La pol¨¦mica de las pensiones

El Auto del Tribunal Constitucional levantando la suspensi¨®n que pesaba sobre la decisi¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa de "mejorar" las pensiones no contributivas, ha vuelto a traer al primer plano de la actualidad la pol¨¦mica de las pensiones. A esa pol¨¦mica, centrada en este caso en la cuant¨ªa de las pensiones m¨¢s bajas, en particular de aquellas que, como las "no contributivas", no responden a un previo esfuerzo de cotizaci¨®n de quien las recibe, sino a la solidaridad del conjunto de la sociedad, y en las v¨ªas posibles de mejora de las mismas, entre ellas la decisi¨®n al respecto de las comunidades aut¨®nomas o de los municipios, quiero aportar algunas reflexiones.

En primer lugar, creo que hay que abordar el tema de la viabilidad jur¨ªdica y de la conveniencia pol¨ªtica de que en nuestro Estado de las Autonom¨ªas, las comunidades aut¨®nomas —y los municipios, no lo olvidemos— jueguen un papel propio en este terreno. La Junta de Andaluc¨ªa ha fundamentado su actuaci¨®n en que no ha procedido a mejorar ni a aumentar las pensiones no contributivas, sino que en virtud de sus competencias en materia de asistencia social, ha acordado una ayuda concreta y no consolidable para los perceptores de pensiones no contributivas.

Estas sutilezas jur¨ªdicas pueden dar para, debates sin fin (y est¨¢n en la l¨ªnea tan querida a cierta doctrina y presente en algunas decisiones del Tribunal Constitucional, de buscar rodeos para burlar, en favor de las comunidades aut¨®nomas, el deslinde competencial de nuestra Constituci¨®n), .y hay que reconocer que hasta ahora, en los casos de dudas interpretativas ha solido prevalecer el criterio de que el "progreso", lo pol¨ªticamente 'correcto, aconsejaba favorecer la atribuci¨®n de competencias a las comunidades, aut¨®nomas.

Adem¨¢s, en mi opini¨®n, en nuestros debates jur¨ªdicos ha tendido a prevalecer, tradicionalmente, el aspecto formal sobre el sustancial. Ha existido un "sentido jur¨ªdico" independiente y distinto del sentido com¨²n. Pero, a pesar de todo, si el sentido jur¨ªdico puede dar para mucho, el sentido com¨²n nos lleva a considerar que una "ayuda social" a personas necesitadas que se concreta en conceder una cantidad de dinero a los perceptores de pensiones no contributivas (no a quienes no alcancen determinadas rentas o se, encuentren en determinadas situaciones objetivas, etc¨¦tera), consiste en una mejora de las mismas, aunque sea una mejora no consolidable, concedida por una sola vez. Pero, en fin, el. Tribunal Constitucional con su recientemente reforzada autoridad doctrinal deber¨¢ decir en su sentencia lo que proceda al respecto.

Lo que me interesa en estos momentos aclarar es que, en mi opini¨®n, lo que no debe admitir la sociedad es que las comunidades aut¨®nomas, ninguna comunidad aut¨®noma, desarrollen una pol¨ªtica, aunque sea por v¨ªas indirectas o mediante subterfugios, en materias que no sonde su competencia, para "corregir" la pol¨ªtica del Gobierno. Las comunidades aut¨®nomas est¨¢n para gestionar adecuadamente, y si es posible eficazmente, sus competencias, no para impulsar una pol¨ªtica alternativa a la del Gobierno ni para "corregir" determinados aspectos de la misma. Si los partidos que ostentan el poder en una comunidad aut¨®noma consideran que la pol¨ªtica del Gobierno es equivocada, en el Parlamento est¨¢ la sede para discutir, tratar de condicionar o de corregir la misma. ', No podemos pervertir el sistema pol¨ªtico haciendo de los Gobiernos auton¨®micos mecanismos de oposici¨®n al Gobierno central en las materias de competencia de ¨¦ste. Eso significar¨ªa entrar en una din¨¢mica que podr¨ªa llegar a falsear, con los peligros a ello inherentes, las bases de funcionamiento de nuestro sistema pol¨ªtico constitucional.

Por otro lado, la tentaci¨®n de crear problemas al Gobierno desde algunos de los poderes territoriales puede tambi¨¦n generar situaciones peligrosas.

