Actuaci¨®n desmedida

LA POLIC?A lesion¨® el derecho de reuni¨®n y de manifestaci¨®n al cargar de forma absolutamente desproporcionada contra los estudiantes que esperaban el 14 de enero pasado la llegada de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar al Instituto Nacional de Microelectr¨®nica, en la Universidad Auton¨®ma de Barcelona (UAB) para protestar contra la pol¨ªtica educativa gubernamental. As¨ª de contundente es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a sobre unos sucesos que recordaron ominosos tiempos pasados, causaron conmoci¨®n en el ¨¢mbito acad¨¦mico y estuvieron a punto de provocar una crisis pol¨ªtica. La resoluci¨®n judicial no s¨®lo constituye una desautorizaci¨®n en toda regla de la actuaci¨®n policial, sino tambi¨¦n de sus justificaciones por parte del Gobierno. Y da la raz¨®n a las autoridades de la UAB, que la consideraron "brutal e inoportuna", adem¨¢s de atentatoria contra la autonom¨ªa universitaria.Para el tribunal, la manifestaci¨®n estudiantil fue plenamente legal, aunque no fuera comunicada previamente a la autoridad, pues "se llev¨® a cabo en un espacio que, sin ser estrictamente universitario, tampoco podr¨ªa ser entendido como de tr¨¢nsito p¨²blico, al no ser lugar de paso sino para los propios centros docentes de la UAB". No era, pues, necesaria la comunicaci¨®n con 10 d¨ªas de antelaci¨®n que la ley exige para las reuniones en lugares de tr¨¢nsito, como aleg¨® la Delegaci¨®n del Gobierno en Catalu?a. El tribunal reconoce que una parte de los estudiantes "hicieron un uso desmedido, agresivo y, por tanto, antidemocr¨¢tico de su derecho a reunirse". Pero, en vez de intentar que la asamblea discurriera por cauces pac¨ªficos, la polic¨ªa opt¨® por disolverla sin m¨¢s, impidiendo ejercer su derecho no s¨®lo a los alborotadores, sino a quienes se manten¨ªan al margen. La actuaci¨®n de la fuerza p¨²blica en el campus de la UAB no fue, pues, "adecuada a las circunstancias" como en su d¨ªa afirm¨® el ministro portavoz; y consisti¨® en algo m¨¢s grave que una mera "imprevisi¨®n" como la calific¨® en el Congreso el titular de Interior. Comport¨® la lesi¨®n de un derecho de aquellos que leg¨ªtimamente lo ejerc¨ªan. Alguien deber¨ªa responder por ello.