La Constituyente decreta la "reorganizaci¨®n" de todos los poderes del Estado en Venezuela

ENVIADO ESPECIALLa Asamblea de Venezuela se adentr¨® el jueves definitivamente por un sendero de dudosa legalidad cuando, dejando de lado la tarea de redactar la nueva Constituci¨®n, aprob¨® su primer decreto ejecutivo, en el que declara "la reorganizaci¨®n de todos los ¨®rganos del poder p¨²blico". El texto aprobado anticipa que en breve plazo de tiempo "dispondr¨¢ la intervenci¨®n, modificaci¨®n o suspensi¨®n" de las instituciones que considere necesario para salvar a la patria del caos atribuido a la corrupci¨®n sin mesura del r¨¦gimen anterior.

De inmediato, la presidenta del Tribunal Supremo, Cecilia Sosa, advirti¨®: "La Asamblea no es un cogobierno; ustedes pueden sacar sus conclusiones". Sosa suger¨ªa con estas palabras que el acto del jueves fue ilegal, y las conclusiones que saca la oposici¨®n y muchos observadores independientes son que la convenci¨®n, en manos de los seguidores de Hugo Ch¨¢vez, ha consumado un golpe de Estado, jaleada por el propio presidente.Todo ello despu¨¦s de forzar al Congreso, dominado por los partidos tradicionales, a abdicar de su capacidad para legislar y tras violar una sentencia de marzo pasado en la que el Tribunal Supremo restring¨ªa las atribuciones de la Asamblea a redactar la futura ley fundamental y no le permit¨ªa asumir el poder m¨¢ximo del Estado. La decisi¨®n de meter mano en todas las instituciones del Estado se tom¨® en una ca¨®tica sesi¨®n el jueves, que se prolong¨® durante m¨¢s de nueve horas, y en la que rein¨® tal confusi¨®n que en un momento dado se aprob¨® por "mayor¨ªa evidente" -esto es, sin necesidad de contar los votos- una declaraci¨®n de "emergencia nacional" sin que muchos constituyentes supiesen siquiera lo que estaban aprobando, como qued¨® claro por las airadas protestas subsiguientes. Tal fue el malestar que el presidente de la Asamblea, Luis Miquilena, propuso derogar lo que se hab¨ªa aprobado para continuar la discusi¨®n, y as¨ª se hizo.

"Estamos aprendiendo"

En las intervenciones posteriores, muchos diputados alegaron su escasa o nula experiencia en los bretes legislativos para justificar el espect¨¢culo, y una de las constituyentes, menos vergonzosa que sus colegas en reconocer la incapacidad demostrada, se defendi¨®: "Estamos aprendiendo". En el segundo intento prevaleci¨® la tesis de los que propon¨ªan moderaci¨®n, que sostuvieron que proclamar la emergencia nacional equival¨ªa en la pr¨¢ctica a declarar el Estado de sitio, y que todo ello no har¨ªa m¨¢s que dar armas a los opositores que buscan aserruchar el piso a la revoluci¨®n de Ch¨¢vez, ayudados por la prensa extranjera, como denunci¨® el propio presidente ante la convenci¨®n al afirmar que existe una "campa?a internacional contra Venezuela", lo que caus¨® preocupaci¨®n entre los constituyentes, que temen una fuga masiva de capitales del pa¨ªs.Poco dispuesta a proporcionar m¨¢s munici¨®n a los enemigos del r¨¦gimen, entre los que se cuenta la prensa extranjera, los organismos financieros internacionales, la Internacional Socialista y el escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, seg¨²n el aluvi¨®n de declaraciones que sigui¨® a la denuncia del presidente, la convenci¨®n modific¨® el texto original y lo dej¨® como sigue: "En raz¨®n de la emergencia nacional existente en el pa¨ªs con anterioridad a la instalaci¨®n de esta Asamblea, se declara la reorganizaci¨®n de todos los ¨®rganos del poder p¨²blico". La nueva f¨®rmula evita la suspensi¨®n de derechos fundamentales y la restricci¨®n de garant¨ªas que acarreaba el texto original y busca no causar mayor alharaca en la comunidad internacional, seg¨²n declar¨® el presidente de la convenci¨®n.

Emergencia nacional

Salvado el escollo de la emergencia nacional, la convenci¨®n decidi¨® que la semana que viene estudiar¨¢ caso a caso qu¨¦ hacer con los poderes instituidos, incluyendo el judicial, encarnado por la Corte Suprema de Justicia, lo que anticipa un choque institucional in¨¦dito en la vida pol¨ªtica venezolana, formalmente democracia desde la ca¨ªda de la ¨²ltima dictadura, en 1959, y desvergonzado apa?o de los partidos tradicionales con los magistrados de la Corte, seg¨²n Ch¨¢vez y los suyos.

Con la denuncia de corrupci¨®n en el m¨¢ximo tribunal que blande el presidente coincide m¨¢s de un observador independiente, y hace ya m¨¢s de veinte a?os, el ex presidente R¨®mulo Betancourt, fundador de Acci¨®n Democr¨¢tica (AD), el partido socialdem¨®crata que los seguidores m¨¢s exaltados de Ch¨¢vez quisieron pasar a cuchillo, calific¨® al poder judicial de "pulper¨ªa para la compraventa de sentencias". Para el martes se espera que la convenci¨®n comience a emitir decretos espec¨ªficos, pues los constituyentes acordaron acudir ese d¨ªa con los textos preparados para intervenir lo que consideren m¨¢s corrupto. De nuevo, las voces m¨¢s sensatas se pronunciaron en contrario, y el asamble¨ªsta opositor Allan Brewer Car¨ªas, que fue el primero el jueves en advertir contra el radicalismo de la emergencia nacional, lament¨® "que la Asamblea se ponga a gobernar", en lugar de concentrarse en la redacci¨®n de la Carta Magna. El articulado y caracter¨ªsticas de la futura ley fundamental han dejado moment¨¢neamente de ser objeto de debate en Venezuela, ante la pol¨¦mica por las decisiones ejecutivas de la convenci¨®n.