Un tratado nunca invocado

El tratado de arbitraje de 1927, que Chile ha dejado sin efecto, seg¨²n anunci¨® el subsecretario chileno de Asuntos Exteriores, Mariano Fern¨¢ndez, la semana pasada, fue uno de los tantos convenios suscritos por Espa?a con varias rep¨²blicas de Am¨¦rica Latina durante la dictadura del general Primo de Rivera. Aunque es posible que haya sido invocado en alguna ocasi¨®n, nunca sirvi¨® para resolver controversia alguna entre Espa?a y Chile. Tampoco fue invocado por el Gobierno de Eduardo Frei en el caso Pinochet. Fue un ex director jur¨ªdico de la Canciller¨ªa chilena, Eduardo Bio, quien lo descubri¨® el pasado mes de mayo, en el marco de un almuerzo de consulta convocado en Santiago por el actual director jur¨ªdico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Jaime Lagos. El entonces ministro de Exteriores, Jos¨¦ Miguel Insulza, consider¨® que pod¨ªa ser la v¨ªa para discutir con Espa?a el caso Pinochet. Sin embargo, Insulza nunca lleg¨® a plantear a Espa?a la aplicaci¨®n del tratado de 1927.

Al ser sustituido por Juan Gabriel Vald¨¦s, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a mediados de este a?o, la nueva orientaci¨®n fue la de aparcar el tratado de 1927 y, en cambio, solicitar a Espa?a un arbitraje en base al art¨ªculo 30 de la Convenci¨®n contra la Tortura de Naciones Unidas. Precisamente la primera carta enviada por Vald¨¦s el pasado 23 de julio al ministro espa?ol de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, enfatiza la petici¨®n de un arbitraje, seg¨²n el citado art¨ªculo 30.

Las razones para aparcar el tratado de 1927 eran bastante evidentes. Por un lado, a fin de preservar la independencia de los tribunales, el tratado establece una cl¨¢usula de exclusi¨®n, seg¨²n la cual antes de su aplicaci¨®n deben agotarse los recursos internos en cada pa¨ªs, dentro del ordenamiento jur¨ªdico. En el caso Pinochet, esto no ha ocurrido. La otra raz¨®n importante es que el tratado de 1927 no prev¨¦ un sistema autom¨¢tico de petici¨®n de arbitraje.

Seg¨²n el dictamen elaborado con fecha 3 de junio de 1999 por Juan Antonio Y¨¢?ez, a petici¨®n del Ministerio de Asuntos Exteriores espa?ol, "el tratado exige que, para cada caso que se plantee, habr¨¢ de concertarse un compromiso especial, que fije todos los aspectos del arbitraje: la materia del litigio, la composici¨®n del tribunal arbitral, los poderes de ¨¦ste, el procedimiento a seguir, la financiaci¨®n, y otros".

"El tratado funciona, por tanto, como un convenio-marco o, a lo sumo, como un pactum de negotiando, que requiere la negociaci¨®n de un acuerdo espec¨ªfico, y consiguientemente una nueva manifestaci¨®n de voluntad para cada arbitraje que las partes deseen celebrar", a?ade el dictamen.

Compromiso especial

A las autoridades chilenas no se les escapaba que una negociaci¨®n entre Espa?a y Chile, a fin de concluir un compromiso especial en el caso Pinochet, hubiera sido muy dif¨ªcil. Entre otras razones, quiz¨¢ la m¨¢s relevante era que un "compromiso especial" deber¨ªa ser aprobado en el Parlamento espa?ol, antes de que se procediera a su ratificaci¨®n. La cancelaci¨®n de este tratado unilateralmente por Chile es una maniobra de bajo coste, por su virtual inutilidad. Espa?a, curiosamente, estudi¨® en su momento la posibilidad de apelar al mismo para proponer un arbitraje sobre el caso Carmelo Soria, el funcionario espa?ol de Naciones Unidas que fue secuestrado, torturado y desaparecido en el Chile de Pinochet, pero lo descart¨®. La carta del 23 de julio pasado de Vald¨¦s, en la que propon¨ªa el arbitraje en base a la Convenci¨®n contra la Tortura, no fue respondida, lo que ha originado una segunda misiva del ministro chileno.