La justicia argentina dictamina que el robo de los hijos de los desaparecidos no prescribe

La justicia argentina ha emitido en el curso de una semana dos importantes fallos contra los ex jefes militares de la dictadura actualmente procesados que sientan precedente, suponen un "vuelco en la jurisprudencia" y ponen coto a la impunidad, seg¨²n coinciden diversas fuentes jur¨ªdicas. El jueves por la noche, la C¨¢mara Federal (el m¨¢s alto tribunal despu¨¦s de la Corte Suprema) rechaz¨® los argumentos de la defensa de los militares y declar¨® que el delito de apropiaci¨®n sistem¨¢tica de hijos de detenidas-desaparecidas que se imputa a altos jefes de las juntas no prescribe.

Su delito no prescribe, ya que no puede considerarse como "cosa juzgada" en el juicio a las juntas militares en 1985, ni est¨¢ cubierto por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en las que se han amparado los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Entre estos jefes militares inculpados se encuentran el general Jorge Rafael Videla, presidente de la primera junta tras el golpe, y el almirante Emilio Eduardo Massera, ex jefe de la Marina. Los magistrados entienden que el robo de beb¨¦s es un delito permanente y un crimen contra la humanidad, en sinton¨ªa con la Convenci¨®n Interamericana sobre Desaparici¨®n Forzada de Personas, que fue incorporada a la Constituci¨®n argentina en 1994. Asimismo, han echado por tierra las pretensiones de la defensa de que se trata de delitos que ya fueron juzgados y que, en todo caso, la competencia del caso deber¨ªa corresponder a la justicia militar. En consecuencia, el juez Adolfo Bagnasco tiene el camino libre para continuar con el proceso de ocho altos jefes que cumplen arresto domiciliario.

Emilio Massera, considerado uno de los cerebros de la dictadura, recibi¨® en d¨ªas pasados otro varapalo sin precedentes al condenarle la Corte Suprema a indemnizar de su propio bolsillo a un familiar de las v¨ªctimas de la represi¨®n. El almirante deber¨¢ abonar 120.000 pesos (unos dos millones de pesetas) como indemnizaci¨®n a Daniel Tarnopolsky, ¨²nico superviviente de una familia aniquilada. En la misma sentencia, el Estado argentino, como responsable por la actuaci¨®n irregular de sus ¨®rganos, ha sido condenado a pagar otro mill¨®n de pesos.

El m¨¢s alto tribunal argentino ha abierto la puerta a fallos similares contra otros jefes militares imputados. ?Qui¨¦n ser¨¢ el pr¨®ximo? Puede ser cualquiera de los comandantes de la junta militar que cumplen arresto domiciliario y est¨¢n procesados por el robo de hijos de detenidas-desaparecidas, como los ex presidentes Jorge Rafael Videla o Reynando Bignone, o el general Cristino Nicolaides, ¨²ltimo jefe del Ej¨¦rcito durante la dictadura. El Gobierno y las Fuerzas Armadas mantienen un significativo silencio tras la publicaci¨®n de los dos fallos.

La abogada Betina Stein, que defiende los derechos de Daniel Tarnopolsky, sostiene que se trata de "un fallo hist¨®rico", ya que es la primera vez que un responsable directo del terrorismo de Estado es condenado a pagar a su propia v¨ªctima. En su opini¨®n, la sentencia del alto tribunal es peor para los militares que el juicio a las juntas de 1985, en el que los jefes de la dictadura -Massera entre ellos- fueron condenados a cadena perpetua, aunque m¨¢s tarde fueron amnistiados.

Todo negociable

"En aquella ocasi¨®n, los que se sentaban en el banquillo de los acusados sab¨ªan que todo era negociable y que tarde o temprano llegar¨ªa el indulto, como as¨ª fue. Los condenados viv¨ªan en una celda VIP y contaban con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ahora no tienen a nadie detr¨¢s, el Ej¨¦rcito les desprecia, el Estado hizo todo lo que pudo en esta causa y ha perdido", dice la abogada Stein. La Corte Suprema desestim¨® las alegaciones tanto de Massera como del Estado, y confirm¨® las sentencias dictadas con anterioridad en primera y segunda instancia. El fallo es inapelable, y Massera s¨®lo puede declararse insolvente o apelar al perd¨®n de Daniel Tarnopolsky, "una pobre rata jud¨ªa", seg¨²n su propio comentario. Pero el superviviente de la familia asesinada por la dictadura no piensa en el perd¨®n: "He ganado un juicio, pero sigo sin conocer la verdad, sin saber d¨®nde est¨¢n". Advierte de que seguir¨¢ dando pasos -"quiero ver si puedo colaborar en la investigaci¨®n del juez Garz¨®n"-, porque, aunque no se dedicar¨¢ al cien por cien, "siempre tendr¨¦ un pie en esto". Se siente victorioso "porque los criminales est¨¢n marcados a fuego. Massera, aunque me pague los 120.000 pesos, va a quedar marcado para siempre".

Tarnopolsky vive lo ocurrido como "una victoria personal contra el Gobierno de Carlos Menem. El Estado, a trav¨¦s del procurador general del Tesoro, hizo todo lo posible para joderme. Fue muy beligerante en la defensa del principio de que el delito hab¨ªa prescrito. Trataron por todos los medios de evitar una sentencia que sentara un precedente. ?Ojo!, que pueden venir muchas demandas y esto podr¨ªa llegar a afectar a las arcas del Estado, fue uno de los argumentos del procurador del Tesoro".

Los hechos se desarrollaron de la siguiente forma: el 15 de julio de 1976, individuos armados vestidos de paisano secuestraron al matrimonio formado por Hugo Abraham Tarnopolsky, de 51 a?os, qu¨ªmico, y Blanca Edith Edelberg, de 48 a?os. Al mismo tiempo, su hija Bettina Tarnopolski, de 15 a?os, desaparec¨ªa de la vivienda de la abuela, y el hijo Sergio, de 21, de las instalaciones de la Escuela Superior de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA), donde cumpl¨ªa el servicio militar. Daniel, el mayor de tres hermanos, tuvo suerte y no estaba en casa. Era una familia jud¨ªa y ampliamente conocida en los c¨ªrculos intelectuales de Buenos Aires. La acci¨®n represiva estaba perfectamente coordinada y, seg¨²n supo posteriormente el ¨²nico superviviente, la polic¨ªa del barrio hab¨ªa sido advertida para que no interviniera.