El 'efecto Pinochet'

ABSURDA PERO efectivamente, el caso Pinochet envenena las relaciones entre Espa?a y Chile. El anuncio de que el embajador de Chile en Espa?a ha sido llamado a consultas por su Gobierno constituye un nuevo fruncimiento de ce?o por parte del Ejecutivo de Frei, presionado por los militares y la derecha pinochetista. Responde a la negativa espa?ola a interferir en el procedimiento judicial en curso por medio de un arbitraje, una de las f¨®rmulas contempladas en la convenci¨®n contra la tortura. Es de esperar que este tipo de gestos no deriven en una crisis real. En todo caso, Madrid debe tratar de recuperar el tono de esa relaci¨®n sin entorpecer el curso de la justicia. El pr¨®ximo encuentro en Nueva York entre Abel Matutes y su hom¨®logo chileno, Juan Gabriel Vald¨¦s, es una ocasi¨®n para desactivar el efecto Pinochet.Pinochet ha ca¨ªdo en unas redes jur¨ªdicas que no exist¨ªan hace 10 a?os. En esta fase, sin que el resultado est¨¦ cantado de antemano, le corresponde a un tribunal brit¨¢nico pronunciarse sobre la demanda de extradici¨®n planteada por el juez Garz¨®n contra el ex dictador, detenido en Londres desde hace 11 meses. Cualquier otra interferencia implicar¨ªa darle a Pinochet una influencia que no se merece, para quebrar un principio del Estado de derecho que ¨¦l mismo despreci¨® con alevos¨ªa y reiteraci¨®n: la separaci¨®n de poderes y la independencia judicial.

Por ello mismo, sorprende que un dem¨®crata como el canciller Vald¨¦s proclame sin matices: "El tema nuestro no es ganar el debate", sino "conseguir que el general Pinochet vuelva a Chile". Sin duda, la tensi¨®n interna ha crecido en Santiago: la situaci¨®n de Pinochet ha animado a algunos jueces chilenos a actuar contra los responsables de cr¨ªmenes de la dictadura, como la detenci¨®n del general Humberto Gordon, exmiembro de la Junta Militar, y dos generales m¨¢s, lo que ha provocado honda irritaci¨®n en el Ej¨¦rcito.

Cabe preguntarse si el Gobierno chileno hubiera actuado del mismo modo si la petici¨®n de extradici¨®n hubiera partido de un juez franc¨¦s o alem¨¢n, en lugar de un espa?ol. En todo caso, Espa?a, cuyo proceso de transici¨®n lav¨® su pasado, tampoco puede ignorar la imagen que proyecta. Pero pasar de los gestos a las medidas de castigo, como algunos pretenden en Chile, ser¨ªa contraproducente no s¨®lo para Espa?a, sino tambi¨¦n para el pa¨ªs andino. Ambas naciones comparten importantes intereses bilaterales y multilaterales. El capital espa?ol es hoy el primer inversor en Chile, que en medio de una seria recesi¨®n necesita m¨¢s que nunca la entrada de capitales externos. En este contexto, resulta descabellado utilizar a los empresarios para presionar sobre el Gobierno espa?ol.

Como tampoco lo es que el Ejecutivo de Aznar haya hecho llegar no se sabe bien qu¨¦ mensaje al Gobierno chileno por medio de un empresario de relieve. Las relaciones diplom¨¢ticas entre estos dos pa¨ªses se merecen algo m¨¢s que entremezclar pol¨ªtica y empresas. Estamos ante un procedimiento judicial en el que el Gobierno de Aznar, pese a que no le guste que un juez determine su pol¨ªtica exterior, no tiene margen de maniobra. As¨ª lo afirma p¨²blicamente. ?Se lo explic¨® tambi¨¦n en privado con id¨¦ntica claridad a sus interlocutores chilenos, o, en un intento de congraciarse con todas las partes -en su habitual pr¨¢ctica de no pagar ning¨²n precio pol¨ªtico, externo o interno, por su gesti¨®n-, le lleg¨® a insinuar a la parte chilena, como sugiere ¨¦sta, que explorar¨ªa otras v¨ªas de salida si lograba un pacto al respecto con la oposici¨®n socialista? Que un inoportuno Piqu¨¦ afirmara ayer que no ha habido arbitraje porque no lo quiso el PSOE no s¨®lo ratifica la versi¨®n dada por este peri¨®dico en su d¨ªa, sino que constituye un indigno acto de cobard¨ªa pol¨ªtica, y socava la propia argumentaci¨®n del Gobierno sobre la independencia judicial. ?Depende del consenso con la oposici¨®n la soluci¨®n al caso Pinochet? Pese a las explicaciones de Matutes, negando la existencia de cualquier pacto secreto con Chile, queda mucho por explicar.

De nuevo el Gobierno podr¨ªa estar generando falsas expectativas en los chilenos al afirmar que acatar¨ªa cualquier eventual decisi¨®n al respecto del Tribunal Internacional de Justicia, al que va a acudir Chile. Pues ya sea ante una lejana sentencia o ante posibles medidas provisionales si las requiriera Chile, podr¨ªa encontrarse en la contradicci¨®n de verse obligado a aceptar cualquier resoluci¨®n del Tribunal de La Haya, pero no poder aplicarla al chocar con el superior ordenamiento interno que proclama la independencia judicial. Aunque sea una cuesti¨®n m¨¢s o menos arcana y m¨¢s o menos lejana, no conviene llamarse a nuevo enga?o.