Chile solicita formalmente a Espa?a que acepte un arbitraje internacional en el "caso Pinochet"

Chile pidi¨® ayer formalmente al Gobierno espa?ol que inicie "de inmediato" conversaciones para someter a un arbitraje la disputa que enfrenta a ambos pa¨ªses tras la detenci¨®n del ex dictador Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 por orden del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garz¨®n. La proposici¨®n se recoge en una extensa carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores espa?ol, Abel Matutes, por su hom¨®logo chileno, Juan Gabriel Vald¨¦s. "Estoy confiado de que su Gobierno (...) otorgar¨¢ una repuesta a la mayor brevedad a esta invitaci¨®n", se?ala.

"Al haber surgido este diferendo es obligaci¨®n ineludible de los Estados Partes de la Convenci¨®n someterse a la f¨®rmula de soluci¨®n de controversias que pactaron, so pena de faltar a los compromisos contra¨ªdos por un tratado internacional", afirma Vald¨¦s en la carta a su hom¨®logo espa?ol.El canciller chileno a?ade que esta "obligaci¨®n jur¨ªdica" debe ser cumplida por las partes "de buena fe", conforme a lo establecido en la Convenci¨®n de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El Gobierno de Chile, que se opone a que el exmilitar sea juzgado en Europa propuso el pasado mes de abril la f¨®rmula del arbitraje internacional, que sin embargo fue desestimada por el Consejo de Estado espa?ol porque Chile no hab¨ªa ratificado de forma plena la Convenci¨®n Internacional contra la Tortura de la ONU. No obstante, ayer mismo el Gobierno del presidente Eduardo Frei levant¨® la reserva que ten¨ªa planteada sobre el art¨ªculo 30 de dicha Convenci¨®n.

Mientras, la acusaci¨®n popular en la causa que se sigue contra Pinochet en la Audiencia Nacional se oponen a que el exdictador chileno pueda tener una representaci¨®n legal en Espa?a hasta que no se encuentre en el pa¨ªs.

En un escrito dirigido al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 5 por el abogado Joan Garc¨¦s, la acusaci¨®n popular se?ala que con esta maniobra Pinochet est¨¢ cometiendo "una aplicaci¨®n fraudulenta de la Ley".

Por su parte, el Ej¨¦rcito chileno pidi¨® no obstaculizar la reconstituci¨®n de la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos durante el r¨¦gimen militar (1973-1990) por la b¨²squeda de la justicia absoluta, y demand¨® superar la l¨®gica de "amigos-enemigos" para lograr que el di¨¢logo promovido por el Gobierno llegue a la reconciliaci¨®n.

Con un lenguaje novedoso, el texto del general Juan Carlos Salgado incluy¨® expresiones de comprensi¨®n ante el dolor de los familiares de las v¨ªctimas de la represi¨®n. Sin embargo, no mostr¨® m¨¢s cambios de fondo en la posici¨®n del Ej¨¦rcito que la sola presencia en este foro de di¨¢logo. Salgado, un militar muy cercano al jefe del Ej¨¦rcito, el general Ricardo Izurieta, sostiene que no se deben equiparar a los detenidos y desaparecidos con las denuncias de violaciones de derechos humanos. Sobre estos ¨²ltimos casos pidi¨® un enfoque amplio: la responsabilidad, seg¨²n ¨¦l, recae en los actores del cuerpo social que, por acci¨®n u omisi¨®n, crearon las condiciones para la violencia.

Para Salgado no existen condiciones para la entrega de informaci¨®n por los criterios parciales con que se abordan hoy los derechos humanos. Afirma que se deben desplegar los m¨¢ximos esfuerzos "para que la informaci¨®n que pueda existir -fragmentada y dispersa- pueda ser reintegrada y as¨ª satisfacer las explicables demandas de los familiares de todas las v¨ªctimas".