Un auto judicial autoriza a la Cope a emitir por las frecuencias que le retir¨® la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) dict¨® ayer un auto en el que mantiene provisionalmente las tres frecuencias de radio que la Generalitat retir¨® a la Cope en mayo pasado, mientras resuelve el recurso de la cadena episcopal contra el decreto de concesi¨®n de emisoras por el que el Gobierno de CiU no le renov¨® tres licencias. Sin embargo, la Generalitat se mostr¨® ayer satisfecha con el auto porque no ha suspendido cautelarmente el concurso, por lo que no lo recurrir¨¢. El socialista Pasqual Maragall afirm¨® que Pujol "est¨¢ fracasando en todo".

El auto judicial conocido ayer no resuelve el fondo del asunto. No obstante, los jueces permiten a la Cope que contin¨²e emitiendo por las frecuencias que ten¨ªa, puesto que no ven en qu¨¦ se perturbar¨ªa el inter¨¦s p¨²blico si tales emisiones fueran cortadas antes de que los nuevos beneficiarios -el Grupo God¨® entre ellos- pudieran poner en marcha las emisoras obtenidas. El auto especifica que no paraliza el proceso de concesi¨®n de las emisoras "hasta la autorizaci¨®n, en su caso, de su puesta en funcionamiento". La consejera de Justicia del gobierno catal¨¢n, N¨²ria de Gispert, sali¨® ayer en defensa de la medida que la Generalitat tom¨® el pasado 4 de mayo de no renovar tres emisoras que la Cope tiene en Barcelona, Tarragona y Manresa. De Gispert subray¨® que la decisi¨®n judicial "dice claramente que el decreto (de concesi¨®n de licencias de radio) no vulnera ning¨²n derecho y contin¨²a vigente".

El Grupo God¨®, que obtuvo 10 licencias en el concurso, entre ellas dos de las que ten¨ªa la Cope, valor¨® "positivamente" la resoluci¨®n porque el tribunal permite que prosiga el proceso administrativo de la concesi¨®n de licencias. "Estamos trabajando para ultimar nuestra proyecto", explicaron desde el grupo editor de La Vanguardia. Pero la lectura que hace el director de la Cope en Barcelona, Jordi Jord¨¤, es muy distinta: "El seguir emitiendo es lo m¨¢ximo que pod¨ªamos esperar", explica Jord¨¤, "porque para suspender la adjudicaci¨®n de licencias har¨ªa falta una sentencia y no un auto". En un punto intermedio, el presidente del Consejo Audiovisual de Catalu?a, Llu¨ªs de Carreras, asegur¨® que "la justicia lo que hace es dejar las cosas como est¨¢n" y declar¨® su deseo de que haya sentencia cuanto antes, porque la actual situaci¨®n pone tanto a la Cope como a los nuevos adjudicatarios "en una situaci¨®n de transitoriedad que no es buena".

El anuncio del auto judicial provoc¨® inmediatamente reacciones pol¨ªticas. El candidato del Partit dels Socialistes de Catalunya a la Presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, dijo que el auto demuestra que el presidente Jordi Pujol "est¨¢ fracasando en todo". El l¨ªder socialista enumer¨® lo que, en su opini¨®n, son continuos tropiezos de los nacionalistas: la cesi¨®n del IRPF, el decreto del cine doblado al catal¨¢n y, ahora, su pol¨ªtica en la concesi¨®n de frecuencias radiof¨®nicas. Maragall abund¨® en que el auto judicial confirma que la adjudicaci¨®n de frecuencias de la Generalitat fue "muy partidista".

El Partido Popular (PP) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) tambi¨¦n cargaron contra CiU. El eurodiputado y ex presidente del PP en Catalu?a, Aleix Vidal-Quadras, calific¨® de "muy justa" la determinaci¨®n judicial, lo que en su opini¨®n pone de manifiesto el "disparate" que cometi¨® el Gobierno de CiU al "cerrar" las emisoras de la Cope. Por su parte, el portavoz de IC-V, Jordi Guillot, asegur¨® que este asunto "evidencia que Pujol actu¨® con prisas y nerviosismo en la adjudicaci¨®n de las frecuencias de FM ante la posibilidad de perder las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas", que se celebrar¨¢n el 17 de octubre.

El PP record¨® ayer que ni IC-V ni Esquerra Republicana (ERC) apoyaron la moci¨®n parlamentaria en la que el Grupo Popular ped¨ªa la revocaci¨®n del decreto de la Generalitat en la concesi¨®n de emisoras.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Aznar, Josep Piqu¨¦, celebr¨® que se evite "cualquier medida que pudiera resultar contraria a la libertad de expresi¨®n".