El Gobierno de Chile revisar¨¢ los acuerdos firmados con Espa?a

El Gobierno chileno aprovech¨® el 11 de septiembre, una fecha de gran simbolismo para detractores y partidarios de Pinochet, para arremeter contra Espa?a. El viceministro chileno de Exteriores, Mariano Fern¨¢ndez, admiti¨® que las relaciones atraviesan una situaci¨®n "compleja" y anunci¨® que Chile deja sin efecto el Tratado de Soluci¨®n de Controversias, firmado por ambos pa¨ªses en 1927, y que proceder¨¢ a revisar todos los acuerdos firmados con Espa?a.

El viceministro puntualiz¨® que la revisi¨®n no incluye el Tratado de Protecci¨®n de Inversiones del a?o 1994. La derecha lleva tiempo pidiendo la suspensi¨®n de este tratado y, en julio, la Comisi¨®n de Exteriores del Senado (donde la coalici¨®n gubernamental de democristianos y socialistas no tiene la mayor¨ªa) aprob¨® una iniciativa en este sentido, lo que provoc¨® el rechazo inmediato del presidente de la Rep¨²blica, Eduardo Frei, y del ministro de Exteriores, Juan Gabriel Vald¨¦s. El Gobierno se descuelga ahora de un tratado que Chile suscribi¨® hace 72 a?os y que invoc¨® precisamente el 23 de julio, cuando Vald¨¦s pidi¨® oficialmente al ministro espa?ol de Exteriores, Abel Matutes, el inicio de conversaciones para un arbitraje sobre la competencia de la justicia espa?ola en el caso Pinochet. La propuesta chilena planteaba discutir la cuesti¨®n a la luz del referido tratado y de la Convenci¨®n Internacional contra la Tortura, firmada por Espa?a, el Reino Unido y Chile, con la ¨²nica salvedad de que este ¨²ltimo pa¨ªs manten¨ªa una reserva sobre el art¨ªculo 30 impuesta durante el r¨¦gimen de Pinochet.

Este art¨ªculo se refiere al di¨¢logo pol¨ªtico entre las partes en caso de controversia, agotado el cual se recurrir¨¢ a un arbitraje, y, en ¨²ltima instancia, al Tribunal Internacional de La Haya. El 3 de septiembre, el canciller Vald¨¦s remiti¨® una nueva carta a su hom¨®logo espa?ol en la que propon¨ªa oficialmente el arbitraje. Entretanto, Chile hab¨ªa levantado la reserva al art¨ªculo 30 de la Convenci¨®n contra la Tortura.

Se produjo, pues, la paradoja de que un Gobierno democr¨¢tico eliminaba, para defender a un exjefe de Estado, una cl¨¢usula de un tratado que hab¨ªa sido impuesta por aquel mismo jefe de Estado porque cuando estaba en el poder desconfiaba de los tribunales internacionales. En este sentido, la derecha pinochetista nunca vio con agrado la idea de levantar la reserva al art¨ªculo 30 de la Convenci¨®n contra la Tortura,por considerar que llevar el caso hasta el Tribunal de La Haya implicaba un proceso largo y sin garant¨ªas de ¨¦xito.

Por otra parte, el tratado de arbitraje que ahora denuncia Chile establece en el art¨ªculo quinto que no ser¨¢ aplicable en los casos que se susciten entre un ciudadano "de una de las altas partes contratantes y el otro Estado, cuando los jueces o tribunales de este ¨²ltimo Estado tengan, seg¨²n su legislaci¨®n, competencia para juzgar la referida cuesti¨®n". Hay que recordar en este punto que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional vot¨® por unanimidad, en octubre de 1998, la competencia de los tribunales espa?oles para juzgar a Pinochet.

En este contexto, no es aventurado se?alar que el Gobierno chileno conoc¨ªa las dificultades que entra?aba la v¨ªa del arbitraje, m¨¢s all¨¢ del abrumador rechazo pol¨ªtico que la propuesta gener¨® en Espa?a. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo chileno ve acercarse la fecha del inicio del juicio de extradici¨®n y arrecian las presiones de los militares y los sectores fieles al ex dictador.

Era necesario un gesto ante el primer 11 de septiembre no festivo y sin la presencia de Pinochet en Chile desde el golpe de Estado. La denuncia del tratado de arbitraje se enmarca m¨¢s en una pol¨ªtica de gestos, de amagar y no dar, que en una firme voluntad de avanzar hacia medidas m¨¢s radicales, como la eventual ruptura de relaciones diplom¨¢ticas con Espa?a, como sugieren los sectores m¨¢s fanatizados de la derecha pinochetista.

Pese al bajo perfil de las relaciones oficiales entre Espa?a y Chile desde la detenci¨®n de Pinochet, los intereses econ¨®micos no se han visto afectados, tal y como demuestran las estad¨ªsticas de la inversi¨®n espa?ola. Sin embargo, en los ¨²ltimos d¨ªas dos hechos que afectan a intereses espa?oles podr¨ªan dar lugar a especulaciones en sentido contrario: por una parte, un juez ha ordenado paralizar las obras de la presa hidroel¨¦ctrica de Ralco, que Endesa lleva a cabo en tierras ancestrales de indios mapuches, y, por otra, Telef¨®nica ha advertido que podr¨ªa replantearse sus inversiones en Chile si pierde la batalla judicial contra un decreto que le impone una rebaja de las tarifas que, en opini¨®n de la empresa espa?ola, beneficia a las empresas de la competencia.