Justicia civil

EL GOBIERNO, especialmente su ministra de Justicia, sufri¨® ayer una grave derrota parlamentaria en uno de los proyectos en los que m¨¢s tercamente se hab¨ªa empecinado. El Congreso aprob¨® una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en sustituci¨®n de la que ha estado vigente en sus l¨ªneas generales desde 1881, pero rechaz¨® la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1985, que era indispensable para la aplicaci¨®n de una parte sustancial del nuevo texto legal.La aprobaci¨®n de un nuevo proceso civil en Espa?a, verdadero hito en la historia judicial espa?ola y medida imprescindible para acabar con el atasco en los juzgados, ha quedado, pues, parcialmente vac¨ªa de contenido. Es de esperar que el Ejecutivo ponga r¨¢pidamente los medios para lograr un consenso que evite este contrasentido, sin el sectarismo que ha aplicado hasta ahora, y que le ha llevado a este humillante revolc¨®n parlamentario.

El debate sobre la nueva ley ha sido largo y controvertido. En ¨¦l han participado no s¨®lo los grupos pol¨ªticos, sino todos los sectores sociales y profesionales afectados, desde jueces y abogados hasta asociaciones empresariales y de consumidores. Todos han coincidido en la necesidad de reformar la centenaria ley. Pero el debate no ha sido doctrinal y pol¨ªticamente pac¨ªfico. En m¨¢s de una ocasi¨®n, las divergencias y los puntos de vista encontrados han aflorado con encono. En algunos casos, esas divergencias han podido diluirse en las enmiendas incorporadas al proyecto, pero a riesgo de introducir en la nueva ley bastantes puntos de incoherencia. En otros casos, esas divergencias contin¨²an, con el comprensible enfado de los grupos afectados. La ley debe satisfacer los derechos del ciudadano litigante, fundamentalmente el de una tutela judicial efectiva, que son, con mucho, los m¨¢s importantes.

Una ley que reduce los procedimientos civiles (hab¨ªa hasta 60 especiales), introduce un proceso monitorio (verbal) para la sustanciaci¨®n r¨¢pida de las reclamaciones de cuant¨ªa menor a los cinco millones de pesetas, refuerza el principio de inmediaci¨®n judicial en el proceso y agiliza y mejora el r¨¦gimen de ejecuci¨®n de las sentencias, entre otros aspectos, merec¨ªa un mejor acompa?amiento para dar un paso fundamental para una justicia eficiente en Espa?a. Ha de entrar en vigor cuanto antes, y en su totalidad, pero para ello, Mariscal de Gante y su equipo deben convencer, ya que no han podido vencer.