Los jueces condenan la carga policial durante la visita de Aznar a la Universidad en Barcelona

La carga policial que el pasado 14 de enero reprimi¨® una manifestaci¨®n de protesta con motivo de la visita del presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar al Centro Nacional de Microelectr¨®nica, situado en el campus de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona (UAB), fue "desproporcionada" porque "obstaculiz¨®" el derecho de los estudiantes a la libertad de expresi¨®n y vulner¨® su derecho de reuni¨®n. As¨ª se expresa el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) en una sentencia que da la raz¨®n a la universidad y censura lo que considera "un ejercicio asimismo desmedido de las potestades p¨²blicas".

La actuaci¨®n policial para disolver la manifestaci¨®n que protagonizaron 200 estudiantes se sald¨® con 19 heridos: 11 estudiantes, un profesor, dos empleados y cinco agentes. Las im¨¢genes que proporcion¨® la televisi¨®n y dem¨¢s medios informativos causaron una profunda indignaci¨®n social al comprobarse la desproporci¨®n utilizada para reprimir la manifestaci¨®n, pues los agentes lanzaron numerosas balas de goma y botes de humo. Todos los partidos pol¨ªticos, excepto el Partido Popular, coincidieron en solicitar la dimisi¨®n de la delegada del Gobierno en Catalu?a, Julia Garc¨ªa Valdecasas.?sta neg¨® que la polic¨ªa accediera al campus, pero diversas fotograf¨ªas corroboraron que la persecuci¨®n contra los manifestantes lleg¨® hasta el coraz¨®n de la Facultad de Filosof¨ªa y Letras y que la polic¨ªa acorral¨® a los manifestantes. El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, compareci¨® en el Congreso a petici¨®n del PSOE y reconoci¨® que hubo una falta de previsi¨®n. La Universidad Aut¨®noma acab¨® declarando a Aznar y Garc¨ªa Valdecasas personas non gratas.

El mismo d¨ªa de los hechos, el rector de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, Carles Sol¨¤, acudi¨® al juzgado de guardia de Cerdanyola del Vall¨¨s para denunciar los hechos, lo que motiv¨® la apertura de un proceso penal que ya ha sido archivado. Al mismo tiempo, se acudi¨® a la v¨ªa contencioso-administrativa de la justicia para denunciar que la actuaci¨®n policial vulner¨® diversos derechos constitucionales, como el de la autonom¨ªa universitaria, el honor, la intimidad personal, la propia imagen, la inviolabilidad de domicilio o la libertad de expresi¨®n.

La sentencia, que se hizo p¨²blica ayer, recuerda que "las autoridades acad¨¦micas" supieron la ma?ana del d¨ªa 12 de enero que Aznar acudir¨ªa posiblemente al Centro Nacional de Microelectr¨®nica, en el campus de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona, a unos 25 kil¨®metros de la ciudad. Sin embargo, la confirmaci¨®n oficial de la visita no lleg¨® hasta el mismo d¨ªa 14. Por ello, afirma la Sala, "mal pod¨ªan conocerla [la visita] los estudiantes para cumplir con la antelaci¨®n requerida" en la ley de 1983 que entonces regulaba el derecho de reuni¨®n.

Comunicaci¨®n previa

Esa ley establec¨ªa que los organizadores de manifestaciones deb¨ªan anunciar a las autoridades su celebraci¨®n con una antelaci¨®n de entre 10 y 30 d¨ªas o, si existen causas extraordinarias, con un m¨ªnimo de 24 horas.

Siguiendo este razonamiento, la sentencia explica que aunque tal reuni¨®n estudiantil "(...) no se ajustara a las exigencias legales de comunicaci¨®n previa a la autoridad gubernativa, ello no era raz¨®n bastante para arbitrar medios desproporcionados para obstaculizar su normal desarrollo". El ponente de la sentencia, Emilio Berlanga, precisa que esa desproporci¨®n policial "equival¨ªa ya en s¨ª, a un desconocimiento de lo que la libertad de expresi¨®n, en su ejercicio a trav¨¦s del derecho de reuni¨®n, comporta en un sistema democr¨¢tico".

Pese a esta contundencia de la sentencia judicial, fuentes del Gobierno citadas ayer por la agencia Europa Press afirmaban que la resoluci¨®n es "s¨®lo declarativa y no tienen ning¨²n efecto jur¨ªdico".

Las mismas fuentes consideran que "s¨®lo entiende lesionado" el derecho de reuni¨®n de los estudiantes y desestima la lesi¨®n de los dem¨¢s derechos constitucionales que reclamaba la universidad.

El Gobierno tambi¨¦n subrayaba ayer que la sentencia desestima la petici¨®n de 150 millones de pesetas en concepto de da?os morales que reclamaba la Universidad de Barcelona por la actuaci¨®n policial.

Los jueces han sentenciado sobre este tema que "ni los da?os materiales alegados han sido siquiera tratados de acreditar en el proceso; ni los da?os morales pueden predicarse como producidos a una Universidad, cuyo prestigio intelectual, aun logrado en cortos lustros de vida, est¨¢ muy lejos de poder ser mancillado por eventos como los rese?ados en este proceso".

Por otra parte, el secretario general de Esquerra Republicana de Catalu?a (ERC), Josep Llu¨ªs Carod-Rovira, solicit¨® ayer al ministro del Interior y a la Delegada del Gobierno en Catalu?a que asumieran sus responsabilidades pol¨ªticas por esta sentencia. En su opini¨®n, el fallo "da la raz¨®n" a los que pensaban que la polic¨ªa "se aplic¨® con un exceso de celo y una desproporci¨®n inaceptables en un Estado de Derecho". Carod-Rovira considera que los hechos sucedidos "no son s¨®lo imputables a una falta de previsi¨®n", como aseguraron en su d¨ªa Mayor Oreja y Garc¨ªa Valdecasas.