiva y Apemeda (que representan a m¨¢s de 2.000 damnificados), presentaron ayer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, una demanda contra Espa?a. Alegan que el Estado, al convenir con ellos una indemnizaci¨®n, se aprovech¨® de su situaci¨®n.

La demanda invoca varios derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Uno de ellos es el derecho a tener acceso a la justicia. Los demandantes lo consideran vulnerado cuando, dada la situaci¨®n econ¨®mica en que se encontraban, se vieron obligados a convenir con la Administraci¨®n unas indemnizaciones que s¨®lo les compensaron del 20% o, en el mejor de los casos, del 50% de los da?os producidos.La opci¨®n por la indemnizaci¨®n administrativa, con renuncia a la v¨ªa judicial, la acogieron unos 23.000 perjudicados del total de unos 28.000 existentes, aunque s¨®lo los 596 ahora demandantes y las dos asociaciones citadas recurrieron ante el Tribunal Constitucional, por lo que han agotado la v¨ªa interna y pueden demandar a Espa?a en Estrasburgo.

Los m¨¢s de 5.000 damnificados que prefirieron la v¨ªa judicial obtuvieron, tras un largo y tortuoso proceso que concluy¨® en 1997 en el Tribunal Supremo, unas indemnizaciones m¨¢s ajustadas a la realidad. De ah¨ª que los casi 600 demandantes aleguen tambi¨¦n el principio de igualdad.

El Estado cre¨® dos grupos

Aunque la opci¨®n por una v¨ªa u otra fue voluntaria, la demanda presentada ayer en Estrasburgo, entre otros letrados, por el abogado Luis Bonora, razona que el ciudadano no est¨¢ en situaci¨®n de igualdad frente al Estado, y que ¨¦ste, cuando cre¨® dos grupos de damnificados -los que prefirieron esperar el proceso judicial y los que, por necesidad o por otros motivos, optaron por una indemnizaci¨®n administrativa, m¨¢s r¨¢pida-, en la pr¨¢ctica bloque¨® su derecho a acceder a la tutela judicial de los tribunales.La demanda explica que, mediante tal actitud, la Administraci¨®n se aprovech¨® de la extrema necesidad de quienes confiaron en ella, obteniendo de ellos la firma de unos convenios abusivos, como se ha demostrado por el desenlace de las reclamaciones encauzadas por v¨ªa judicial, que han logrado indemnizaciones superiores.

La actitud de la que acusan al Estado sirve tambi¨¦n a los demandantes para invocar que la Administraci¨®n espa?ola vulner¨® el derecho a la igualdad al colocar en peor situaci¨®n precisamente a los que, por su penuria econ¨®mica, no pudieron aguardar el largo proceso judicial.

Por ¨²ltimo, los demandantes invocan el derecho de propiedad y el respeto a los bienes, que consideran conculcado por Espa?a al concederles indemnizaciones tan escasas.

Xavier Sierra, presidente de Afiva, una de las demandantes, declar¨® que el Estado espa?ol no ha respetado "los derechos de los damnificados a una justicia sin dilaciones indebidas, moderna y democr¨¢tica", informa Xavier Espanya. Por su parte, desde el gabinete de abogados de Bonora se se?al¨® que el objetivo que persigue este recurso es el de "igualar a todos los damnificados, tanto los que cobraron por convenio como por resoluci¨®n judicial".