La defensa de Pinochet acusa a Garz¨®n de "actuar por infames motivos pol¨ªticos"

ENVIADO ESPECIALLa defensa de Augusto Pinochet afirm¨® ayer, en la segunda sesi¨®n del juicio de extradici¨®n, que Espa?a no ha aportado prueba alguna sobre la responsabilidad del ex dictador en los 36 casos (uno de conspiraci¨®n para torturar y 35 de torturados) y atac¨® al juez Baltasar Garz¨®n por actuar "por infames motivos de car¨¢cter pol¨ªtico". Los abogados del exgeneral presentaron documentos jur¨ªdicos en la noche del lunes y ayer mismo, una pr¨¢ctica excepcional que fue calificada por el abogado de Espa?a, Alun Jones, como "mezquina" y "clandestina".

Lo que mal empieza, mal acaba. Ayer, al inicio de la sesi¨®n, antes de que comenzara la exposici¨®n del abogado de Pinochet, Clive Nicholls, el abogado Alun Jones, que representa a la Fiscal¨ªa de la Corona y al juez Garz¨®n, se elev¨® en su estrado. Se ve¨ªa por su gesto que iba a plantear una queja. Jones dijo que hab¨ªa recibido la noche del lunes unos documentos sin autentificar: dos informes de "expertos independientes" espa?oles sobre el sistema legal en Espa?a, los delitos de tortura y la jurisdicci¨®n.El letrado se extra?¨® por esa tard¨ªa remisi¨®n de documentos, cuando ¨¦stos ten¨ªan, en un caso, la fecha del 8 de septiembre de 1999. El otro simplemente lleva la menci¨®n "septiembre de 1999". Antes de pronunciarse sobre si estos documentos se pod¨ªan aceptar o no, para lo que reservaba su posici¨®n, Jones pidi¨® formalmente una explicaci¨®n a su colega, Clive Nicholls, abogado de Pinochet.

Sucede que al durar el juicio en principio cinco d¨ªas, la presentaci¨®n de documentos de forma tard¨ªa impide su lectura para dar respuesta en la sala. Jones denunci¨® la "descortes¨ªa" de tal conducta. Nicholls, por su parte, pidi¨® disculpas, pero no ofreci¨® la explicaci¨®n solicitada.

Nicholls, en un estilo moroso, inici¨® el ataque a las posiciones de Espa?a con un argumento. "Si bien no se necesita en un caso normal de extradici¨®n, en Europa, la presentaci¨®n de pruebas sobre un caso, el hecho de que el senador vitalicio Pinochet es un exjefe de Estado requiere que se prueben las torturas contra ¨¦l como paso previo".

La defensa pide pruebas

Nicholls explic¨® que la "responsabilidad, en oposici¨®n a la mera descripci¨®n de los hechos, debe ser establecida mediante pruebas". El letrado se?al¨® entonces que "no hay tales pruebas en este caso y, por tanto, el senador tiene derecho a la inmunidad"

El letrado, dirigi¨¦ndose al magistrado, Ronald Bartle, dijo que uno de los asuntos a resolver es precisamente si los delitos de tortura y conspiraci¨®n para torturar son "delitos de extradici¨®n", esto es, si son castigados tanto en el Reino Unido como en Espa?a (cl¨¢usula de doble incriminaci¨®n). Nicholls dijo que ni la tortura ni la conspiraci¨®n para la tortura son delitos en Espa?a castigado con 12 meses de prisi¨®n. Por tanto, si falta ese requisito, no hay tal delito de extradici¨®n y Pinochet debe ser dejado en libertad. Seg¨²n Nicholls, la Convenci¨®n contra la Tortura de Naciones Unidas, adoptada en Espa?a en 1988, exige, seg¨²n el art¨ªculo 5.1, cierta conexi¨®n con los casos: que el delito sea cometido en su propio territorio, que el autor sea de nacionalidad espa?ola o que las v¨ªctimas sean espa?olas. Como ninguno de estos supuestos se da a partir de la resoluci¨®n de los lores del 24 de marzo de 1999, que limit¨® las acusaciones a partir de la fecha del 8 de diciembre de 1988 (fecha en la cual la tortura es un delito extraterritorial en el Reino Unido), Nicholls dijo entonces que eso imped¨ªa considerar los delitos de tortura como delitos de extradici¨®n. "Pinochet podr¨ªa ser juzgado en Espa?a s¨®lo si estuviera all¨ª, por las obligaciones que establece la Convenci¨®n, pero el hecho es que est¨¢ aqu¨ª y la tortura no es un delito de extradici¨®n", explic¨®.

La defensa de Pinochet, en un nuevo escrito de alegaciones presentado ayer, decidi¨®, asimismo, pasar al abordaje de la cuesti¨®n pol¨ªtica. La llamada "excepci¨®n pol¨ªtica" -no autorizar la extradici¨®n si la persona puede ser considerada un perseguido pol¨ªtico o que es castigado en raz¨®n de sus opiniones pol¨ªticas, credo o raza- est¨¢ contemplada en el Convenio Europeo de Extradici¨®n y en la ley inglesa.

Nicholls utilizar¨¢ esta "excepci¨®n", que normalmente es invocada por personas que son v¨ªctimas de una dictadura o de la represi¨®n militar, para pedir que Pinochet no sea entregado a Espa?a.

No obstante, la defensa anticip¨® ayer el calado de su nueva orientaci¨®n (en sus alegaciones iniciales nunca invoc¨® la "excepci¨®n pol¨ªtica") al se?alar que el juez Garz¨®n "es un juez de instrucci¨®n que presenta una actuaci¨®n judicial cuando est¨¢ obrando por motivos infames de car¨¢cter pol¨ªtico". Los abogados de Pinochet dijeron ayer que "Espa?a act¨²a contra Pinochet porque simpatiz¨® con el regimen de Salvador Allende que fue derrocado el 11 de septiembre de 1973".

Entre las "pruebas" que presentar¨¢ la defensa sobre la actuaci¨®n "pol¨ªtica" del juez Garz¨®n se encuentra un ejemplar de un semanario pol¨ªtico, de muy limitada circulaci¨®n, que se caracteriza por hacer campa?a personal contra Garz¨®n.

Ayer, el abogado Alun Jones, al t¨¦rmino de la sesi¨®n, consider¨® "mezquina" y "clandestina" la actitud de los "emboscados" abogados de la defensa y pidi¨® una suspensi¨®n de juicio para leer los nuevos documentos aportados.