La tenaz oposici¨®n de la fiscal¨ªa

"En la medida que las transgresiones cometidas por las dictaduras militares no pueden calificarse de delitos de genocidio porque no se orientan respecto de una raza, etnia o grupo social determinado, ni como delitos de terrorismo, ya que no tratan de subvertir el orden constitucional o institucional implantado en aquellos pa¨ªses, no merecen tal clasificaci¨®n y, por tanto, no pueden ser juzgadas por las autoridades espa?olas".El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, ya ve¨ªa as¨ª de clara en octubre de 1997, en una entrevista en el peri¨®dico chileno El Mercurio, la incompetencia de la justicia espa?ola en la causa contra Augusto Pinochet, de 83 a?os, instruida entonces por Manuel Garc¨ªa Castell¨®n, compa?ero de Baltasar Garz¨®n en la Audiencia y que, con el tiempo, se inhibi¨® en favor de ¨¦ste, que llevaba otros procesos sobre la desaparici¨®n de espa?oles en Argentina y Chile.

Pero la gran pol¨¦mica se suscit¨® dos meses despu¨¦s, en diciembre, cuando trascendi¨® un informe de la fiscal¨ªa, atribuido a Fungairi?o por el propio fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, del que podr¨ªa desprenderse cierta justificaci¨®n de las actuaciones de la junta militar chilena y la argentina. La finalidad del exterminio de los disidentes, se dec¨ªa en ¨¦l, no era la subversi¨®n del orden constitucional, sino la sustituci¨®n temporal del orden establecido para subsanar las deficiencias de que adolec¨ªa a fin de mantener la paz p¨²blica.

El PSOE e IU reclamaron entonces, en vano, la destituci¨®n fulminante no s¨®lo de Fungairi?o, sino tambi¨¦n de Cardenal, quien, en principio, calific¨® de "correcto" el texto de su subordinado y se limit¨® a matizar que algunos p¨¢rrafos no se hab¨ªan interpretado bien y que, m¨¢s tarde, en una obligada y destemplada comparecencia en el Congreso, hizo una "rectificaci¨®n solemne" del mismo.

Un nuevo documento, esta vez de la secretar¨ªa t¨¦cnica de la fiscal¨ªa, remiti¨® en enero de 1998 la cuesti¨®n de la competencia espa?ola a lo que determinase la Sala de lo Penal de la Audiencia. Asumido por Cardenal, suger¨ªa que nuestros tribunales no ser¨ªan competentes en los casos de los desaparecidos en Argentina, pero s¨ª en relaci¨®n con los delitos de terrorismo en Chile a partir de 1985.

Precisamente, en marzo, el fiscal Ignacio Pel¨¢ez inform¨® a Garc¨ªa Castell¨®n de su oposici¨®n al procesamiento de Pinochet y otros 38 ex altos cargos chilenos y le advirti¨® de que, antes de tomar decisiones "de tal gravedad y envergadura", enviara el asunto a la Sala de lo Penal para que ¨¦sta se pronunciara sobre la competencia o incompetencia espa?ola.

Los reproches a Fungairi?o se recrudecieron en junio siguiente, cuando las acusaciones afirmaron que su departamento hab¨ªa retenido importantes pruebas de convicci¨®n, entre ellas las aportadas por la CIA y el FBI, para condicionar el fallo de la mencionada Sala. ?sta, en julio, orden¨® a Garc¨ªa Castell¨®n proseguir el sumario chileno y decidir sobre su jurisdicci¨®n, lo que el magistrado hizo ratificando su competencia en el tema.

Finalmente, Scotland Yard recibi¨® el 14 de octubre sendos escritos de Garz¨®n, que hab¨ªa ampliado a Chile su investigaci¨®n sobre el Plan C¨®ndor (coordinaci¨®n de las dictaduras latinoamericanas en el exterminio de los disidentes), y Garc¨ªa Castell¨®n solicitando interrogar en Londres a Pinochet, que se encontraba en la capital brit¨¢nica por motivos m¨¦dicos. El general fue detenido tres d¨ªas despu¨¦s, el 17, a instancias de Garz¨®n. Al cabo de otros tres, el 20, Garc¨ªa Castell¨®n se inhibi¨® del caso en favor de su compa?ero.

Ese mismo d¨ªa, la fiscal¨ªa, a trav¨¦s de Pedro Rubira, pidi¨® la anulaci¨®n de la orden de detenci¨®n de Pinochet firmada por Garz¨®n. Su recurso lo apoyaba en la pretendida incompetencia espa?ola, as¨ª como en la supuesta inmunidad del ex dictador por su condici¨®n de senador vitalicio en su pa¨ªs. Tras ratificar que era el Gobierno el que ten¨ªa la ¨²ltima palabra sobre la solicitud de extradici¨®n por genocidio, terrorismo y torturas, Fungairi?o apostill¨®: "Garz¨®n vulnera la Constituci¨®n, pero no act¨²a de mala fe".

