La revalorizaci¨®n de las pensiones

La revalorizaci¨®n de las pensiones es un asunto pol¨ªtico que, seguramente, tanto Catalu?a como las comunidades en que gobierna el PSOE han planteado con oportunismo. Pero acusar de electoralismo a estos agentes pol¨ªticos es tanto como decir: de momento, no me encuentro con fuerzas para discutir este tema. ?Por qu¨¦ no? Se trata de una decisi¨®n de gran trascendencia econ¨®mica sobre la que, como veremos, hay bastantes alternativas contrapuestas pero razonables. Luego conviene que quien crea que tiene algo que decir, lo intente.Como han puesto ya de manifiesto varios autores, en este asunto hay dos preguntas clave: ?Deben o no revalorizarse autom¨¢ticamente todas las pensiones en funci¨®n del IPC?; y en caso afirmativo, ?qu¨¦ inflaci¨®n debemos utilizar, la media del Estado o la propia de cada una de las comunidades aut¨®nomas?

Para empezar, ser¨¢ ¨²til clarificar a qu¨¦ pensiones nos referimos: las contributivas, que son el resultado de las aportaciones realizadas por los trabajadores y sus empresas en el pasado, o las no contributivas, que son transferencias p¨²blicas que surgen como parte del Estado de bienestar en que vivimos. Si alguien piensa que las segundas son demasiado bajas, entonces debe reivindicar sin m¨¢s su subida, independientemente de la inflaci¨®n y otras consideraciones.

Esto es lo que ha acabado por reconocer el Gobierno tras la fuerte presi¨®n pol¨ªtica a que se ha visto sometido. La incongruencia de esta generosidad cuando todos sabemos que el sistema tiene graves dificultades a medio plazo, no es un problema pol¨ªtico balad¨ª, pero no es el que ahora nos ocupa. La cuesti¨®n es, bajo el supuesto de que las pensiones de ambos tipos estuvieran en una relaci¨®n aceptable, ?con qu¨¦ criterio debemos revalorizar todas ellas anualmente? ?ste es el problema planteado por Catalu?a.

En respuesta a la primera pregunta, si el objetivo pol¨ªtico es que los pensionistas no pierdan capacidad adquisitiva como consecuencia de la inflaci¨®n, la revalorizaci¨®n debe realizarse de acuerdo con el IPC. En su reciente contribuci¨®n al debate, Miquel Roca recuerda que todos los partidos han mostrado ya su acuerdo en el pasado con este razonamiento. Luego si la voluntad pol¨ªtica est¨¢ ya formada, no hay m¨¢s que hablar de este asunto. Sin embargo, hay alternativas concebibles que conviene traer a colaci¨®n.

Un buen rival del IPC es la evoluci¨®n de la productividad. Si los precios suben m¨¢s deprisa (o m¨¢s despacio) que la productividad, ?por qu¨¦ habr¨ªamos de favorecer (o penalizar) a los pensionistas en relaci¨®n con los dem¨¢s individuos cuya suerte est¨¢ en principio restringida por las posibilidades productivas del pa¨ªs? Luego hay, al menos, un objetivo pol¨ªtico alternativo, consistente en revalorizar las pensiones de acuerdo con la evoluci¨®n de la productividad del sistema. Ser¨ªa bueno contraponer ambos objetivos y preguntarse si no hay otros igualmente razonables.

Pero antes de continuar el debate, es preciso subrayar que todos los participantes aceptan impl¨ªcitamente que el IPC es un buen indicador de la inflaci¨®n. Aun a riesgo de abrir otra caja de Pandora, lo cierto es que esto es discutible. En diciembre de 1996, un comit¨¦ del Senado de los Estados Unidos, presidido por el profesor de Stanford Michael Boskin, concluy¨® que el IPC de aquel pa¨ªs sobreestimaba el alza del coste de la vida en un 1,1% al a?o.

Si ¨¦ste fuera realmente el caso, imaginen el ahorro p¨²blico que se derivar¨ªa de la correcci¨®n de un error tan importante. Bajo el (heroico) supuesto de que los problemas de medici¨®n de la inflaci¨®n en Espa?a son esencialmente los mismos que en la econom¨ªa norteamericana, en un estudio reciente realizado bajo mi direcci¨®n (v¨¦ase Ruiz-Castillo, J., E. Ley y M. Izquierdo, La medici¨®n de la inflaci¨®n en Espa?a, Servicio de Estudios, La Caixa) se concluye que la sobrevaloraci¨®n en la medici¨®n de la inflaci¨®n en nuestro pa¨ªs pudiera ser de 0,6% al a?o.

Pero esto no es todo. En cada pa¨ªs, la autoridad estad¨ªstica encargada de la elaboraci¨®n del IPC tiene que adoptar decisiones metodol¨®gicas de car¨¢cter t¨¦cnico que son susceptibles de cr¨ªtica. Por nuestra parte, pensamos que el tratamiento que reciben la vivienda y otras cuestiones en el IPC dan lugar a una infravaloraci¨®n de la inflaci¨®n real del 0,3% al a?o. Es decir, un error importante, pero en la direcci¨®n contraria de la desviaci¨®n sugerida por el informe Boskin.

Naturalmente, nuestro an¨¢lisis no ser¨¢ compartido por todos. Pero en la medida que fuera correcto, siquiera parcialmente, las consecuencias econ¨®micas -solamente en lo que a la revalorizaci¨®n de las pensiones se refiere- ser¨ªan considerablemente mayores que las que se ventilan en el debate actual.

