La fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional solicita "la libertad de Augusto Pinochet"

El fiscal Pedro Rubira, en sustituci¨®n del que lleva el caso Pinochet, Ignacio Pel¨¢ez, ha pedido a la Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un escrito del 29 de julio, la anulaci¨®n del auto de prisi¨®n del general Augusto Pinochet dictado el 16 de octubre de 1998 por el juez Baltasar Garz¨®n, titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5. Rubira dice tambi¨¦n que las torturas cometidas en Chile no est¨¢n tipificadas penalmente en Espa?a porque all¨ª se hicieron "no para investigar hechos, sino para originar el terror", y aqu¨ª se exige "que se hubieran producido en el curso de una investigaci¨®n policial o judicial y con el fin de obtener una confesi¨®n o un testimonio".

El fiscal Pedro Rubira pide "la libertad de Augusto Pinochet" en raz¨®n de que "han transcurrido m¨¢s de cinco meses desde que se recurri¨® esta prisi¨®n". Su compa?ero Ignacio Pel¨¢ez, en efecto, recurri¨® el 17 de octubre de 1998 el auto de prisi¨®n provisional a efectos de extradici¨®n dictado el d¨ªa anterior, el 16, una resoluci¨®n que dio lugar a la orden internacional de detenci¨®n de Pinochet en la noche del 16 de octubre de 1998 en la capital brit¨¢nica.Seg¨²n Rubira, "este dilatado transcurso del tiempo sin que se haya resuelto dicho recurso hace que se haya vulnerado el art¨ªculo 17 de la Constituci¨®n Espa?ola [derecho fundamental a la libertad], debi¨¦ndose poner en libertad al se?or Pinochet". En apoyo de su petici¨®n, se limita a citar un voto particular, discrepante con su secci¨®n, del magistrado Juan Jos¨¦ L¨®pez Ortega respecto a otro caso, ocurrido el 27 de septiembre de 1998. No hay en el escrito referencia alguna a las circunstancias de dicho asunto ni a su posible relaci¨®n con la situaci¨®n de Pinochet. Fuentes judiciales consultadas han visto en la referencia a L¨®pez Ortega el deseo de invocar precisamente a un juez que en su momento, noviembre de 1998, se expres¨® como un convencido de la jurisdicci¨®n espa?ola sobre los delitos investigados en Chile.

La Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -formada por los magistrados Francisco Castro Meije, ?ngela Murillo y Luis Mart¨ªnez Salinas- resolver¨¢ el citado recurso de apelaci¨®n y varios de la fiscal¨ªa, respecto a la mayor parte de las resoluciones de Baltasar Garz¨®n, en una vista que previsiblemente se celebrar¨¢ en septiembre. Para ello, el juez ha elevado los gruesos vol¨²menes del sumario del caso Pinochet, con decenas de miles de folios, a esa secci¨®n.

Rubira explica que "la nulidad de pleno derecho abarca, seg¨²n la tan conocida teor¨ªa del ¨¢rbol envenenado, a los autos de procesamiento y a las ampliaciones, como a la propia extradici¨®n, al traer todas estas resoluciones causa de los autos de prisi¨®n recurridos por el fiscal, por lo que no fue necesario el recurrir cada uno de estos pronunciamientos dictados por el Juzgado Central".

El fundamento de dicha nulidad, que el escrito enuncia pero no razona, ser¨ªa la sentencia de la C¨¢mara de los Lores del 23 de marzo de 1999, seg¨²n la cual Pinochet puede ser extraditado a Espa?a s¨®lo por los delitos de tortura y conspiraci¨®n para la tortura cometidos a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que entr¨® en vigor la "doble incriminaci¨®n", por ser delitos en Espa?a y el Reino Unido.

El fiscal a?ade en el asunto de la tortura que en Espa?a "el art¨ªculo 204 bis del C¨®digo Penal derogado exig¨ªa, como elemento teleol¨®gico o ¨¢nimo, que las torturas se hubieran producido en el curso de una investigaci¨®n policial o judicial y con el fin de obtener una confesi¨®n o un testimonio; en los autos recurridos nada se dice respecto a tan esencial principio jur¨ªdico. Los torturadores chilenos lo hac¨ªan con la finalidad no de investigar hechos, sino para originar terror en la ciudadan¨ªa chilena o para obtener informaciones de otras personas; pero tampoco estos casos estaban tipificados en nuestro ordenamiento jur¨ªdico como delito de torturas al recoger s¨®lo y exclusivamente las torturas como fin de obtener una confesi¨®n o un testimonio que afectaba a la persona torturada".

En el escrito tambi¨¦n se aborda el car¨¢cter de jefe de Estado de Pinochet. "El fiscal tiene dudas", dice, "de que un jefe de Estado sea autoridad o funcionario a efectos del art¨ªculo 119 del C¨®digo Penal derogado. Nuestra Constituci¨®n de 1978, en su art¨ªculo 56.3, concede a la persona del Rey como no sujeta a responsabilidad, idea formada en nuestra primera Constituci¨®n de 1812". El fiscal recuerda que, el 4 de marzo de 1999, la Sala de lo Penal de la Audiencia, al desestimar una querella contra Fidel Castro, "equipar¨® al Jefe del Estado con el Rey". Y, como Pinochet es senador, destaca esta circunstancia otorg¨¢ndole la categor¨ªa de aforado. Por tanto, promueve elevar una consulta al efecto al Tribunal Supremo.