Extra?o tercer grado

Existen al menos dos aspectos que llaman poderosamente la atenci¨®n en la concesi¨®n del tercer grado penitenciario -puesta en libertad con la sola obligaci¨®n de pernoctar en la c¨¢rcel- a los tres m¨¢ximos responsables del llamado caso Ucifa, apenas cumplidos siete meses de una condena de ocho a?os que les fue impuesta por el uso de droga para pagar a confidentes. Uno es que sea un juez militar quien tome esa decisi¨®n; otro, que los beneficios del tercer grado penitenciario se otorguen en los inicios de la condena y en contra del informe del director de la prisi¨®n militar en la que los condenados estaban recluidos. Ambos aspectos merecen una pronta aclaraci¨®n. El caso Ucifa, que afect¨® a 15 miembros de la Unidad Central de Investigaci¨®n Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil, entre ellos tres de sus m¨¢ximos jefes, fue juzgado en su d¨ªa por la Audiencia Nacional y confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo. Nunca hubo duda de que se trataba de un asunto propio de la jurisdicci¨®n ordinaria y no de la castrense, limitada a las faltas y delitos relacionados con el funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas. Es posible que por razones de seguridad est¨¦ justificado que los tres antiguos responsables de la Ucifa ingresaran en una prisi¨®n militar, a pesar de que la pena de c¨¢rcel y de inhabilitaci¨®n que se les impuso implique su separaci¨®n del Ej¨¦rcito. En todo caso, ese ingreso cont¨® con la autorizaci¨®n de la Audiencia Nacional. Pero ese factor, meramente circunstancial, no justifica que sea la jurisdicci¨®n castrense, y no la ordinaria, la que decida sobre la ejecuci¨®n de la condena.

El recurso de la Fiscal¨ªa Antidroga ante la Audiencia Nacional puede servir para rectificar una decisi¨®n dudosa que, adem¨¢s, tiene visos de constituir una invasi¨®n indebida de la jurisdicci¨®n castrense en el ¨¢mbito de los tribunales civiles. Llama la atenci¨®n el comportamiento del teniente fiscal de la Audiencia, antiguo fiscal jur¨ªdico-militar, que intervino en el asunto marginando a la Fiscal¨ªa Antidroga, encargada en su d¨ªa de llevar la acusaci¨®n. ?Tiene que decir algo el fiscal general del Estado?