Luego de que el Ejecutivo hubiese manifestado que respetar¨ªa las decisiones judiciales, unas declaraciones ambiguas del presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en el sentido de que confiaba en no tener que decidir al cabo sobre la extradici¨®n de Pinochet provocaron la inmediata contestaci¨®n del que era candidato socialista a La Moncloa. Jos¨¦ Borrell vio en ellas "una presi¨®n impl¨ªcita a los jueces" respecto a su fallo sobre la competencia o incompetencia espa?ola.

Por supuesto, la fiscal¨ªa, que incluso recurri¨® la inhibici¨®n de Garc¨ªa Castell¨®n, tambi¨¦n se opuso de manera formal a que Pinochet fuera extraditado. Para ello emple¨® los mismos argumentos que en su apelaci¨®n contra su arresto.

En esos mismos d¨ªas, finales de octubre, se supo que Fungairi?o se hab¨ªa reunido en Madrid con Nicol¨¢s Monckeberg, presidente de las juventudes del partido conservador chileno Renovaci¨®n Nacional, edil de Santiago y miembro del equipo del candidato a la presidencia de la naci¨®n. Seg¨²n Monckeberg, Fungairi?o le habr¨ªa mostrado papeles del caso y asegurado que los autos de Garz¨®n eran ilegales.

La fecha clave fue el 30 de octubre de 1998. Ese d¨ªa, por unanimidad, los once magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia confirmaron que la justicia espa?ola es competente para juzgar los cr¨ªmenes de las dictaduras militares de Chile y Argentina. Todo un rev¨¦s para Fungairi?o. Su tesis, apoyada por Cardenal, hab¨ªa sido derrotada. En funci¨®n de ello, el jefe de la Inspecci¨®n Fiscal, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato, recomend¨® a Cardenal que nombrase otro equipo de fiscales para que colaboraran con Garz¨®n. Fungairi?o contraatac¨® advirtiendo de que volver¨ªa a plantear el tema de la jurisdicci¨®n si el caso Pinochet conclu¨ªa en un juicio.

Aznar tuvo que explicarse el 12 de noviembre en el Congreso. Tras una ¨¢cida discusi¨®n con Juan Alberto Belloch, ex ministro socialista de Justicia e Interior, quien le llam¨® "mentiroso", ratific¨® a Cardenal como fiscal general porque, adujo, hab¨ªa hecho una interpretaci¨®n leg¨ªtima en el asunto del ex dictador chileno, cuyo auto de procesamiento fue rubricado por Garz¨®n el 10 de diciembre.

Otro momento culminante se vivi¨® en Londres el 23 de marzo de este a?o, cuando la C¨¢mara de los Lores sentenci¨® que Pinochet s¨®lo podr¨ªa ser extraditado a Espa?a -la vista definitiva est¨¢ prevista para el 27 de septiembre- por los delitos de tortura y conspiraci¨®n para la tortura presuntamente cometidos a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en la que entr¨® en vigor la llamada "doble incriminaci¨®n", por ser delitos tanto en Espa?a como en el Reino Unido.

Recientemente, en junio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resolvi¨® que la actitud de Fungairi?o en todo el tema puede ser discutible y criticable, pero no es delictiva. El profesor chileno Marcos Roberto Roitman hab¨ªa presentado una querella contra ¨¦l.

A mediados de ese mes, Garz¨®n ampli¨® una vez m¨¢s la investigaci¨®n por torturas contra Pinochet y arremeti¨® contra la fiscal¨ªa por alinearse en sus posturas, dijo, con los defensores del general.

La controversia se ha disparado de nuevo esta semana al airearse la petici¨®n del Ejecutivo chileno al espa?ol -que estudi¨® consultar al Consejo de Estado- de establecer un arbitraje amistoso entre ambos pa¨ªses que permitiese a Pinochet eludir la v¨ªa judicial y regresar a Chile, en cuyos tribunales tambi¨¦n tiene causas pendientes. Las asociaciones de jueces y fiscales rechazan esa medida y el PSOE exige al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que muestre al Congreso los documentos sumariales transmitidos a su hom¨®logo chileno, Juan Gabriel Vald¨¦s. Por a?adidura, la fiscal¨ªa reclama la libertad de Pinochet alegando el tiempo transcurrido, m¨¢s de cinco meses, sin que se haya resuelto en torno a la apelaci¨®n que present¨® en octubre de 1998.

Rubira, en su escrito del 29 de julio y tras hacer diversas consideraciones sobre la tipificaci¨®n de las torturas en el antiguo C¨®digo Penal espa?ol, incluso propone consultar al Supremo respecto a la posible condici¨®n de aforado de Pinochet como antiguo jefe de Estado. Para ello recuerda que la Constituci¨®n, en su art¨ªculo 56.3, se refiere a la persona del Rey como no sujeta a responsabilidad penal y que la Audiencia Nacional, el pasado 4 de marzo, al desestimar una querella contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, equipar¨® precisamente la figura del jefe de Estado con la del Rey.