La pol¨ªtica de competencia

La competencia es un valor en alza. Ello, seguramente, deriva del reconocimiento de la superioridad del mercado como mecanismo de asignaci¨®n de recursos. Sin embargo, el funcionamiento de los mercados se aleja bastante del modelo te¨®rico e ideal de competencia perfecta, que supone un n¨²mero muy elevado de oferentes y un producto absolutamente homog¨¦neo cuyo precio se iguala al coste de los recursos empleados para obtener la ¨²ltima unidad producida. En el mundo real, la situaci¨®n predominante es el oligopolio o, si acaso, la competencia monopol¨ªstica, ya que, incluso en el caso de existir un n¨²mero elevado de oferentes, las empresas tienen cierta capacidad de diferenciaci¨®n de su producto, lo que les otorga poder de mercado. Partiendo de esta realidad, se fundamenta y justifica que los Gobiernos vigilen el funcionamiento de los mercados a trav¨¦s de la pol¨ªtica de competencia. As¨ª, EE UU, paradigma de la econom¨ªa de mercado, cuenta con la m¨¢s larga e intensa tradici¨®n antitrust, habiendo sido aprobado su corpus central de legislaci¨®n antimonopolio hace m¨¢s de un siglo. En Espa?a, el primer intento serio de pol¨ªtica de competencia lo tenemos en la Ley del 98, cuya aprobaci¨®n se realiza para acomodarnos a la normativa comunitaria. No obstante, actualmente se ha intensificado la urgencia de contar con una pol¨ªtica antimonopolio eficaz como consecuencia de dos causas interrelacionadas. Primero, la adopci¨®n del euro supone la p¨¦rdida de instrumentos de pol¨ªtica econ¨®mica -tipo de cambio y pol¨ªtica monetaria-, lo que hace a¨²n m¨¢s relevante el garantizar un funcionamiento adecuado de los mercados de bienes y servicios. Adem¨¢s, el intenso esfuerzo de privatizaci¨®n y liberalizaci¨®n llevado a cabo en los ¨²ltimos a?os en Espa?a demanda vigilar con especial atenci¨®n el comportamiento de aquellas empresas que fueron anteriormente monopolios, evitando abusos de posici¨®n de dominio y la introducci¨®n de barreras de entrada a nuevos competidores.

Por ello, la pol¨ªtica de competencia ha sido y es una pieza transcendental de la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno, lo que se ha concretado en numerosas actuaciones. As¨ª, en el paquete de medidas de junio del 96 se ampli¨® al ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la Ley de Competencia a las instituciones p¨²blicas. Esta modificaci¨®n tiene una importancia singular puesto que la experencia demuestra que son las empresas p¨²blicas, y, ¨²ltimamente, con especial intensidad las auton¨®micas y locales, las que producen un mayor n¨²mero de ofensas a la competencia. M¨¢s pr¨®ximamente se ha modificado el entramado de control de concentraciones pasando de un sistema de notificaci¨®n voluntaria a otro obligatoria, en l¨ªnea con lo existente en la Uni¨®n Europea. A su vez, los ¨®rganos de defensa de la competencia han intensificado notablemente su vigilancia sobre el proceso de concentraci¨®n empresarial para evitar que la, en muchas ocasiones l¨®gica b¨²squeda de mayor escala v¨ªa fusiones y adquisiciones, afecte negativamente a los consumidores y usuarios. Acuerdos recientes del Consejo de Ministros en ¨¢mbitos como el az¨²car, las fusiones bancarias o el energ¨¦tico son ejemplos claros del cambio de pol¨ªtica efectuado. Por ¨²ltimo, el Gobierno ha remitido hace pocos meses al Parlamento un proyecto de nueva Ley de Competencia en el que se otorgan m¨¢s funciones e independencia al Tribunal de la Competencia, y se simplifica el procedimiento administrativo, estableci¨¦ndose plazos m¨¢s cortos en las actuaciones del Servicio y el Tribunal de Competencia.

El planteamiento anterior no deja, evidentemente, de tener enemigos y cr¨ªticas. El principal adversario se encuentra en aquellos que consideran que la pol¨ªtica econ¨®mica debe ir dirigida b¨¢sicamente a favorecer la existencia de empresas grandes y poderosas. Esta l¨ªnea de pensamiento, de car¨¢cter neomercantilista, olvida, a mi entender, que al calor de la protecci¨®n surgen ¨²nicamente gigantes con pies de barro, y que las empresas m¨¢s fuertes y eficientes son aquellas sometidas a la rivalidad de sus competidores. Otras fuentes de cr¨ªtica provienen de las escuelas austriaca y de Virginia, que resaltan que las autoridades antitrust toman sus decisiones con una visi¨®n est¨¢tica y que en ocasiones buscan objetivos distintos que la defensa del inter¨¦s general. De cualquier modo, parece claro que la pol¨ªtica de competencia jugar¨¢ en el futuro un papel cada vez m¨¢s activo como elemento que facilita la competencia entre el l¨®gico comportamiento maximizador de beneficios de las empresas y los intereses de los consumidores.

Luis de Guindos es director general de Pol¨ªtica Econ¨®mica y Defensa de la Competencia.