El Gobierno navarro, abierto a cambiar la ley para salvar los incentivos fiscales a la creaci¨®n de empleo

Los servicios jur¨ªdicos del Gobierno de Navarra no se han andado por las ramas: el recurso de inconstitucionalidad presentado en junio por el Estado contra la ley de incentivos fiscales al reparto del empleo y la jornada de 35 horas carece de rigor y conducir¨ªa "a la desaparici¨®n del r¨¦gimen fiscal navarro". Pese a ello, el presidente Miguel Sanz est¨¢ dispuesto a modificar la ley. Una actitud "incongruente" y "timorata", en opini¨®n de los socialistas, que acusan a UPN de no atreverse a defender la autonom¨ªa tributaria de Navarra frente al PP por motivos electorales.

Sanz est¨¢ dispuesto a hacer caso omiso de los informes de sus propios expertos, remitidos al Constitucional en forma de alegaciones, y prepara una posible marcha atr¨¢s. Para ello se reunir¨¢ pr¨®ximamente con los sindicatos UGT y CC OO y la patronal navarra, con quienes pact¨® los incentivos, al objeto de proponerles una modificaci¨®n de la ley y conseguir as¨ª la retirada del recurso. El PSN advirti¨® ayer, por boca de su secretario general, Juan Jos¨¦ Lizarbe, de que se opondr¨¢n a cualquier modificaci¨®n que lesione el fondo de las ayudas. El PSN quiere adem¨¢s que el propio Sanz explique ante el Parlamento su s¨²bito deseo de cambiar una ley que UPN present¨® en marzo en el Legislativo foral. El Ejecutivo regionalista calific¨® la ley de incentivos fiscales a la reducci¨®n de jornada como un texto pionero en Espa?a, al concretar por vez primera medidas de acercamiento a la jornada de las 35 horas en la negociaci¨®n colectiva de las empresas privadas. La ley navarra establece tres ejes para la creaci¨®n de empleo: la ampliaci¨®n de hasta un mill¨®n de pesetas de la bonificaci¨®n fiscal por cada puesto fijo creado con una reducci¨®n m¨ªnima de jornada del 5% en los dos a?os de aplicaci¨®n de la ley, 2000 y 2001; la deducci¨®n fiscal de un 25% del valor neto de las inversiones si la empresa aumenta al menos en un 3% su plantilla fija, y la libertad de amortizaci¨®n de los activos empresariales, tanto los existentes como los de nueva adquisici¨®n. En junio, el Consejo de Ministros recurri¨® ante el Tribunal Constitucional los apartados de la libertad de amortizaci¨®n para el inmovilizado existente y la elevaci¨®n al 25% del porcentaje de deducci¨®n de las inversiones en activos fijos. Desde entonces, las negociaciones entre los dos gobiernos hermanos han sido infructuosas y el Ejecutivo central mantiene su recurso, lo que ha llevado a los socios navarros del PP a plantear la modificaci¨®n del texto legal. Para ello UPN deber¨¢ convencer a los agentes sociales y econ¨®micos que alcanzaron el acuerdo: los sindicatos UGT y CCOO y la patronal representada por la Confederaci¨®n de Empresarios de Navarra (CEN). Despu¨¦s, tendr¨¢ que conseguir el apoyo de un segundo partido para ratificar el el Parlamento foral los cambios y poder aplicar los incentivos a partir del 1 de enero del a?o 2000, como estaba previsto inicialmente. El Ejecutivo ha sondeado a los agentes sociales y econ¨®micos firmantes sobre las posibilidades de modificaci¨®n legal del texto. Una ser¨ªa la limitaci¨®n de la libertad de amortizaci¨®n s¨®lo al activo nuevo y la otra, una reducci¨®n del porcentaje de deducci¨®n por inversiones o bien el incremento del requisito en el aumento de plantillas, fijado ahora en el 3%. Uniformar inpuestos El informe que el gabinete jur¨ªdico de la Hacienda Foral remiti¨® al Tribunal Constitucional est¨¢ redactado en duros t¨¦rminos y llega a se?alar que la Hacienda del Estado "ya nos tiene acostumbrados a unas valoraciones de las medidas fiscales que instrumenta Navarra exageradas y faltas de rigor". Los t¨¦cnicos navarros acusan al Gobierno central de intentar negar la autonom¨ªa fiscal navarra para "uniformar la regulaci¨®n del impuesto de Sociedades y de IRPF". Navarra niega que las medidas incorporadas a la ley de incentivos vayan a rebajar la presi¨®n fiscal en 2, 5 puntos respecto al territorio de r¨¦gimen com¨²n, como asegura Madrid en su recurso. Lejos de eso, los t¨¦cnicos de Hacienda recuerdan que entre 1990 y 1997 la presi¨®n fiscal subi¨® en Navarra cuatro puntos frente a un 0,8% en el Estado. Y argumentan que esa presi¨®n fiscal global no s¨®lo ser¨ªa "equivalente"(t¨¦rmino utilizado en el Convenio Econ¨®mico) sino mayor en el territorio foral navarro, un 18,6% en 1997 frente al 14,7% en el territorio com¨²n el mismo a?o. El Gobierno, en la documentaci¨®n remitida al Constitucional, informa de que los incentivos no tendr¨¢n apenas incidencia en la recaudaci¨®n de impuestos y que no provocar¨¢n ninguna deslocalizaci¨®n de empresas for¨¢neas al estar "perfectamente limitada" su vigencia a los dos pr¨®ximos a?os.