"Hay un af¨¢n pol¨ªtico por controlar la justicia y a los jueces"

Eugeni Gay Montalvo (Barcelona, 1946), presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa desde hace m¨¢s de seis a?os, contesta a la satisfacci¨®n presupuestaria manifestada ayer por la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y al entusiasmo por su Ley de Enjuiciamiento Civil cuando todav¨ªa est¨¢n vivos los ecos de su intervenci¨®n, cr¨ªtica, ante el rey Juan Carlos, el pasado 28 de septiembre, en la inauguraci¨®n de la nueva sede de su instituci¨®n.Medios pr¨®ximos al Gobierno han reprochado los ataques de Gay a la pol¨ªtica de justicia que viene manteniendo el Partido Popular.

Pregunta. Trat¨¢ndose de un acto protocolario, ?se excedi¨® usted?

Respuesta. Yo siempre he hablado delante del Rey con absoluta libertad, y as¨ª lo hice en esta ocasi¨®n. Afortunadamente, la respuesta del Rey fue, como siempre, de apoyo al derecho de defensa. Por lo dem¨¢s, la abogac¨ªa no hace actos protocolarios, sino que en los actos en que est¨¢ presente y se expresa manifiesta su criterio, que es absolutamente independiente. El Rey ha respetado esa independencia de forma exquisita siempre.

P. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, presente en dicho acto, ha declarado que no comparte sus apreciaciones sobre la justicia.

R. Yo comprendo que no las comparta porque, si las hubiera compartido, tendr¨ªamos otra justicia. El grave problema es precisamente que nuestra justicia no est¨¢ a la altura que merece un Estado social de derecho como el nuestro y nuestra propia realidad social.

P. A pesar de su enfrentamiento con la ministra, usted ha ofrecido una leal colaboraci¨®n al Gobierno.

R. Yo siempre ofrec¨ª colaboraci¨®n, desde la independencia. Nosotros apoyamos, en principio, la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero despu¨¦s la cambiaron y donde pon¨ªa que el abogado era preceptivo lo quitaron sin consultarnos. Eso s¨ª me parece que son razones gremiales, de catedr¨¢ticos o de lo que sea. Y cuando presentamos casi 600 enmiendas nos admiten dos, aunque otras cien se han incorporado a la ley a trav¨¦s de los grupos parlamentarios. Luego, resulta que nos dan el texto de un estatuto y, cuando lo aprobamos, el Gobierno no lo aprueba.

P. ?Tiene previsto alg¨²n encuentro con el presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar?

R. Tenemos solicitada una entrevista, pero ¨¦ste es un problema que no deber¨ªa dejarse al presidente, sino que debe resolverlo quien tiene la responsabilidad de la justicia. A m¨ª no me gustar¨ªa tener que hablar de este tema con Aznar.

P. ?Cu¨¢les son las diferencias b¨¢sicas entre el modelo de justicia que usted propugna y el del Gobierno?

R. En primer lugar, la dotaci¨®n de los medios materiales necesarios. En segundo, el mal end¨¦mico de los retrasos de cuatro a?os e incluso m¨¢s para resolver los asuntos a pesar de que los abogados s¨ª cumplimos los plazos.

P. ?De qui¨¦n es la culpa de esos retrasos?

R. Est¨¢ demostrado que no es de los jueces, sino de no tener un n¨²mero suficiente de ellos para atender el volumen de demanda de justicia. Los 3.000 jueces de aqu¨ª no guardan proporci¨®n con los de Francia o Alemania. Habr¨ªa que duplicarlos. Y, como contrapunto, la falta de una regulaci¨®n del acceso a la abogac¨ªa hace que conviva esa escasez de jueces con decenas de miles de abogados, cifra ins¨®lita en otros pa¨ªses europeos.

P. La ministra de Justicia calific¨® ayer de "espl¨¦ndido" su presupuesto para el a?o 2000. ?Qu¨¦ dotaci¨®n cree adecuada?

R. Es dif¨ªcil dar una cifra concreta, pero lo que s¨ª est¨¢ claro es que el 1% es insuficiente y la ministra deber¨ªa preocuparse muy seriamente. En otros pa¨ªses europeos tal proporci¨®n se duplica y hasta sextuplica. La justicia es tan importante como la ense?anza o la sanidad y, sin embargo, aqu¨ª est¨¢ olvidada.

P. Mariscal de Gante dice que invierte miles de millones de pesetas, por ejemplo, en inform¨¢tica.

R. Ya sabemos en qu¨¦ ha consistido la informatizaci¨®n de la justicia: en proveer a los ¨®rganos judiciales de ordenadores, que se usan como meras m¨¢quinas de escribir con pantalla, sin que los avances de la inform¨¢tica hayan penetrado en la Administraci¨®n de Justicia. No hay ninguna resoluci¨®n judicial que llegue por v¨ªa inform¨¢tica a los despachos de los procuradores y abogados. Al final del milenio, siguen haci¨¦ndose los tr¨¢mites judiciales como hace cien a?os.

P. Precisamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil que promueve el Gobierno pretende modernizar una justicia anacr¨®nica. ?Es tan mala esa ley para los ciudadanos?

R. Yo creo que es una ley necesaria y, en l¨ªneas generales, bienintencionada, pero completamente insuficiente. Y es una ley tan poco debatida que en 900 art¨ªculos se han aceptado m¨¢s de mil enmiendas. Y ni siquiera as¨ª se ha logrado que los grupos pol¨ªticos aprueben la reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, vinculada a la ley procesal. Ser¨ªa una temeridad poner en vigor esa ley sin consensuar esa reforma.

P. La ley contribuir¨¢ a que los acreedores cobren sus deudas. Eso es bueno, ?no?

R. Pero ser¨¢ papel mojado si no existen las infraestructuras necesarias.

P. El PP les acusa de descalificar una ley de 900 art¨ªculos s¨®lo porque uno prev¨¦ que las reclamaciones inferiores a cinco millones puedan iniciarse sin abogado ni procurador.

R. Insistimos en el derecho de defensa porque es fundamental. Y nadie deber¨ªa escandalizarse porque est¨¢ en la Constituci¨®n. Adem¨¢s, a diferencia de otros pa¨ªses, aqu¨ª existe el fen¨®meno del intrusismo en cuanto se deja un vac¨ªo. En los actuales juicios de faltas, en los que no es preciso abogado, numerosas mujeres maltratadas no han logrado, por falta de asistencia letrada, articular una prueba y se ha producido un alto ¨ªndice de absoluciones. Nosotros hemos defendido la oralidad para que los argumentos sean escuchados por el tribunal colegiado, no s¨®lo por el ponente. Y nos parece muy bien la inmediaci¨®n, pero siempre que haya jueces suficientes para atender personalmente a los ciudadanos.

P. La ley permitir¨¢ tambi¨¦n una m¨¢s eficaz ejecuci¨®n de las sentencias.

R. Para que las administraciones p¨²blicas, que son las que menos las ejecutan, cumplan las sentencias no deber¨ªa ser necesaria una ley, sino el propio ejercicio del deber de cumplir las decisiones judiciales.

P. ?En qu¨¦ basa su apreciaci¨®n de politizaci¨®n de la justicia?

R. Aparte de en los retrasos excesivos en la renovaci¨®n de ¨®rganos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, percibo un af¨¢n por parte de los pol¨ªticos de controlar la justicia y a los jueces o, al menos, de asegurarse de que va a haber jueces de su cuerda. Y lo que hay que buscar es jueces que sean imparciales y sometidos a la ley.