La competencia, despu¨¦s del PP

Porque no cabe esperar demasiado del durante. Recordemos que el pen¨²ltimo paquete de reformas estructurales, el de abril de este a?o, puso en relaci¨®n la tarifa el¨¦ctrica con el precio del aceite, actu¨® sobre el precio regulado de un servicio que no forma parte de la cesta del IPC y redujo durante un par de horas el precio de la bombona de butano para conseguir una disminuci¨®n de la inflaci¨®n una d¨¦cima de punto porcentual, que probablemente no alcanza el 10% del error de medici¨®n. Por ello, es obligado referirse al despu¨¦s. Centrar¨¦ la atenci¨®n en los que, a mi juicio, constituyen los problemas fundamentales. Un primer problema es la incongruencia de la regulaci¨®n de una buena parte de los servicios b¨¢sicos de naturaleza mercantil con respecto a las estructuras de los mercados. En t¨¦rminos generales, los niveles de concentraci¨®n empresarial impiden la existencia de rivalidad entre las empresas y, desde luego, el ejercicio efectivo de los derechos de elecci¨®n de los consumidores entre ofertas independientes. A ello hay que a?adir que las regulaciones vigentes, por ejemplo, las relativas a los reg¨ªmenes de transici¨®n a la competencia, dificultan la incorporaci¨®n a los mercados de otras empresas potencialmente competidoras. As¨ª, no cabe pensar que en un plazo razonable se produzcan las condiciones precisas para que pueda haber competencia efectiva en sectores como el de hidrocarburos o el el¨¦ctrico, a no ser que se opere sobre los par¨¢metros de mercado que restringen la competencia y se promueva la entrada de nuevos competidores.

La citada incongruencia lleva a que carezca de sentido atribuir a las empresas la facultad de fijar libremente los precios, como si la aprobaci¨®n de una ley tuviera como consecuencia inmediata la rivalidad entre las empresas. Por ejemplo, la supresi¨®n de los precios m¨¢ximos de las gasolinas o gas¨®leos ha dado lugar a que en el mes de junio los madrile?os hayan pagado casi tres pesetas m¨¢s por litro de gas¨®leo de automoci¨®n de lo que hubieran satisfecho caso de mantenerse el r¨¦gimen anterior. Ello sucede, adem¨¢s, en un ¨¢mbito geogr¨¢fico donde la densidad de la demanda deber¨ªa favorecer la existencia de competencia.

Un segundo problema tiene que ver con la concentraci¨®n intersectorial en el ¨¢mbito de los servicios b¨¢sicos. La provisi¨®n de electricidad, gas natural, butano, gasolinas y gas¨®leos, servicios de autopistas, telecomunicaciones, servicios de cable, servicios bancarios e incluso medios de comunicaci¨®n resulta, en todo o en parte, de la actividad de empresas con accionistas o intereses comunes, en ocasiones, adem¨¢s anudadas mediante alianzas estrat¨¦gicas protectoras. La consecuencia de tal fen¨®meno es la emergencia de un poder no sujeto a las reglas de la competencia, cuyo tama?o le confiere una capacidad de influencia considerable sobre el Estado.

Como en estas materias la abstracci¨®n es enemiga de la claridad, tengo que citar a Julia Otero. Telef¨®nica puede ofrecer mucho al poder pol¨ªtico; sin duda, son grandes sus exigencias. Forma parte de la l¨®gica econ¨®mica que su destituci¨®n tenga contrapartidas generosas para Telef¨®nica; forma parte de la l¨®gica del poder que no sepamos el alcance de las mismas. Lo malo es que las pagaremos en el recibo. Si la situaci¨®n no se remedia, es dudoso que el poder pol¨ªtico resista la tentaci¨®n de pactar con ¨¦ste u otros grupos de inter¨¦s las condiciones de ejercicio de sus actividades y otros extremos, sin las limitaciones derivadas de las reglas de la competencia o de los mecanismos de control pol¨ªtico.

El tercer problema que quiero mencionar se refiere a la salud de los instrumentos de defensa de la competencia. El examen de las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y, en general, de las decisiones de las autoridades espa?olas de competencia invita a pensar que, de hecho, el Estado no defiende el buen funcionamiento del mercado. Para ello basta con constatar que, enfrentado a la lluvia de concentraciones en los sectores de servicios b¨¢sicos, alianzas entre empresas potencialmente competidoras, constituci¨®n de barreras a la entrada y otras decisiones empresariales contrarias a las reglas del mejor mercado, ha mirado como anta?o a las escuelas de conducci¨®n, vacunas antigripales, alquiler de v¨ªdeos y otros sectores de trascendencia similar para los intereses de los ciudadanos. En todo caso, el arrinconamiento del Tribunal y de los organismos de regulaci¨®n sectorial, especialmente de la Comisi¨®n del Sistema El¨¦ctrico Nacional, ha cegado una de las fuentes principales de defensa de la competencia: la transparencia y la informaci¨®n.

Se dir¨¢ que las cosas van a cambiar con la nueva Ley de Defensa de la Competencia. No lo creo. Este menester tiene que ver sobre todo con la voluntad pol¨ªtica de limitar el poder de mercado de las empresas. La ley vigente hubiera permitido actuar a las autoridades de competencia. A lo mejor hay que esperar al despu¨¦s.

Alberto Lafuente F¨¦lez es catedr¨¢tico de la Universidad de Zaragoza.