Desde nuestro punto de vista, ser¨ªa de desear que el debate se extendiera a estos asuntos. Lo cual no ocurrir¨¢ a no ser que alguna fuerza social y /o pol¨ªtica suficientemente representativa se interese por ello. El momento es bueno, pues aunque el INE no ha producido todav¨ªa documentaci¨®n escrita al respecto, debe estar relativamente cerca de concluir los trabajos sobre un nuevo cambio de base del sistema.

Llegamos ya a la segunda pregunta. Miquel Roca, por ejemplo, sostiene: "Si de lo que se trata es de mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, es obvio que deben tenerse en cuenta las diferencias que en la evoluci¨®n de los precios tiene el territorio donde se produce el gasto". Lo contrario generar¨ªa un trato discriminatorio e insolidario para aquellos pensionistas que residieran donde los precios han subido en mayor medida; m¨¢xime si pensamos que los que est¨¢n en mejores condiciones para variar su residencia en funci¨®n de los precios u otras razones son, sobre todo, los pensionistas m¨¢s ricos.

Dado que, entre otras razones de peso, el INE publica oficialmente un ¨ªndice separado para cada comunidad aut¨®noma, el territorio al que actualmente cabe referirse es la comunidad aut¨®noma. Hoy por hoy, la referencia a la provincia o el municipio no es m¨¢s que una argucia ret¨®rica por parte del Gobierno para desacreditar la propuesta de Catalu?a. ?Se puede ofrecer algo nuevo al debate en este plano? Yo creo que s¨ª: alguna evidencia emp¨ªrica al respecto. Pi¨¦nsese que, conceptualmente, no ya cada comunidad, sino cada hogar individual tiene su propia inflaci¨®n. Todo depende de los bienes que consumimos cada cual; si lo hacemos preferentemente de aquellos bienes cuyos precios suben m¨¢s deprisa, nuestra inflaci¨®n ser¨¢ mayor, y viceversa.

En el trabajo ya citado, nos preguntamos qu¨¦ factores influyen para que var¨ªe la inflaci¨®n que sufre cada hogar. Todo cuenta, variables de tipo demogr¨¢fico, econ¨®mico, social y geogr¨¢fico. Pero el factor m¨¢s importante, ceteris paribus, es la comunidad aut¨®noma o la provincia de residencia. As¨ª, desde el invierno de 1991 a enero de 1998, el margen que separa a la comunidad con la mayor inflaci¨®n (Baleares) y la de menor inflaci¨®n (Arag¨®n) es, aproximadamente, de 0,9% al a?o. Una diferencia muy importante, a tenor de los ¨®rdenes de magnitud que se han citado anteriormente. Sin embargo, tambi¨¦n encontramos que la inflaci¨®n de los hogares encabezados por un retirado no es significativamente distinta de la que soporta un hogar encabezado por una persona activa en la agricultura o un asalariado en el sector privado en la industria o los servicios.

Luego es razonable preocuparse pol¨ªticamente de la asimetr¨ªa con que se produce la inflaci¨®n en Espa?a en la dimensi¨®n geogr¨¢fica, aunque hay que reconocer que se trata de un factor que incide de forma similar en los retirados y en la mayor¨ªa de los dem¨¢s hogares.

Desde el punto de vista econ¨®mico, quien sustente una posici¨®n contraria a la de la Generalitat puede argumentar que, en la medida que las comunidades aut¨®nomas tengan alg¨²n control sobre la formaci¨®n de los precios en su ¨¢mbito territorial, si revalorizamos las pensiones de acuerdo con el IPC del Estado, estamos premiando (o castigando) a los pensionistas cuyos gobernantes han conseguido una inflaci¨®n menor (o mayor) que la general. Es decir, estamos dando incentivos econ¨®micos para que los gobernantes auton¨®micos peleen por rebajar la inflaci¨®n en su territorio.

Este argumento seguramente funciona mejor si ampliamos el marco de referencia al ¨¢mbito europeo. Un d¨ªa, cuando la Uni¨®n Europea haya de decidir sobre esta materia, alguien insistir¨¢, con raz¨®n, en la conveniencia de revisar las pensiones en cada pa¨ªs miembro de acuerdo con la inflaci¨®n general para toda la uni¨®n.

Aunque ya no quede espacio, el asunto no se agota aqu¨ª. En otra ocasi¨®n podr¨ªamos referirnos a los dos puntos siguientes. En primer lugar, no nos hemos preguntado por el tipo de media que refleja el IPC general. Resulta que Catalu?a pesa m¨¢s que Extremadura no s¨®lo porque tenga m¨¢s habitantes, sino porque la primera comunidad es m¨¢s rica que la segunda. Es m¨¢s, tanto dentro de Extremadura como de Catalu?a, los hogares m¨¢s ricos pesan en el IPC m¨¢s que los pobres. Un aspecto de la cuesti¨®n que es desconocido para la opini¨®n p¨²blica, y que se trata extensamente en el trabajo citado.

En segundo lugar, pi¨¦nsese que el IPC actual mide s¨®lamente el distinto ritmo a que suben los precios en las diferentes comunidades a partir de un ¨ªndice com¨²n igual a 100 en todas ellas en el a?o base de 1992. Luego esta informaci¨®n nada dice sobre si es m¨¢s caro vivir en Andaluc¨ªa, en Baleares o en Catalu?a. Para responder a esa pregunta tenemos que construir otro ¨ªndice distinto del IPC.

Para terminar, dos conclusiones. Hay que celebrar que la oposici¨®n entre los intereses de determinados agentes pol¨ªticos haya conducido a la apertura de un debate importante. El problema tiene diversas y dif¨ªciles vertientes, por lo que el acuerdo final tardar¨¢ en llegar.

Javier Ruiz-Castillo es profesor del Departamento de Econom¨ªa de la Universidad Carlos III de Madrid.