El Supremo chileno se esfuerza por demostrar que Pinochet puede ser juzgado en su pa¨ªs

El Tribunal Supremo chileno ha adoptado en las ¨²ltimas 48 horas dos decisiones que estrechan el cerco jur¨ªdico al r¨¦gimen militar de Augusto Pinochet por las violaciones de los derechos humanos cometidas. En un intervalo de horas, el Supremo ha dado luz verde a que Pinochet sea interrogado por escrito en Londres en el marco de las 46 querellas que instruye en su contra un juez de Santiago, y ha resuelto tramitar la solicitud de extradici¨®n a Italia del general Manuel Contreras Sep¨²lveda, ex jefe de la disuelta Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (Dina), la polic¨ªa pol¨ªtica de la dictadura.

El alto tribunal transmite de nuevo a Londres y a Madrid el mensaje de que la justicia chilena est¨¢ en condiciones de actuar contra el antiguo dictador. En medio de un largo fin de semana que gran parte de los pol¨ªticos chilenos aprovech¨® para abandonar la gran ciudad, el Supremo fue el protagonista de la noticia e hizo buena la frase de que la justicia no descansa. Los cinco jueces que integran la Sala Penal del m¨¢s alto tribunal aprobaron por unanimidad el exhorto de 75 preguntas dirigido al exdictador para que declare en Londres en calidad de inculpado en las querellas presentadas en Chile. El juez instructor de las querellas, Juan Guzm¨¢n Tapia, prepar¨® durante meses el cuestionario, que, seg¨²n ha resuelto el Supremo, se ajusta a derecho. El exhorto queda ahora en manos del Ministerio de Exteriores para su traducci¨®n y posterior env¨ªo al Foreign Office.

En sus preguntas, el juez Guzm¨¢n busca aclarar, entre otras cuestiones, la relaci¨®n de Pinochet con la llamada caravana de la muerte (operaci¨®n en octubre de 1973, en la que fueron asesinados 72 opositores). En esta causa hay cinco altos exoficiales detenidos y procesados: el general Sergio Arellano, los coroneles Sergio Arredondo, Patricio D¨ªaz y Marcelo Mor¨¦n Brito y el brigadier Pedro Espinoza. Por esta misma causa, el Guzm¨¢n pidi¨® el mes pasado la extradici¨®n del mayor Armando Fern¨¢ndez Larios, residente en Miami e implicado en el asesinato, en 1976, del exministro de Exteriores Orlando Letelier. Hasta fecha reciente, Fern¨¢ndez Larios se beneficia del programa de protecci¨®n de testigos en EEUU, a ra¨ªz de sus revelaciones sobre el caso Letelier.

En la carta rogatoria a Pinochet, el juez Guzm¨¢n le pregunta tambi¨¦n por sus relaciones con Contreras, por el centro de detenci¨®n y tortura de Villa Grimaldi, donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos, por la Colonia Dignidad y sobre la operaci¨®n trampa de la Dina en 1976 en la que fueron detenidos los miembros de la comisi¨®n pol¨ªtica del Partido Comunista. Todos ellos desaparecieron. El exhorto insta alexdictador a responder de manera clara y concreta a las preguntas.

La resoluci¨®n del Supremo es de suma importancia para la evoluci¨®n de las causas contra Pinochet en Chile. Una vez lleguen sus respuestas desde Londres, Guzm¨¢n estar¨¢ en condiciones de decidir un eventual procesamiento del exdictador como autor intelectual, c¨®mplice o por obstruir a la justicia. El magistrado podr¨ªa solicitar a continuaci¨®n el desafuero de Pinochet por su condici¨®n de senador vitalicio, decisi¨®n que corresponder¨ªa al Tribunal de Apelaciones. En el caso de una respuesta afirmativa, Guzm¨¢n tendr¨ªa v¨ªa libre para pedir la extradici¨®n. Aunque legalmente posible, ser¨ªa un procedimiento extremadamente largo, seg¨²n comentaron fuentes jur¨ªdicas, y en ning¨²n caso previo a la celebraci¨®n de las elecciones chilenas previstas para el 12 de diciembre y el 16, en segunda vuelta.

La primera bomba informativa que implica al Tribunal Supremo la anunci¨® su presidente, Roberto D¨¢vila, en persona, al dar cuenta del inicio del juicio de extradici¨®n a Italia del general Contreras por el atentado cometido por agentes de la Dina en aquel pa¨ªs en 1975 contra el exvicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. Contreras fue condenado en rebeld¨ªa en 1996 a la pena de 20 a?os de prisi¨®n por la justicia italiana. Actualmente cumple una condena de siete a?os en Chile por el atentado contra Orlando Letelier en Washington.

Al objeto de impedir su salida de la c¨¢rcel, el fiscal italiano Giovanni Salvi tramit¨® la solicitud de extradici¨®n, que, para sorpresa de muchos, especialmente en el estamento militar, ha sido aceptada por el Tribunal Supremo.

Por otra parte, parlamentarios y dirigentes de la Corporaci¨®n Nacional del Cobre (Codelco) denunciaron ayer en Santiago que Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, "financi¨® la represi¨®n a los trabajadores" durante el r¨¦gimen de Pinochet. Codelco ayud¨® con unos 700 millones de pesetas a la Central Nacional de Informaciones (polic¨ªa pol¨ªtica), que se infiltr¨® en el movimiento sindical y cometi¨® actos de represi¨®n.