Enti¨¦ndaseme, hablo del Gobierno y de los poderes territoriales en abstracto. No hay que olvidar que lo que uno hace en un determinado momento; se lo pueden hacer otros en otros momentos. Si aprendemos de nuestros cl¨¢sicos, hemos de saber que es muy peligroso, si uno quiere subirse al burro que monta otro, ense?ar al burro a descabalgar a su montura e incitarle a, hacerlo, porque una vez aprendido eso, quien manda es el burro, o en todo caso al, quien siempre puede despu¨¦s recordarle sus conocimientos e incitarle a descabalgarnos a nosotros.

Aparte todo lo anterior, el sistema p¨²blico de pensiones basado en el reparto y en la solidaridad intergeneracional, afronta tales desaf¨ªos que la simple posibilidad de promover una carrera emulativa entre grupos pol¨ªticos o administraciones p¨²blicas, en la que terminar¨ªa prevaleciendo el c¨¢lculo electoral, es una apuesta segura por la quiebra del sistema. Produce escalofr¨ªos pensar que alguien pueda aunque s¨®lo sea arriesgarse a, poner en marcha, por un simple c¨¢lculo electoral, una bola de nieve capaz de arrastrar aspectos b¨¢sicos de nuestro sistema de protecci¨®n social.

Esta es una materia en la que cada partido pol¨ªtico, l¨®gicamente, tendr¨¢ sus planteamientos, consecuencia de sus opciones ideol¨®gicas, de sus prioridades para el gasto p¨²blico, de su concepci¨®n de la justicia social y de la solidaridad, etc¨¦tera. Pero esos planteamientos tienen su ¨¢mbito espec¨ªfico de desarrollo en las propuestas electorales, en los debates parlamentarios, etc¨¦tera. En ning¨²n caso deben propiciar una "subasta" a ver qui¨¦n es capaz de ofrecer m¨¢s, o de poner en dificultades al adversario ofreciendo m¨¢s, en la carrera hacia el poder.

Es preciso, adem¨¢s, un amplio debate social sobre estas cuestiones y una participaci¨®n decisoria en las mismas de los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales. Es el conjunto de la sociedad el que tiene que decidir qu¨¦ esfuerzo contributivo quiere o est¨¢ dispuesto a realizar —v¨ªa cotizaciones sociales o v¨ªa impuestos— para mantener la solidaridad intergeneracional que un sistema p¨²blico de pensiones basado en el reparto presupone.

No es hora, pues, de demagogias. Es hora de reflexi¨®n serena, de debates, de b¨²squeda de acuerdos que permitan que las decisiones que se tomen en este terreno tan complejo y tan delicado, gocen de una amplia aceptaci¨®n social y no pongan en peligro la viabilidad a medio y largo plazo del conjunto del sistema de protecci¨®n social.

Dicho todo lo cual, hay tambi¨¦n que decir que despu¨¦s de unos a?os que han sentado las bases de un crecimiento econ¨®mico sano y previsiblemente duradero (aunque queden asignaturas pendientes), es la hora de una mayor justicia social. Es decir, de una mayor participaci¨®n de los sectores m¨¢s desfavorecidos o desprotegidos de la sociedad en la riqueza que se est¨¢ creando. Y ah¨ª debe entrar en juego la responsabilidad del Estado y de su pol¨ªtica redistributiva; pudiendo y debiendo exigirse una mayor atenci¨®n a los sectores m¨¢s desfavorecidos (atenci¨®n concretada, entre otras cosas, en el aumento de la cuant¨ªa m¨ªnima de las pensiones).

Lo que ocurre es que el camino para ello no son los m¨¢s o menos audaces golpes de mano, ni la asunci¨®n de responsabilidades que no les corresponden por municipios y comunidades aut¨®nomas, sino las medidas legislativas y presupuestarias que el Gobierno —¨¦ste o cualquier otro—debe adoptar para dar respuesta a lo que debe ser una exigencia social y una reclamaci¨®n ineludible de todos los que pensamos que nuestra sociedad debe ser m¨¢s rica y m¨¢s desarrollada, pero tambi¨¦n m¨¢s justa y m¨¢s solidaria.

Federico Dur¨¢n L¨®pez es catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y presidente del Consejo Econ¨®mico y Social (CES).