Valores supremos

La recrudecida pol¨¦mica en torno al caso Pinochet est¨¢ poniendo de manifiesto los intereses en juego en un tema que por su car¨¢cter excepcional est¨¢ llamado a tener grandes repercusiones internacionales. El nuevo fuego cruzado tiene que ver con la solicitud por el Gobierno chileno al espa?ol de un arbitraje amistoso que evite la entrega del dictador para hacer frente a las acusaciones del juez Garz¨®n. Esa petici¨®n in extremis se produce a menos de dos meses de la apertura del proceso de extradici¨®n en la capital brit¨¢nica. La decisi¨®n de Garz¨®n de pedir a Exteriores aclaraciones sobre la solicitud chilena y los documentos relativos al caso enviados a Santiago, que podr¨ªan, seg¨²n el juez, estar protegidos por el secreto del sumario, va a exigir respuestas, a pesar de los obst¨¢culos que una y otra vez sigue poniendo la Fiscal¨ªa de la Audiencia. El PSOE, por su parte, ha exigido en el Congreso estos documentos. Nada se resolver¨¢ probablemente hasta el mes pr¨®ximo. Pero, con independencia de sus resultados, el procedimiento no debe oscurecer lo innegable: el caso Pinochet debe continuar en la v¨ªa de los tribunales.Contra la pretensi¨®n del Ejecutivo de someter a consulta del Consejo de Estado la posibilidad de ejercitar el mecanismo de arbitraje se han pronunciado casi un¨¢nimemente tanto los expertos como las fuerzas pol¨ªticas. El recurso al arbitraje amistoso no s¨®lo afectar¨ªa groseramente a la independencia judicial: supondr¨ªa un claro abuso de los prop¨®sitos de un mecanismo ideado para solventar contenciosos internacionales de clara competencia gubernamental, como los econ¨®micos o territoriales, por ejemplo.

Pinochet est¨¢ detenido en Londres con todas las bendiciones y garant¨ªas del derecho internacional. El Tribunal Supremo brit¨¢nico -la C¨¢mara de los Lores- ha decidido por partida doble (la segunda vez limitando cronol¨®gicamente el alcance de la responsabilidad) contra la inmunidad soberana del dictador chileno por los cr¨ªmenes de que se le acusa. Una salida pactada prescindiendo de la v¨ªa judicial tendr¨ªa consecuencias incalculables para la defensa de los derechos humanos. Aparte de una burla a la memoria de las v¨ªctimas, un hipot¨¦tico arreglo entre Gobiernos abrir¨ªa una incontrolable v¨ªa de escape para actuales o futuros torturadores o genocidas, amparados en la c¨²spide del Estado y protegidos en sus pa¨ªses respectivos por leyes que les hacen inmunes.

El caso Pinochet es un laboratorio para el derecho internacional. El resquicio abierto contra la impunidad de los represores, resquicio que la evoluci¨®n del derecho tiende afortunadamente a agrandar, no puede ser dinamitado con arreglos extrajudiciales. Muchos pa¨ªses disponen de instrumentos de presi¨®n sobre otros, que pueden llegar a ser formidables en el caso de los m¨¢s poderosos. Chile, indudablemente, tambi¨¦n los tiene con Espa?a. Pero en la balanza est¨¢n implicados valores superiores. Y el principal es que los responsables de delitos de lesa humanidad deben responder de ellos ante la justicia.

Se entiende la inquietud del Gobierno de Aznar ante la perspectiva de un Pinochet desembarcado en Barajas, dados los intereses econ¨®micos y pol¨ªticos en juego. Pero Madrid ha ido en este terreno tan lejos como ha podido. El ministro Matutes ya explic¨® a los chilenos que el Gobierno ha agotado su margen de maniobra transmitiendo a Londres que no se opondr¨¢ a que interrumpa la extradici¨®n de Pinochet por motivos humanitarios. Se entiende menos la actitud de la Fiscal¨ªa de la Audiencia, decantada militantemente en favor de las tesis chilenas desde que se inici¨® el proceso. La guinda, por ahora, la constituye la petici¨®n del fiscal Pedro Rubira del 29 de julio de solicitar la anulaci¨®n del auto de prisi¨®n. Sorprende todo el escrito, pero especialmente el argumento de que el delito de torturas que se imputa a Pinochet no corresponde con su equivalente espa?ol, o las comparaciones con el Rey. La fiscal¨ªa ya nos sorprendi¨® afirmando que el golpe militar s¨®lo pretend¨ªa restaurar la legalidad democr¨¢tica. Ahora pretende internarse en la subjetividad de los torturadores para distinguir si hac¨ªan su trabajo para sacar informaci¨®n o s¨®lo para aterrorizar. Todo un trabajo de zapa que sonroja a cualquier mentalidad democr¨¢tica.