La oposici¨®n pide que los ediles que vendieron la funeraria sean suspendidos de sus funciones

La oposici¨®n municipal (IU y PSOE) carg¨® ayer contra el PP por la privatizaci¨®n de la funeraria. La operaci¨®n, aprobada en 1992, se ha cargado de sospechas debido a la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa General de dar luz verde a la querella preparada por el Fiscal Anticorrupci¨®n por las presuntas irregularidades de la venta. La portavoz adjunta del PSOE, Cristina Narbona, y la de IU, In¨¦s Saban¨¦s, pidieron ayer al alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, que ordene la suspensi¨®n de funciones de dos concejales contra los que se ha querellado la fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

El Fiscal General del Estado dio hace m¨¢s de un mes su visto bueno a la querella que el equipo del fiscal Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, ha elaborado por las presuntas irregularidades en el proceso de privatizaci¨®n de la funeraria municipal en 1992. Entre los imputados por la fiscal¨ªa se encuentran cuatro altos cargos del PP (Sim¨®n Vi?als, Antonio Moreno, Jos¨¦ Ignacio Ech¨¢niz y Luis Mar¨ªa Huete) a los que se atribuyen supuestos delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de fondos. Dos de estos altos cargos eran en 1992, cuando se vendi¨® la funeraria, y siguen siendo hoy concejales del Ayuntamiento de Madrid: Sim¨®n Vi?als, de Salud, y Antonio Moreno, de Patrimonio.

Narbona considera que ni Vi?als ni Moreno "son los m¨¢s adecuados, actualmente, para manejar miles de millones de pesetas, tal y como hacen en sus actuales cargos".

Responsabilidad

Narbona mantiene que el alcalde deber¨ªa "asumir sus responsabilidades pol¨ªticas y suspender temporalmente de sus funciones a Vi?als y Moreno mientras se celebra el juicio y est¨¢n bajo sospecha". Para Narbona, la investigaci¨®n no termina aqu¨ª: "Tambi¨¦n vamos a examinar, gracias a los datos proporcionados por la querella, los n¨²meros de Funespa?a [empresa que gestiona la funeraria tras adquirir el 49% de sus acciones al precio de 100 pesetas], debido a que las irregularidades se siguen cometiendo y no tenemos informaci¨®n suficiente", a?adi¨® la portavoz adjunta del PSOE.

Otro de los responsables de la controvertida privatizaci¨®n de la funeraria municipal es, seg¨²n la fiscal¨ªa, Luis Mar¨ªa Huete, concejal desde 1974 y entre 1991 y 1995 primer teniente de alcalde. Ahora ocupa un esca?o en el parlamento regional y durante la pasada legislatura tambi¨¦n fue senador por designaci¨®n auton¨®mica.

El jueves, tras conocer la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa General, Luis Mar¨ªa Huete declar¨®: "Que nos digan con qu¨¦ pistola hemos robado".

In¨¦s Saban¨¦s coincidi¨® con Narbona en exigir "responsabilidades pol¨ªticas al alcalde". "Y esto significa", explic¨® la portavoz de IU, "que los concejales implicados, Sim¨®n Vi?als y Antonio Moreno dimitan, y si no quieren dimitir, que sean destituidos". La n¨²mero uno de IU en el Ayuntamiento a?adi¨® despu¨¦s que estos dos ediles "no son, desde luego, los m¨¢s indicados para manejar dinero p¨²blico hasta que no se aclare toda la situaci¨®n".

Saban¨¦s record¨® que su grupo lleva denunciando el proceso de privatizaci¨®n de la funerara "desde el inicio". "De hecho, la iniciativa del Fiscal Anticorrupci¨®n responde a una querella interpuesta por IU en 1996", a?adi¨®. Saban¨¦s a?adi¨® que "hay que estudiar si, teniendo en cuenta las irregularidades comprobadas y las que van surgiendo, es conveniente rescindir el contrato a Funespa?a".

En 1992, Funespa?a pag¨® 100 pesetas al Ayuntamiento por las acciones de la funeraria municipal. Desde entonces, ha generado m¨¢s de 6.000 millones de pesetas de beneficios. El interventor municipal, encargado de velar por los intereses del Consistorio, se mostr¨® contrario a la venta porque sosten¨ªa que la deuda que por entonces arrastraba la funeraria (2.274 millones) deb¨ªa ser sufragada por los compradores antes de hacerse con las acciones. No fue as¨ª. Tambi¨¦n el presidente de Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, tach¨® de "injustificada" y "poco clara" la privatizaci¨®n de la funeraria. Y a?adi¨® "No existieron informes en el Ayuntamiento que avalaran que la privatizaci¨®n era la forma id¨®nea de la gesti¨®n".

El Gobierno municipal, del PP, evit¨® fuera del plazo establecido un rapapolvo del Tribunal de Cuentas al exigir por carta a Funespa?a en 1998 la devoluci¨®n de la deuda.